Comparto informe elaborado por Violence And Crime Reduction.
http://violenceandcrimereduction.org/2/
12 jun 2014
Los laberintos del juego Patológico.
Comparto una nota que me realizaran para hablar sobre ludopatía , autoexclusíon, prohibición de cajeros en sala de juegos etc,
10 jun 2014
PEDIDO DE INFORME SOBRE POLÍTICAS PÚBICAS DE ADICCIONES CABA.
Hemos presentado en la Legislatura un pedido de informe sobre como se están llevando a cabo las políticas públicas de adicciones en la Ciudad de Buenos Aires.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo
1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos que correspondan,
en el término de treinta (30) días de recibido el presente, sobre los
siguientes puntos referidos al tratamiento de las
adicciones:
a) Detalle en que instancia se encuentra
la reglamentación de la ley 2318 de "Prevención y Asistencia del Consumo de
Sustancias Psicoactivas y de otras Prácticas de Riesgo Adictivo", sancionada el 3 de mayo de 2007.
b) Informe con que efectores y/o
dispositivos cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la prevención,
asistencia y tratamiento de las adicciones, de cuantas plazas para tratamiento
dispone y con que dotación de profesionales de la salud cuenta en cada una de
ellas.
c) Informe que cantidad de personas se
encuentran en tratamiento en sus diversas modalidades, diferenciadas por sexo,
edad, sustancia consumida y tipo de tratamiento.
d) Informe que cantidad de personas han
sido atendidas por el área de admisión de la Dirección General de Adicciones
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y cuantas de ellas han
comenzado tratamiento.
e) Detalle que cantidad de ONGs,
fundaciones y asociaciones se encuentran conveniadas por el Ministerio de
Desarrollo Social para el tratamiento de las adicciones, y bajo que marco normativo se realizaron
dichos convenios.
f) Especifique cual es el monto abonado a
las ONGs, fundaciones y asociaciones que se encuentran conveniadas por el
Ministerio de Desarrollo Social para el tratamiento de las adicciones por cada
paciente internado y cual es el monto abonado por cada paciente en tratamiento
ambulatorio.
g) Informe cual es el organismo encargado
de realizar el seguimiento y control de los tratamientos de las personas
atendidas por las ONGs, fundaciones y asociaciones que se encuentran
conveniadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
h) Informe si se han abiertos camas para
desintoxicación en Hospitales Generales,
en caso afirmativo, informar cuantas, en que Hospitales, y población
destinataria( sexo, edad)
22 abr 2014
Narcotráfico: sólo el 3% de las causas es por contrabando de drogas
Según un informe de la Procunar, la mayoría de los casos de infracción a la Ley de Estupefacientes es por tenencia para consumo personal. La Ciudad, al tope del ranking.
La mayor cantidad de causas que tramitan en el país sobre violación a la denominada ley de estupefacientes (23737) es por la figura de tenencia para consumo personal, en un 38 por ciento, seguidas por comercio de drogas, en un 35 por ciento. Pero sólo en el 3 por cientode ese universo se investiga el delito de contrabando de estupefacientes, una de las más graves conductas reprimidas por esa ley.
En tanto, las jurisdicciones federales que presentan mayores proporciones de procesos iniciados por estupefacientes en relación a las causas abiertas por otros delitos son Rosario, con un 68 por ciento; Córdoba, con un 66; Mendoza, 64; y Resistencia, con 61.
Los números forman parte de las conclusiones de un relevamiento realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en base a todas las investigaciones registradas durante 2012 en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye puntualmente el procesamiento de la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las zonas que presentan mayores proporciones de causas iniciadas por tenencia para consumo personal con respecto al total de las pesquisas iniciadas por estupefacientes se destacan Mendoza, con el 61 por ciento; Córdoba, 52 por ciento; Resistencia, 51 por ciento; y la Ciudad de Buenos Aires, 41 por ciento.
En tanto, las jurisdicciones con mayor proporción de causas por comercio, almacenamiento y transporte de estupefacientes, son La Plata, 93 por ciento; Corrientes, con el 90 por ciento; Mar del Plata, 78 por ciento; San Martín, 88 por ciento; y Bahía Blanca, 63 por ciento. No obstante, esos valores son relativos para Mar del Plata, San Martín, Bahía Blanca y La Plata, dado que las cuatro se encuentran dentro de la Provincia de Buenos Aires, adherida a la Ley de Desfederalización (26052), que permite la persecución a la justicia provincial de delitos vinculados al narcotráfico.
El el informe destaca que "las jurisdicciones federales competentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se posicionan – relativamente – entre las jurisdicciones con menores cantidades de causas iniciadas por estupefacientes", ante el Poder Judicial de la Nación.
"Esto refleja el impacto de la llamada Ley de Desfederalización de estupefacientes, cuya implementación en la Provincia de Buenos Aires desde el año 2005 habilitó a la justicia provincial para entender en ciertas figuras", añade el informe.
Además de Buenos Aires, Córdoba (desde el 1° de diciembre de 2012) y Salta (desde el 1° de enero pasado) son las provincias en las que rige esa ley, por lo que impacto de esa norma en los números del informe preparado por la Procunar, que trabajó sobre los datos de 2012, sólo puede observarse con claridad en territorio bonaerense.
Respecto del contrabando de estupefacientes, que sólo es perseguido en el 3 por ciento del total de las causas por drogas, las dos jurisdicciones con mayor porcentaje son la Ciudad de Buenos Aires con el 14 por ciento, y Posadas, con el 8.
En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de causas iniciadas, con 7843, que representan el 32 por ciento de todas las pesquisas por estupefacientes del país (24599 causas). La siguen Mendoza, con el 13 por ciento o 3203 procesos; Córdoba, 12 y 2860; y Rosario, con 9 del total del país y 2283.
El trabajo también propone abstraerse de las jurisdicciones federales que integran la Provincia de Buenos Aires y observar la cantidad de causas iniciadas por estupefacientes cada 100 mil habitantes. En ese caso, la nómina sigue liderada por la Ciudad de Buenos Aires, con 271 causas, y la siguen Salta (122), Mendoza (112), Comodoro Rivadavia (93) y General Roca (89).
Otro de los puntos relevados por la Procunar tiene que ver con la dirección de las investigaciones. Casi tres de cada cuatro causas (72 por ciento) son instruidas por los jueces federales. Sólo en un 28 por ciento de los casos, la instrucción está a cargo de los fiscales. Esto ocurre por la aplicación discrecional de la delegación de la pesquisa en la fiscalía que le otorga a los magistrados el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Y, por otro lado, por lo dispuesto en el artículo 353 bis del mismo cuerpo normativo, que pone en manos de las fiscalías las causas que tienen personas imputadas sorprendidas en flagrancia y sobre quienes los jueces consideraron que no correspondía dictar su prisión preventiva.
En ese marco, Bahía Blanca, con un 96 por ciento, es la jurisdicción con más concentración de causas en manos de los jueces, seguida por Paraná (93 por ciento), la Ciudad de Buenos Aires (91 por ciento), San Martín (89 por ciento), Comodoro Rivadavia (87 por ciento), General Roca (85 por ciento) y Mendoza (84 por ciento)
En tanto, las jurisdicciones federales que presentan mayores proporciones de procesos iniciados por estupefacientes en relación a las causas abiertas por otros delitos son Rosario, con un 68 por ciento; Córdoba, con un 66; Mendoza, 64; y Resistencia, con 61.
Los números forman parte de las conclusiones de un relevamiento realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en base a todas las investigaciones registradas durante 2012 en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye puntualmente el procesamiento de la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las zonas que presentan mayores proporciones de causas iniciadas por tenencia para consumo personal con respecto al total de las pesquisas iniciadas por estupefacientes se destacan Mendoza, con el 61 por ciento; Córdoba, 52 por ciento; Resistencia, 51 por ciento; y la Ciudad de Buenos Aires, 41 por ciento.
En tanto, las jurisdicciones con mayor proporción de causas por comercio, almacenamiento y transporte de estupefacientes, son La Plata, 93 por ciento; Corrientes, con el 90 por ciento; Mar del Plata, 78 por ciento; San Martín, 88 por ciento; y Bahía Blanca, 63 por ciento. No obstante, esos valores son relativos para Mar del Plata, San Martín, Bahía Blanca y La Plata, dado que las cuatro se encuentran dentro de la Provincia de Buenos Aires, adherida a la Ley de Desfederalización (26052), que permite la persecución a la justicia provincial de delitos vinculados al narcotráfico.
El el informe destaca que "las jurisdicciones federales competentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se posicionan – relativamente – entre las jurisdicciones con menores cantidades de causas iniciadas por estupefacientes", ante el Poder Judicial de la Nación.
"Esto refleja el impacto de la llamada Ley de Desfederalización de estupefacientes, cuya implementación en la Provincia de Buenos Aires desde el año 2005 habilitó a la justicia provincial para entender en ciertas figuras", añade el informe.
Además de Buenos Aires, Córdoba (desde el 1° de diciembre de 2012) y Salta (desde el 1° de enero pasado) son las provincias en las que rige esa ley, por lo que impacto de esa norma en los números del informe preparado por la Procunar, que trabajó sobre los datos de 2012, sólo puede observarse con claridad en territorio bonaerense.
Respecto del contrabando de estupefacientes, que sólo es perseguido en el 3 por ciento del total de las causas por drogas, las dos jurisdicciones con mayor porcentaje son la Ciudad de Buenos Aires con el 14 por ciento, y Posadas, con el 8.
En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de causas iniciadas, con 7843, que representan el 32 por ciento de todas las pesquisas por estupefacientes del país (24599 causas). La siguen Mendoza, con el 13 por ciento o 3203 procesos; Córdoba, 12 y 2860; y Rosario, con 9 del total del país y 2283.
El trabajo también propone abstraerse de las jurisdicciones federales que integran la Provincia de Buenos Aires y observar la cantidad de causas iniciadas por estupefacientes cada 100 mil habitantes. En ese caso, la nómina sigue liderada por la Ciudad de Buenos Aires, con 271 causas, y la siguen Salta (122), Mendoza (112), Comodoro Rivadavia (93) y General Roca (89).
Otro de los puntos relevados por la Procunar tiene que ver con la dirección de las investigaciones. Casi tres de cada cuatro causas (72 por ciento) son instruidas por los jueces federales. Sólo en un 28 por ciento de los casos, la instrucción está a cargo de los fiscales. Esto ocurre por la aplicación discrecional de la delegación de la pesquisa en la fiscalía que le otorga a los magistrados el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Y, por otro lado, por lo dispuesto en el artículo 353 bis del mismo cuerpo normativo, que pone en manos de las fiscalías las causas que tienen personas imputadas sorprendidas en flagrancia y sobre quienes los jueces consideraron que no correspondía dictar su prisión preventiva.
En ese marco, Bahía Blanca, con un 96 por ciento, es la jurisdicción con más concentración de causas en manos de los jueces, seguida por Paraná (93 por ciento), la Ciudad de Buenos Aires (91 por ciento), San Martín (89 por ciento), Comodoro Rivadavia (87 por ciento), General Roca (85 por ciento) y Mendoza (84 por ciento)
12 sept 2013
Cómo Desmanicomializar
A partir de la Ley de Salud Mental y Adicciones 26657 es obligatorio comenzar con el proceso de Desmanicomializacíon en todo el país,
Comparto nota de la experiencia de Río Negro pionera en esta experiencia.
Los autores, protagonistas del proceso de desmanicomialización en la provincia de Río Negro –que continúa en vigencia, con reconocimiento internacional–, cuentan cómo fue posible, explican qué recursos específicos se instrumentaron y revelan la última clave: “La mayor parte de las personas tienen capacidades para ayudarse a sí mismas y para ayudar a otros, si se las favorece, sostiene y acompaña con información, capacitación y seguimiento y si se generan contextos de libertad y solidaridad”.
Con el retorno al sistema democrático, en 1983, la provincia de Río Negro inició una profunda transformación, que planteó una nueva cultura en la atención de la salud mental, conocida en el contexto local como desmanicomialización. Incluyó el cierre del hospital psiquiátrico provincial y la sanción de la ley 2440, el 11 de septiembre de 1991. Hasta entonces, el sistema de salud mental comprendía un hospital psiquiátrico en la ciudad de Allen –a 500 kilómetros de la capital provincial–, cuatro servicios en hospitales generales de distintas localidades y un par de especialistas en dos hospitales provinciales. Las personas con trastornos mentales severos eran internadas en el hospital psiquiátrico o fuera de la provincia. El 65 por ciento de los pacientes internados en el hospital psiquiátrico era derivado desde los servicios de salud mental de los dos hospitales generales más cercanos.
El principal problema era que las personas con trastornos mentales severos no accedían a tratamiento y rehabilitación en su medio habitual. El 90 por ciento del recurso humano de salud mental se concentraba en el hospital psiquiátrico. A esto se sumaba la inexistencia de una política de salud mental, la inadecuada formación en salud pública de los profesionales de salud mental, así como los hábitos, prejuicios y valores de los profesionales y la sociedad, que resistían la inclusión social de estas personas, y el fuerte control social en comunidades pequeñas con complejos vínculos interpersonales. La cultura sanitaria de las localidades de la provincia consistía en esperar a “los especialistas” provenientes del centro hospitalario de mayor complejidad. Estos profesionales viajaban para asistir a largas filas de pacientes o, en el mejor de los casos, capacitaban al personal local en la detección de las problemáticas de salud mental para derivarlas al sitio que contara con un especialista. Este, luego de intervenir, devolvía al paciente a su lugar de proveniencia, a lo sumo con prescripción de psicofármacos, que a menudo eran interrumpidos prematuramente, porque la familia no podía costearlos o por efectos adversos sobre los que con frecuencia no eran advertidos. La oferta farmacológica aislada y sobre todo la falta de seguimiento anunciaban el abandono del tratamiento. Este derivar y delegar, que generaba deterioro, desánimo y desinserción social, se reiteraban para la misma persona cada vez que tenía una crisis.
En 1985, por decisión del ministro de Salud provincial, se creó el Programa Provincial de Salud Mental. Se organizaron equipos móviles de intervención en crisis, en los que participaban trabajadores de los escasos servicios de salud mental de los hospitales generales, quienes ya no viajaban sólo para atender sino con nuevas estrategias, como rescatar y potenciar los recursos de los trabajadores de salud y de la propia comunidad local: estos recursos eran capaces de responder a las situaciones de crisis, pero era necesario validarlos y fortalecerlos. El equipo siempre intervenía con participación de algún efector local, no en solitario como los especialistas viajeros. Así se promovía la socialización de conocimientos. Y se generó un intercambio permanente con los interlocutores locales –a los que se denominó “referentes”–, con acuerdos mutuos para responder a los problemas de salud mental.
La capacitación de los profesionales –de salud general y especialistas en salud mental– para que, al atender a las personas en crisis, propiciaran su permanencia en la comunidad, no había sido parte de la formación tradicional en salud mental. La acción fue impulsada por la idea de que la mayor parte de las personas poseen capacidades para ayudarse a sí mismas y para ayudar a otros, si se las favorece, sostiene y acompaña con información, capacitación y seguimiento, y si se generan contextos de libertad y solidaridad.
Fue fundamental la apertura de camas en todos los hospitales generales de la provincia, normatizada en 1986: efectivizó una alternativa concreta para la atención de la urgencia en salud mental y para la internación de toda crisis, que permitiera prescindir de la internación manicomial. Esto inauguró un proceso que generó múltiples resistencias, reflejo de una cultura de exclusión de la salud mental del espacio general de salud. Para dar respuesta a estas situaciones se construyeron espacios de reflexión, debate y acuerdos, donde participaran todas las personas y sectores involucrados, a fin de dar apoyo emocional e instrumental, en cada localidad, a la atención de una persona en estado de crisis. Se convocaba a representantes de los sectores profesionales y no profesionales del hospital general local y de los centros de atención primaria, a los vecinos, la policía, los líderes religiosos, los miembros de la comunidad educativa, de los municipios, de los medios de comunicación y demás referentes de esa comunidad, incluyendo a quienes se sintieran convocados por la situación. Se procuraba identificar las capacidades y posibilidades de intervención y ayuda a las personas en crisis, así como detectar y disminuir los miedos y ansiedades que despertaba la cercanía con “la locura”.
La asistencia a estos espacios era abierta. La convocatoria era un esfuerzo arduo y permanente, mediado por diversas intervenciones del equipo de salud mental: convocatoria escrita a autoridades locales, avisos por radio, llamadas telefónicas reiteradas, visitas en terreno, mensajes por medio de vecinos, identificación de interesados potenciales, así como de informantes clave. Existía el convencimiento de que el equipo debía lograr involucrar activamente a los diversos sectores y miembros de cada comunidad.
Era necesario hacerse cargo del usuario y de su familia desde el primer contacto hasta la reintegración comunitaria. Si el usuario no concurría al tratamiento, se iba al domicilio a contactarlo; si existía una situación compleja en la familia, que generaba problemas en la vida del usuario, se la incluía en el tratamiento hasta resolverla.
Agentes sanitarios
Se sumaron a la tarea agentes sanitarios no profesionales, que eran parte de los recursos humanos de Río Negro, provincia pionera por su tradición sanitarista, que priorizaba la atención primaria de la salud. Su función básica era realizar rondas domiciliarias: cada agente sanitario tenía asignado un número de viviendas que visitaba periódicamente para hacer un seguimiento de los problemas prioritarios de salud, como detección precoz de enfermedades e identificación de personas en riesgo. Estos agentes, que fueron capacitados, se convirtieron en recursos clave en las estrategias de seguimiento de usuarios con trastornos mentales severos en su vecindario. Los servicios de salud mental iniciaron encuentros periódicos con los agentes sanitarios, en los que se trabajaba en colaboración. Un ejemplo de ello fue el seguimiento domiciliario de las personas con trastorno mental severo y alcoholismo, para asegurar la toma de medicación y detectar descompensaciones.
Cuando un agente sanitario identificaba a un usuario en estado de descompensación en su domicilio, se lo iba a atender. Cuando una persona requería hospitalización, se la internaba en el hospital general; en caso de urgencia y si la persona en crisis no llegaba al hospital, el equipo se trasladaba hasta donde se encontraba; si, una vez resuelta la crisis, la persona tenía dificultades para regresar a su trabajo o estudio, alguien del equipo se presentaba en esos lugares para gestionar su reintegración. Si había problemas judiciales, se acompañaba a los usuarios a los juzgados, mediando ante los defensores, forenses, curadores y jueces. También se hacían trámites y gestiones de subsidios u otros apoyos sociales junto con los usuarios o sus familias; en ocasiones se colaboraba con la limpieza de su domicilio, con la manutención de los hijos y con cualquier otra actividad que lo ayudara a organizar su vida cotidiana. El eje de las acciones debía estar dado por las variadas necesidades del usuario y no por la oferta terapéutica del agente de salud mental.
En algunas localidades, con ese recurso humano no especializado se llegó a formar un verdadero equipo mixto. Por ejemplo, los agentes sanitarios, luego de haber sido capacitados, se iniciaron en la coordinación de grupos de ayuda mutua para apoyar la rehabilitación de personas que presentaban un uso nocivo del alcohol u otras sustancias, en barrios periféricos. Esto implicaba sumar tareas, pero es probable que su rápida apropiación del tema se relacionara con el hecho de que varios de los agentes sanitarios tenían familiares que abusaban del alcohol y otros padecían violencia intrafamiliar: había entonces una elección personal. Además, varios de ellos eran feligreses del culto católico local y profesaban un fuerte compromiso social. Los agentes sanitarios fueron el germen de los operadores de salud mental, actores clave de la desmanicomialización. La incorporación de recursos humanos no especializados fue clave para desarrollar y sostener la desmanicomialización.
Por mucho tiempo no se contó en la provincia con estructuras y dispositivos intermedios. Centros de día, casas de medio camino, centros de promoción laboral y otros se fueron incorporando en la medida en que avanzaba la reforma. Al inicio, y en realidad durante todo el proceso de desmanicomialización, gran parte de las necesidades que esos dispositivos podían resolver se gestionaron mediante acciones intersectoriales e interinstitucionales o en el seno de la comunidad. Después se de-sarrollaron algunos dispositivos y estructuras propias para vivienda, como casas de medio camino, casas para personas declaradas inimputables, hogares de tránsito, y también estructuras para el funcionamiento de emprendimientos laborales, pero este desarrollo nunca pudo resolver la totalidad de las necesidades, que debieron ser resueltas por la interacción de los equipos de salud mental con otros sectores gubernamentales y no gubernamentales, provinciales, municipales y privados.
Se cierra el manicomio
En el Alto Valle del Río Negro, en la localidad de Allen, a pocos kilómetros de las ciudades de General Roca y Cipolletti, estaba el hospital psiquiátrico. Contaba con puertas blindadas, rejas en las ventanas, salas para la aplicación de electroshocks, salas de contención con paredes acolchadas para los pacientes denominados “furiosos”. El 65 por ciento de las personas internadas había sido derivado de los hospitales generales más cercanos, que a su vez contaban con servicio de salud mental: no era la falta de especialistas lo que causaba la reclusión en el hospital psiquiátrico, sino que el especialista, al no tener formación en salud mental pública y comunitaria ni capacitación para intervenir en crisis, se limitaba a detectar y diagnosticar el problema para luego referir al usuario al hospital psiquiátrico. Por eso, la capacitación continua en intervención en crisis y en técnicas de reinserción social fue una estrategia primordial.
En este proceso de cambios graduales se advirtió que, si perduraba un lugar de internación asilar, tarde o temprano volvería a utilizarse; sus camas se ocuparían y se perpetuaría la estigmatización de las personas con sufrimiento mental. También se observó que la intención de limitarse a internaciones breves en la institución psiquiátrica no prosperaba en la mayoría de los usuarios, que no tenían resueltas las necesidades de orden social, económico y de apoyo en su cotidianidad. En estos casos de desvalimiento, la institución se convertía en un lugar donde vivir, más que en un centro asistencial donde recuperarse. La presencia del hospital psiquiátrico producía efectos, no sólo en los especialistas –que, dada la existencia de la institución monovalente, continuaban disponiendo de ella, en vez de incorporar nuevos conocimientos y estrategias–, también se hacía sentir en la sociedad en su conjunto. Era frecuente en la provincia escuchar frases como: “... Estás para Allen”. La comunidad rionegrina tenía perfecto registro de contar con un lugar para encerrar la locura: el Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Allen.
Esta institución llegó a hospitalizar alrededor de cien personas, aunque el número de camas ocupadas con regularidad era de entre sesenta y setenta, una cifra no tan elevada en términos absolutos aunque sí en relación con la población de la provincia. En todo caso, lo que hizo inviable esta institución fue su función de soporte y producción de una cultura depositaria y de exclusión conocida como cultura manicomial.
Fue necesario instituir la internación en el hospital general, a través de una decisión político-técnica que avalara y normatizara esta práctica y así cortara definitivamente la boca de entrada al sistema manicomial. La externación gradual de las personas asiladas en el hospital psiquiátrico de Allen, a través de las estrategias de reinserción social implementadas –sensibilización y preparación de la familia y la comunidad, y el apoyo subsiguiente para lograr la reintegración de la persona, entre otras–, se articuló con las otras acciones implementadas para superar la vida en el encierro. El hospital psiquiátrico comenzó a perder protagonismo.
La decisión del cierre del hospital, concretada en octubre de 1988, se tomó gracias a la experiencia adquirida. Todos los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de vida de las personas internadas en el hospital psiquiátrico eran insuficientes para lograr su mejoría clínica, y tampoco bastaban para la ulterior reintegración social, obstaculizada por la propia dinámica de asilamiento. Además, el esfuerzo realizado para externar a las personas cuya estadía era de larga data, con la consecuente reducción de camas que debería traer aparejado, se veía constantemente amenazado por la continua derivación de nuevos usuarios y las nuevas dificultades para poder externarlos. A estas dificultades continuas se agregaban las reinternaciones de las personas hospitalizadas anteriormente. Las incipientes alternativas de atención, al coexistir con el manicomio, quedaban en riesgo.
El proceso interno de reforma en el hospital psiquiátrico, durante toda la reconversión del sistema en la provincia, implicó un sinnúmero de conflictos y crisis del personal. Sin duda, este frente interno fue de igual o mayor intensidad que los conflictos en el exterior. Mientras que un sector del personal de salud mental de la provincia se sentía parte de esta transformación, otro sector se oponía. Expresión directa de estas contradicciones fue la derivación de personas internadas en el hospital psiquiátrico al hospital rural de Ingeniero Huergo, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Allen. Este hospital general se transformó así en receptor de una importante cantidad de usuarios que ocuparon la mayoría de sus camas, produciéndose una transinstitucionalización de las personas, en vez de su reinserción social. Esto requirió un posterior trabajo de externación del hospital de Huergo y de integración de los usuarios allí internados en sus respectivas localidades.
Estas situaciones producían una gran tensión en el proceso de reforma, que perduró durante años hasta la reconversión definitiva del personal. Pasarían casi diez años desde el cierre del Hospital Psiquiátrico de Allen hasta que la mayor parte de los hospitales generales de la provincia llegaran a contar con sus propios servicios de salud mental. Es necesario destacar que ninguna de las personas que trabajaban en el hospital psiquiátrico perdió su trabajo. Muchas de ellas se reubicaron en hospitales generales vecinos, mientras que otras se incluyeron en el servicio de salud mental del nuevo hospital general de la ciudad de Allen; muy pocos profesionales renunciaron por decisión propia.
En 1989 se inauguró el nuevo hospital de Allen, reconvertido en hospital general. Las antiguas salas de psiquiatría, de electroshocks y de contención de pacientes “furiosos” quedaron habilitadas como quirófano, sala de radiología y sala de partos.
* Jefe del Departamento de Salud Mental de Río Negro entre 1985 y 2000; actualmente asesor subregional de la Organización Panamericana de la Salud.
** Ex jefa de la División de Promoción de las Personas del Consejo de Salud Pública de Río Negro. Texto extractado de La desmanicomialización: crónica de la reforma del sistema de salud mental en Río Negro, de reciente aparición (Lugar Editorial)
Autores Por Hugo Cohen * y Graciela Natella
Fuente Pag 12 -12-9-21013
Comparto nota de la experiencia de Río Negro pionera en esta experiencia.
Los autores, protagonistas del proceso de desmanicomialización en la provincia de Río Negro –que continúa en vigencia, con reconocimiento internacional–, cuentan cómo fue posible, explican qué recursos específicos se instrumentaron y revelan la última clave: “La mayor parte de las personas tienen capacidades para ayudarse a sí mismas y para ayudar a otros, si se las favorece, sostiene y acompaña con información, capacitación y seguimiento y si se generan contextos de libertad y solidaridad”.
Con el retorno al sistema democrático, en 1983, la provincia de Río Negro inició una profunda transformación, que planteó una nueva cultura en la atención de la salud mental, conocida en el contexto local como desmanicomialización. Incluyó el cierre del hospital psiquiátrico provincial y la sanción de la ley 2440, el 11 de septiembre de 1991. Hasta entonces, el sistema de salud mental comprendía un hospital psiquiátrico en la ciudad de Allen –a 500 kilómetros de la capital provincial–, cuatro servicios en hospitales generales de distintas localidades y un par de especialistas en dos hospitales provinciales. Las personas con trastornos mentales severos eran internadas en el hospital psiquiátrico o fuera de la provincia. El 65 por ciento de los pacientes internados en el hospital psiquiátrico era derivado desde los servicios de salud mental de los dos hospitales generales más cercanos.
El principal problema era que las personas con trastornos mentales severos no accedían a tratamiento y rehabilitación en su medio habitual. El 90 por ciento del recurso humano de salud mental se concentraba en el hospital psiquiátrico. A esto se sumaba la inexistencia de una política de salud mental, la inadecuada formación en salud pública de los profesionales de salud mental, así como los hábitos, prejuicios y valores de los profesionales y la sociedad, que resistían la inclusión social de estas personas, y el fuerte control social en comunidades pequeñas con complejos vínculos interpersonales. La cultura sanitaria de las localidades de la provincia consistía en esperar a “los especialistas” provenientes del centro hospitalario de mayor complejidad. Estos profesionales viajaban para asistir a largas filas de pacientes o, en el mejor de los casos, capacitaban al personal local en la detección de las problemáticas de salud mental para derivarlas al sitio que contara con un especialista. Este, luego de intervenir, devolvía al paciente a su lugar de proveniencia, a lo sumo con prescripción de psicofármacos, que a menudo eran interrumpidos prematuramente, porque la familia no podía costearlos o por efectos adversos sobre los que con frecuencia no eran advertidos. La oferta farmacológica aislada y sobre todo la falta de seguimiento anunciaban el abandono del tratamiento. Este derivar y delegar, que generaba deterioro, desánimo y desinserción social, se reiteraban para la misma persona cada vez que tenía una crisis.
En 1985, por decisión del ministro de Salud provincial, se creó el Programa Provincial de Salud Mental. Se organizaron equipos móviles de intervención en crisis, en los que participaban trabajadores de los escasos servicios de salud mental de los hospitales generales, quienes ya no viajaban sólo para atender sino con nuevas estrategias, como rescatar y potenciar los recursos de los trabajadores de salud y de la propia comunidad local: estos recursos eran capaces de responder a las situaciones de crisis, pero era necesario validarlos y fortalecerlos. El equipo siempre intervenía con participación de algún efector local, no en solitario como los especialistas viajeros. Así se promovía la socialización de conocimientos. Y se generó un intercambio permanente con los interlocutores locales –a los que se denominó “referentes”–, con acuerdos mutuos para responder a los problemas de salud mental.
La capacitación de los profesionales –de salud general y especialistas en salud mental– para que, al atender a las personas en crisis, propiciaran su permanencia en la comunidad, no había sido parte de la formación tradicional en salud mental. La acción fue impulsada por la idea de que la mayor parte de las personas poseen capacidades para ayudarse a sí mismas y para ayudar a otros, si se las favorece, sostiene y acompaña con información, capacitación y seguimiento, y si se generan contextos de libertad y solidaridad.
Fue fundamental la apertura de camas en todos los hospitales generales de la provincia, normatizada en 1986: efectivizó una alternativa concreta para la atención de la urgencia en salud mental y para la internación de toda crisis, que permitiera prescindir de la internación manicomial. Esto inauguró un proceso que generó múltiples resistencias, reflejo de una cultura de exclusión de la salud mental del espacio general de salud. Para dar respuesta a estas situaciones se construyeron espacios de reflexión, debate y acuerdos, donde participaran todas las personas y sectores involucrados, a fin de dar apoyo emocional e instrumental, en cada localidad, a la atención de una persona en estado de crisis. Se convocaba a representantes de los sectores profesionales y no profesionales del hospital general local y de los centros de atención primaria, a los vecinos, la policía, los líderes religiosos, los miembros de la comunidad educativa, de los municipios, de los medios de comunicación y demás referentes de esa comunidad, incluyendo a quienes se sintieran convocados por la situación. Se procuraba identificar las capacidades y posibilidades de intervención y ayuda a las personas en crisis, así como detectar y disminuir los miedos y ansiedades que despertaba la cercanía con “la locura”.
La asistencia a estos espacios era abierta. La convocatoria era un esfuerzo arduo y permanente, mediado por diversas intervenciones del equipo de salud mental: convocatoria escrita a autoridades locales, avisos por radio, llamadas telefónicas reiteradas, visitas en terreno, mensajes por medio de vecinos, identificación de interesados potenciales, así como de informantes clave. Existía el convencimiento de que el equipo debía lograr involucrar activamente a los diversos sectores y miembros de cada comunidad.
Era necesario hacerse cargo del usuario y de su familia desde el primer contacto hasta la reintegración comunitaria. Si el usuario no concurría al tratamiento, se iba al domicilio a contactarlo; si existía una situación compleja en la familia, que generaba problemas en la vida del usuario, se la incluía en el tratamiento hasta resolverla.
Agentes sanitarios
Se sumaron a la tarea agentes sanitarios no profesionales, que eran parte de los recursos humanos de Río Negro, provincia pionera por su tradición sanitarista, que priorizaba la atención primaria de la salud. Su función básica era realizar rondas domiciliarias: cada agente sanitario tenía asignado un número de viviendas que visitaba periódicamente para hacer un seguimiento de los problemas prioritarios de salud, como detección precoz de enfermedades e identificación de personas en riesgo. Estos agentes, que fueron capacitados, se convirtieron en recursos clave en las estrategias de seguimiento de usuarios con trastornos mentales severos en su vecindario. Los servicios de salud mental iniciaron encuentros periódicos con los agentes sanitarios, en los que se trabajaba en colaboración. Un ejemplo de ello fue el seguimiento domiciliario de las personas con trastorno mental severo y alcoholismo, para asegurar la toma de medicación y detectar descompensaciones.
Cuando un agente sanitario identificaba a un usuario en estado de descompensación en su domicilio, se lo iba a atender. Cuando una persona requería hospitalización, se la internaba en el hospital general; en caso de urgencia y si la persona en crisis no llegaba al hospital, el equipo se trasladaba hasta donde se encontraba; si, una vez resuelta la crisis, la persona tenía dificultades para regresar a su trabajo o estudio, alguien del equipo se presentaba en esos lugares para gestionar su reintegración. Si había problemas judiciales, se acompañaba a los usuarios a los juzgados, mediando ante los defensores, forenses, curadores y jueces. También se hacían trámites y gestiones de subsidios u otros apoyos sociales junto con los usuarios o sus familias; en ocasiones se colaboraba con la limpieza de su domicilio, con la manutención de los hijos y con cualquier otra actividad que lo ayudara a organizar su vida cotidiana. El eje de las acciones debía estar dado por las variadas necesidades del usuario y no por la oferta terapéutica del agente de salud mental.
En algunas localidades, con ese recurso humano no especializado se llegó a formar un verdadero equipo mixto. Por ejemplo, los agentes sanitarios, luego de haber sido capacitados, se iniciaron en la coordinación de grupos de ayuda mutua para apoyar la rehabilitación de personas que presentaban un uso nocivo del alcohol u otras sustancias, en barrios periféricos. Esto implicaba sumar tareas, pero es probable que su rápida apropiación del tema se relacionara con el hecho de que varios de los agentes sanitarios tenían familiares que abusaban del alcohol y otros padecían violencia intrafamiliar: había entonces una elección personal. Además, varios de ellos eran feligreses del culto católico local y profesaban un fuerte compromiso social. Los agentes sanitarios fueron el germen de los operadores de salud mental, actores clave de la desmanicomialización. La incorporación de recursos humanos no especializados fue clave para desarrollar y sostener la desmanicomialización.
Por mucho tiempo no se contó en la provincia con estructuras y dispositivos intermedios. Centros de día, casas de medio camino, centros de promoción laboral y otros se fueron incorporando en la medida en que avanzaba la reforma. Al inicio, y en realidad durante todo el proceso de desmanicomialización, gran parte de las necesidades que esos dispositivos podían resolver se gestionaron mediante acciones intersectoriales e interinstitucionales o en el seno de la comunidad. Después se de-sarrollaron algunos dispositivos y estructuras propias para vivienda, como casas de medio camino, casas para personas declaradas inimputables, hogares de tránsito, y también estructuras para el funcionamiento de emprendimientos laborales, pero este desarrollo nunca pudo resolver la totalidad de las necesidades, que debieron ser resueltas por la interacción de los equipos de salud mental con otros sectores gubernamentales y no gubernamentales, provinciales, municipales y privados.
Se cierra el manicomio
En el Alto Valle del Río Negro, en la localidad de Allen, a pocos kilómetros de las ciudades de General Roca y Cipolletti, estaba el hospital psiquiátrico. Contaba con puertas blindadas, rejas en las ventanas, salas para la aplicación de electroshocks, salas de contención con paredes acolchadas para los pacientes denominados “furiosos”. El 65 por ciento de las personas internadas había sido derivado de los hospitales generales más cercanos, que a su vez contaban con servicio de salud mental: no era la falta de especialistas lo que causaba la reclusión en el hospital psiquiátrico, sino que el especialista, al no tener formación en salud mental pública y comunitaria ni capacitación para intervenir en crisis, se limitaba a detectar y diagnosticar el problema para luego referir al usuario al hospital psiquiátrico. Por eso, la capacitación continua en intervención en crisis y en técnicas de reinserción social fue una estrategia primordial.
En este proceso de cambios graduales se advirtió que, si perduraba un lugar de internación asilar, tarde o temprano volvería a utilizarse; sus camas se ocuparían y se perpetuaría la estigmatización de las personas con sufrimiento mental. También se observó que la intención de limitarse a internaciones breves en la institución psiquiátrica no prosperaba en la mayoría de los usuarios, que no tenían resueltas las necesidades de orden social, económico y de apoyo en su cotidianidad. En estos casos de desvalimiento, la institución se convertía en un lugar donde vivir, más que en un centro asistencial donde recuperarse. La presencia del hospital psiquiátrico producía efectos, no sólo en los especialistas –que, dada la existencia de la institución monovalente, continuaban disponiendo de ella, en vez de incorporar nuevos conocimientos y estrategias–, también se hacía sentir en la sociedad en su conjunto. Era frecuente en la provincia escuchar frases como: “... Estás para Allen”. La comunidad rionegrina tenía perfecto registro de contar con un lugar para encerrar la locura: el Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Allen.
Esta institución llegó a hospitalizar alrededor de cien personas, aunque el número de camas ocupadas con regularidad era de entre sesenta y setenta, una cifra no tan elevada en términos absolutos aunque sí en relación con la población de la provincia. En todo caso, lo que hizo inviable esta institución fue su función de soporte y producción de una cultura depositaria y de exclusión conocida como cultura manicomial.
Fue necesario instituir la internación en el hospital general, a través de una decisión político-técnica que avalara y normatizara esta práctica y así cortara definitivamente la boca de entrada al sistema manicomial. La externación gradual de las personas asiladas en el hospital psiquiátrico de Allen, a través de las estrategias de reinserción social implementadas –sensibilización y preparación de la familia y la comunidad, y el apoyo subsiguiente para lograr la reintegración de la persona, entre otras–, se articuló con las otras acciones implementadas para superar la vida en el encierro. El hospital psiquiátrico comenzó a perder protagonismo.
La decisión del cierre del hospital, concretada en octubre de 1988, se tomó gracias a la experiencia adquirida. Todos los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de vida de las personas internadas en el hospital psiquiátrico eran insuficientes para lograr su mejoría clínica, y tampoco bastaban para la ulterior reintegración social, obstaculizada por la propia dinámica de asilamiento. Además, el esfuerzo realizado para externar a las personas cuya estadía era de larga data, con la consecuente reducción de camas que debería traer aparejado, se veía constantemente amenazado por la continua derivación de nuevos usuarios y las nuevas dificultades para poder externarlos. A estas dificultades continuas se agregaban las reinternaciones de las personas hospitalizadas anteriormente. Las incipientes alternativas de atención, al coexistir con el manicomio, quedaban en riesgo.
El proceso interno de reforma en el hospital psiquiátrico, durante toda la reconversión del sistema en la provincia, implicó un sinnúmero de conflictos y crisis del personal. Sin duda, este frente interno fue de igual o mayor intensidad que los conflictos en el exterior. Mientras que un sector del personal de salud mental de la provincia se sentía parte de esta transformación, otro sector se oponía. Expresión directa de estas contradicciones fue la derivación de personas internadas en el hospital psiquiátrico al hospital rural de Ingeniero Huergo, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Allen. Este hospital general se transformó así en receptor de una importante cantidad de usuarios que ocuparon la mayoría de sus camas, produciéndose una transinstitucionalización de las personas, en vez de su reinserción social. Esto requirió un posterior trabajo de externación del hospital de Huergo y de integración de los usuarios allí internados en sus respectivas localidades.
Estas situaciones producían una gran tensión en el proceso de reforma, que perduró durante años hasta la reconversión definitiva del personal. Pasarían casi diez años desde el cierre del Hospital Psiquiátrico de Allen hasta que la mayor parte de los hospitales generales de la provincia llegaran a contar con sus propios servicios de salud mental. Es necesario destacar que ninguna de las personas que trabajaban en el hospital psiquiátrico perdió su trabajo. Muchas de ellas se reubicaron en hospitales generales vecinos, mientras que otras se incluyeron en el servicio de salud mental del nuevo hospital general de la ciudad de Allen; muy pocos profesionales renunciaron por decisión propia.
En 1989 se inauguró el nuevo hospital de Allen, reconvertido en hospital general. Las antiguas salas de psiquiatría, de electroshocks y de contención de pacientes “furiosos” quedaron habilitadas como quirófano, sala de radiología y sala de partos.
* Jefe del Departamento de Salud Mental de Río Negro entre 1985 y 2000; actualmente asesor subregional de la Organización Panamericana de la Salud.
** Ex jefa de la División de Promoción de las Personas del Consejo de Salud Pública de Río Negro. Texto extractado de La desmanicomialización: crónica de la reforma del sistema de salud mental en Río Negro, de reciente aparición (Lugar Editorial)
Autores Por Hugo Cohen * y Graciela Natella
Fuente Pag 12 -12-9-21013
28 jul 2013
CAMPAÑA POR LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
CAMPAÑA
POR
LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
APORTES
PARA
LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL
DE
SALUD
MENTAL
I.
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), nº
26.657 en noviembre de 2010, cristaliza la lucha sostenida por
personas usuarias y sus familias, trabajadores y trabajadoras
del campo de la salud, organizaciones sociales, de derechos
humanos, ámbitos académicos y otros sectores de la sociedad
civil, por reivindicar los derechos de las personas con
padecimiento mental. Esta Ley viene a sustituir a un modelo
manicomial discriminador y estigmatizante que arrasa con los
derechos de quien padece y atenta contra su subjetividad, y
tiene entre sus fundamentos la Declaración de Caracas
(OMS/OPS, 1990) cuando define “…la atención comunitaria,
descentralizada, participativa, integral, continua y
preventiva”.
II.
La Red por la Plena Implementación de la Ley Nacional de Salud
Mental se constituyó a comienzos del presente año, haciendo
pública la necesidad de dar cumplimiento al proceso
reglamentario de la ley. Finalmente, en el mes de mayo pasado
y a dos años y medio de su sanción, el reglamento llegó
reafirmando los derechos consagrados en la misma e indicando
caminos para su plena implementación.
III.
El correlato urgente e indispensable de este marco normativo
debería ser la construcción de una política pública de salud
mental comunitaria que comprometa a todos los sectores y
jurisdicciones involucrados. Una transformación genuina acorde
al nuevo paradigma implica un cambio profundo en las prácticas
de quienes intervienen en las instituciones involucradas de
todos los niveles y sectores. El desafío actual para superar
el modelo manicomial exige la participación de los actores que
corporizan esas prácticas. Las prácticas institucionales
históricamente “naturalizadas” privilegian estrategias de
asilamiento y privación de libertad, y generan obstáculos en
el sistema de salud que imposibilitan el acceso a los
servicios de personas con discapacidad psicosocial. Su urgente
sustitución involucra un proceso de transformación profunda
que genera resistencias con las que habrá que trabajar.
Es
competencia
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, como
autoridad nacional de aplicación de la LNSM, impulsar este
enorme desafío en
coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo
Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y los demás
ministerios competentes. Es imprescindible articular las
diversas realidades locales que conviven en nuestro país y
convocar encuentros provinciales, regionales y nacionales con
funcionarios, personas usuarias, familiares y trabajadores del
campo de la salud, para construir y sostener una política
pública de salud mental que, a partir del 3 de diciembre de
2010, es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio
nacional.
IV.
Proponemos
algunos ejes que deben estar presentes en las discusiones
sobre un Plan de Salud Mental:
- Identificación
de las problemáticas prevalentes en la comunidad involucrada.
- Implementación
de políticas públicas que garanticen la inclusión socio –
laboral y el acceso a ingresos y vivienda sostenible para la
población afectada.
- Relevamiento
y composición de recursos materiales y humanos existentes
evaluando su nivel de articulación con la construcción de un
sistema de atención comunitaria en salud mental (existencia o
no de instituciones monovalentes, servicios en hospitales
generales, de salud comunitarios, redes intersectoriales e
interjurisdiccionales).
- Implementación
de acciones de formación y capacitación en servicio para la
redistribución de recursos humanos que se hará necesaria con
la creación de dispositivos de base comunitaria.
La
perspectiva
presupuestaria debe ser transversal al tratamiento de estos
ejes para garantizar que las transformaciones respondan y se
adecuen al mandato incluido en la ley.
V.
Con la presentación pública de este documento iniciamos una
campaña de recolección de firmas por la plena implementación
de la LNSM y la urgente puesta en marcha de la elaboración del
Plan Nacional de Salud Mental para todo el territorio
nacional, basado en principios de participación activa y
sentido democrático.
RED POR
LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE
SALUD
MENTAL 26.657
2020 SIN
MANICOMIOS
Para
adherir
a la presente campaña, enviar un email a redporlaimplementacionlnsm@gmail.com
indicando nombre, apellido y DNI. Se reciben adhesiones
personales e institucionales. Se adjunta una planilla de
firmas para los que tengan la posibilidad de recolectar
adhesiones en sus espacios de trabajo, instituciones,
jornadas, etc. En ese caso, pueden comunicarse con nosotros
al mail de contacto, para hacernos llegar dichas
planillas.Por favor, no duplicar las adhesiones por ambos
medios.
28 jun 2013
26 de junio, día mundial contra el uso indebido de drogas y tráfico ilicito de drogas
ARGENTINA
CONTINÚA CON UNA LEY DE DROGAS ANTICONSTITUCIONAL
El día internacional
de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que se
conmemora el 26 de junio, encuentra a la Argentina en una situación inédita: a
casi cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional la penalización de la tenencia para
consumo personal, continúa vigente la ley 23.737, que contradice esa
determinación.
La Asociación Civil Intercambios llama a una
reforma urgente que concentre los esfuerzos en el crimen organizado e
implemente un Programa
Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas.
(Buenos
Aires, 26 de junio de 2013)
Después de la efervescencia que experimentó el debate sobre una nueva
ley de
drogas a mediados del año pasado, la reforma a la ley de estupefacientes
23.737
se encuentra estancada en el Parlamento. Esto sucede a pesar de que ya
en el
año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que es
inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal. “Llevamos cuatro años de
inconstitucionalidad, persecución penal a las personas que usan drogas y falta
de políticas sostenidas contra el crimen organizado”, aseveró Graciela
Touzé, presidenta de la asociación civil Intercambios
en el Día mundial de la lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas, que se conmemora hoy, 26 de junio.
Intercambios,
organización no gubernamental con más de quince años de trabajo en temas
relacionados con las drogas, y organizadora desde hace una década de la
Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que se realiza cada año en el
Congreso de la Nación, recordó que el 70 por ciento de las detenciones policiales
amparadas en la ley 23.737 son precisamente por “tenencia para consumo
personal”, figura declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
“Es
inadmisible que, transcurrido tanto tiempo del fallo, los diputados y senadores
continúen negándose a llevar a cabo las reformas que exige el fallo Arriola.
Por otra parte, los 20 años transcurridos desde la entrada en vigencia de la
ley 23.737 fueron refutando los fundamentos enunciados para su sanción”, aseguró Touzé.
La
investigadora de la UBA y experta hizo un balance de los efectos de la norma: “No
bajó el consumo ni se desbarataron las redes criminales. Por el contrario, nos
encontramos con una situación de estigmatización y discriminación a los
usuarios de drogas, saturación de los sistemas judicial y carcelario, y
crecimiento de un mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas”. Por
ese motivo, Intercambios junto a más de cincuenta organizaciones de la sociedad
civil y entidades públicas especializadas impulsan la propuesta “15 ideas por
una nueva ley de drogas”, donde se plantean las reformas centrales que hacen
falta en el tema.
Debate
regional
Mientras
tanto, la región debate la necesidad de implementar nuevas estrategias con un
abordaje diferente a la guerra contra las drogas. Tras la VI Cumbre de las
Américas realizada el año pasado, en la cual 34 mandatarios de todo el
continente ordenaron a la Organización de Estados Americanos un exhaustivo
informe sobre los efectos de las políticas de drogas.
Este
informe se presentó semanas atrás, a principios de junio de 2003, en la 43 Asamblea
General de la OEA realizada en Guatemala, donde el debate central fue qué rumbo
debe tomar la región en busca de estrategias alternativas. Allí, la
declaración final no tomó en cuenta los conceptos que se manejaron en
instancias previas, tendientes a impulsar la despenalización de la tenencia de
drogas para consumo personal.
Pablo
Cymerman, responsable del área de Incidencia Política de Intercambios, quien
participó de las deliberaciones, aseguró que “nuestro continente ya ha
sufrido demasiado debido a políticas erróneas que agudizaron los problemas en
lugar de atenuarlos. Es hora de intentar nuevos enfoques eficaces y pacíficos
en cada país. Y es hora de que nuestros líderes encabecen estas iniciativas. Ojalá
no nos defrauden”.
Fuente Asociación Civil Intercambios
5 jun 2013
PAUTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES QUE INVOLUCREN A PERSONAS CON PRESUNTO PADECIMIENTO MENTAL
CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Mediante la resolución Nº 506 del 31 de mayo de 2013, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó las “Pautas
para
la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el
objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucren a
personas con presunto padecimiento mental o en situaciones de consumo
problemático de sustancias en riesgo inminente para
sí o para terceros”.
A través
de estas Pautas de Intervención, el Ministerio de Seguridad, tras una
tarea de revisión de criterios, adecúa
las actuaciones de los Cuerpos Policiales y de las Fuerzas de Seguridad
a la normativa internacional y a la Ley de Protección de la Salud
Mental Nº 26.657.
Además, la
resolución fija un plazo de 30 días corridos para que los altos mandos
de los Cuerpos Policiales y Fuerzas
de Seguridad adapten sus normas y procedimientos internos. También
conforma una mesa de trabajo para desarrollar capacitaciones para la
adecuada implementación de las Pautas aprobadas, con la que podrán
colaborar organismos gubernamentales y de la sociedad
civil.http://xa.yimg.com/kq/groups/17758873/1959033439/name/inf%20int%2075-13%20ANEXO%20Pautas%20Salud%20Mental%20Min%2E%20Seguridad%
Texto completo de la reglamentación de la ley de Salud Mental 26657
Mediante el decreto
http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle
Decreto 603/2013
Ley Nº 26.657. Apruébase reglamentación.
Bs. As., 28/5/2013 .
http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle
18 may 2013
La OEA analiza regulación legal de drogas en informe regional
A un año de realizada la VI Cumbre de las Américas en donde 34 jefes de
Estado y de gobierno le dieran a la Organización de Estados Americanos
(OEA) el Mandato de Cartagena, el Secretario General de dicha
organización, José Miguel Insulza, entregó hoy los resultados del
"informe sobre el problema drogas en las Américas". Dicho informe,
compuesto por dos reportes -uno analítico sobre el estado de las
políticas de drogas en la región, y otro de escenarios donde se exploran
alternativas de políticas con miras al 2025- es único en su tipo por
los siguientes motivos:
1) Surge de una iniciativa de gobiernos a partir del sentimiento compartido de los líderes de la región sobre el fracaso de la "guerra contra las drogas".
2) Su elaboración estuvo a cargo de una organización internacional gubernamental en la que Estados Unidos, principal promotor de la "guerra contra las drogas", es miembro integrante e históricamente central.
3) El objetivo principal del texto, más allá de analizar la situación actual en materia de drogas, consiste en proveer a los gobiernos con alternativas realistas de políticas en las que se incluye por primera vez la legalización y regulación de las drogas.
4) La aparición de este informe ocurre en medio de un contexto regional e internacional proclive a un debate abierto sobre drogas que recientemente ha sido alimentado por la legalización del uso recreativo del cannabis en los estados de Washington y Colorado, Estados Unidos, y la potencial adopción de un mercado regulado de la marihuana en Uruguay.
5) El reporte servirá, además, como insumo para la 42 Asamblea General de la OEA, la revisión de la estrategia global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2014, y la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en 2016.
Para México, después de seis años de implementación de la mortífera respuesta de combate frontal al narcotráfico, el texto es de particular relevancia para fomentar el urgente y necesario debate nacional a través del cual definir las reformas necesarias a la estrategia nacional sobre drogas. Es importante recordar que al finalizar su administración, el Presidente Felipe Calderón reconoció la necesidad de explorar enfoques alternativos y que el actual Presidente Enrique Peña Nieto tiene aún pendiente el reto de disminuir la violencia, y revisitar el tema a la luz de agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Fuente Espolea méxico- 17-5-2013
http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_de_Escenarios.pdf
1) Surge de una iniciativa de gobiernos a partir del sentimiento compartido de los líderes de la región sobre el fracaso de la "guerra contra las drogas".
2) Su elaboración estuvo a cargo de una organización internacional gubernamental en la que Estados Unidos, principal promotor de la "guerra contra las drogas", es miembro integrante e históricamente central.
3) El objetivo principal del texto, más allá de analizar la situación actual en materia de drogas, consiste en proveer a los gobiernos con alternativas realistas de políticas en las que se incluye por primera vez la legalización y regulación de las drogas.
4) La aparición de este informe ocurre en medio de un contexto regional e internacional proclive a un debate abierto sobre drogas que recientemente ha sido alimentado por la legalización del uso recreativo del cannabis en los estados de Washington y Colorado, Estados Unidos, y la potencial adopción de un mercado regulado de la marihuana en Uruguay.
5) El reporte servirá, además, como insumo para la 42 Asamblea General de la OEA, la revisión de la estrategia global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2014, y la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en 2016.
Para México, después de seis años de implementación de la mortífera respuesta de combate frontal al narcotráfico, el texto es de particular relevancia para fomentar el urgente y necesario debate nacional a través del cual definir las reformas necesarias a la estrategia nacional sobre drogas. Es importante recordar que al finalizar su administración, el Presidente Felipe Calderón reconoció la necesidad de explorar enfoques alternativos y que el actual Presidente Enrique Peña Nieto tiene aún pendiente el reto de disminuir la violencia, y revisitar el tema a la luz de agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Fuente Espolea méxico- 17-5-2013
http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_de_Escenarios.pdf
10 may 2013
LA SALUD MENTAL EN LA CABA” DEUDAS PENDIENTES”.
La constitución de la Ciudad de BuenosAires en su Art 20
garantiza el Derecho a la Salud Integral ,lo que dio lugar en el año 1999 a la sanción de la ley153 basica de Salud ,
en ella se establecieron las directrices que deben nutrir a todo el sistema de
salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, organizándolo y fijando los
principios para cada subsector, consagrando además los derechos de los
pacientes. En su artículo 48, se establecieron algunos parámetros para la
futura Ley de Salud Mental, fijando como plataforma, la promoción de la
desinstitucionalización progresiva, valiéndose de modalidades alternativas de
atención y reinserción social, tales como casas de medio camino, talleres
protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales de día.
Finalmente, el proceso legislativo desembocó en la sanción de la Ley Nº 448, en el año 2000. Dicha norma regula todos los aspectos vinculados al Sistema de Salud Mental para la Ciudad de Buenos Aires, recogiendo todos aquellos principios desarrollados años atrás por los diferentes organismos internacionales, con sustento en el catálogo de derechos del paciente y “la concepción de la salud mental como un proceso determinado histórica y culturalmente en la sociedad, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, promoviendo la desinstitucionalización progresiva, la implementación de camas de internaciónes breves y guardias interdisciplinarias en los hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día , emprendimientos sociales, y otros dispositivos sustitutivos.
- Habiendo transcurrido casi una década desde la
sanción de la Ley Nº 448 de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aún quedan deudas pendientes, la más grave desde nuestro punto de vista es que la Ciudad no cuenta con un Plan de
Salud Mental, no sólo por el incumplimiento de la ley 448 sino por las
consecuencias para generar un sistema de salud mental, coordinar acciones ,
recuersos materiales y humanos y evaluar el impacto de las políticas públicas
en salud mental .El único plan de Salud Metal
ha sido confeccionado por el Dr Soriano en el año 2006.Finalmente, el proceso legislativo desembocó en la sanción de la Ley Nº 448, en el año 2000. Dicha norma regula todos los aspectos vinculados al Sistema de Salud Mental para la Ciudad de Buenos Aires, recogiendo todos aquellos principios desarrollados años atrás por los diferentes organismos internacionales, con sustento en el catálogo de derechos del paciente y “la concepción de la salud mental como un proceso determinado histórica y culturalmente en la sociedad, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, promoviendo la desinstitucionalización progresiva, la implementación de camas de internaciónes breves y guardias interdisciplinarias en los hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día , emprendimientos sociales, y otros dispositivos sustitutivos.
-Con respecto a las camas de internación de Salud Mental en
los Hosp. Generales se observa un claro incumplimiento. El Hospital Piñero
cuenta con 12 camas de internacíon para hombres y 12 para mujeres, siendo así
el único hospital general para internación para ambos sexos.El hospital
Alavarez cuenta con 20 camas de internacíon exclusivamente para hombes, se
internan pacientes con cuadros agudos derivados de guardia, consultorios
externos hopial de día , juzgados y de otros hospitales ( extraído del Informe
de la comisión se seg, del la ley 448)
-En cuanto a las políticas públicas de adicciones estas
han sustraído del ambito de la Salud Mental, llevandolas a cabo el
Ministerio de Desarrollo Social, en claro incumplimiento de la Ley Nacional de
Salud Mental , art4, que dice que las adicciones deben ser abordadas como parte
integrante de las políticas de salud mental.La personas con uso problemático de
drogras,legales e ilegales, tienen todos los derechos y galanías que se
establecen en la leyen su relacón con los servicios de salud.
Cabe aclarar tambien que hay una clara tendencia a la
tercerización , contando la ciudad con 4 dipositivos propios y 23 comunidades terapeuticas que absorven casi el 80% del presupuesto de la Dirección Gral de
adiciones
- El artículo 9 de la ley 448 establece que todos los
servicios y efectores del área deben denominarse “ de Salud Mental”,sin embargo no se ha
cumplido o solo nominalmente ya que los servicios siguen siendo de” Psiquiatría”
y siguen de dependiendo de los servicios o departamentos de Medicina.
-En cuanto la los recursos humanos se observa una
disminución de profesionales, falta de nombramientos, y precarización laboral
de profesionales, encubriendo la atención por profesionales residentes,
concurrentes y becarios.
-En los presupuestos presentados en la Legislatura no se
registran partidas presupuestarias para la construcción de los dispositivos
alternativos que mánda la ley 448.
-La Ciudad de Buenos
Aires no sólo incumple con la ley 448 de Salud Mental, sino también con los
Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional a partir de la
reforma constitucional, como por ejemplo la Convención de los derechos del
niño, la Convención de personas con discapacidad, la Convención Interamericána
para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad y los principios para la
proteccion de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la
salud mental.
-Como dato anecdótico o no tanto en la actualida la
Directora General de Salud Mental del Gobierno, María Grosso se ha manifestado en contra de las leyes de Salud
Mental, tanto de la 448, de la ciudad, como de la 26.657, de la Nación. “Es
insólito que un funcionario, que debe obedecer y hacer cumplir las leyes y la
Constitución, esté y se manifieste en contra de las leyes marco de salud
mental.
-Se han
desfinanciado y desarticulado programas
relevantes como el( PAC) Programa de Atención Comunitaria a Niños/as y
Adolescentes con Trastornos Mentales Severos ,
Adop-Adopi, de atención domiciliaria. , los profesionales no cobran o
están contratados de manera precaria..No se
han construído ninguna de las casas de medio camino, ni las residencias
protegidas y sólo en algunos hospitales hay guardias interdisciplinarias.
Tampoco hay equipos de salud mental en los Cesac (Centros de Salud y Atención
Comunitaria), de atención primaria
-“ En Buenos
Aires, sólo el 25% de la población utiliza el sistema de salud pública, la
mayoría tiene cobertura privada o de seguridad social. Esto representa sólo el
5% del total de la salud. Entre hospitales, centros de atención comunitaria, de
salud mental, etcétera, hay 84 centros de salud públicos, mientras que el
sistema privado tiene sólo dentro de la Ciudad más de 1.600 instituciones. El
peso de lo privado es contundente” Angel Barraco asesor legislativo.
- Como parte
integrante de la Mesa Permanete Intersectorial de Salud Mental, exigimos junto
a los/as compañeras que la integran.
·
Desterrar
las lógicas manicomiales generando alternativas a través de la creación de
servicios de atención de salud mental (con camas de internación) en todos los
hospitales generales, de atención domiciliaria, de programas de inclusión
social, laboral, familiar y comunitaria, de cooperativas de trabajo, hospitales
de día, hospitales de noche, casas de convivencia y otros dispositivos
articulados con las áreas social y educativa.
·
Adecuar los
hospitales y centros de salud existentes al nuevo paradigma sin ningún tipo de
discriminación laboral ni pérdida de los derechos adquiridos.
·
Garantizar
un modelo de atención basado en la interdisciplina que reconozca al conjunto de
los trabajadores de la salud mental e incluya las áreas educativas, sociales y
culturales que inciden en los procesos de prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción social.
·
Reclamar un sistema de
concursos transparentes que respete rigurosamente la legislación vigente y
asegure el derecho de acceder a cargos de conducción al conjunto de los
profesionales con título de grado.
Lic Patricia Colace - mayo 2013
.
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