MESA
PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL-
- DECLARACIÓN -
Como miembro integrante de la Mesa Permanete Intersectorial de salud mental adhiero a esta declaración que comparto con todos ustedes.
A medida que avanza la gestión del actual gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se profundiza a un nivel de suma gravedad, el deterioro
del conjunto de los efectores de atención de la salud y salud mental del
subsector estatal. A este deterioro que en líneas generales, involucra el
cierre de servicios, la falta de insumos, la carencia de mantenimiento de la
infraestructura y la oposición al nombramiento de profesionales y trabajadores
para áreas críticas de la atención, se
suma el incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Constitución de
la Ciudad, la Ley Básica de Salud N°153 y la Ley de Salud Mental N°448.
Llamativamente, al accionar de los funcionarios del gobierno avasallando
la salud pública, se suma el silencio cómplice de la dirigencia de la Asociación
de Médicos Municipales (AMM), que sugestivamente
ha suscripto junto a otras entidades
gremiales, un acuerdo con el gobierno, para que este pueda avanzar sin
oposiciones en la construcción del “Nuevo Distrito Gubernamental” (antes
“Centro Cívico) en terrenos del Hospital Borda - que dicho sea de paso,
continúa con graves falencias, como es la que indignamente sufren los pacientes
internados por la falta de suministro de gas desde hace más de un año -.
Hoy cabe considerar a este “entendimiento” como un virtual cogobierno
del área de Salud, que queda explícito en el
dominio e injerencia que la AMM ejerce, desde el momento que logra
imponer a gran parte de los funcionarios
de gobierno. Como contrapartida, observamos el desconocimiento e incumplimiento de las leyes, no haciéndose
cargo así, de la necesaria transformación de un modelo anacrónico que
consecuentemente termina afectando a la población que se asiste.
Particularmente en Salud Mental y en los últimos años, resulta
lamentable la seguidilla de funcionarios impuestos en el cargo de Director
General de Salud Mental (máxima instancia jerárquica del área), en cuanto que
todos dedicaron su gestión al objetivo premeditado por un cierto sector
minoritario de la medicina y
pretendidamente “hegemónico”: no dejar que se implementen las
transformaciones que desde los criterios de la interdisciplina e
intersectorialidad, tanto la Ley 448 de la Ciudad como la Ley Nacional de
Salud Mental N°26.657 establecen muy claramente.
En el presente, la funcionaria a cargo, reitera y magnifica la
situación, al no funcionalizar los efectores y dispositivos previstos por la
ley. En cambio, sí se dedica a desarticular los existentes, tal como está
aconteciendo con el Programa de Asistencia Comunitaria para niñas, niños y
adolescentes con trastornos mentales severos (PAC). También la funcionaria, y a nueve meses de su gestión, demuestra su indiferencia por las leyes
vigentes, ya que a la fecha no ha convocado a ninguna reunión del Consejo General
de Salud Mental - instancia de asesoramiento para la autoridad del área e
integrado por representantes de: efectores del sector estatal, asociaciones gremiales
y profesionales, instituciones de formación, la Legislatura y la Justicia -.
Más allá de toda legalidad, resulta paradójico que tratándose de la
Salud Mental, alguien se niegue a escuchar.
A doce años de la sanción de la Ley 448, cabe preguntarse: ¿cómo
resulta posible que se designen funcionarios, que sin pudor y públicamente, se
manifiestan contrarios a los lineamientos establecidos por las normas legales que rigen en nuestro
distrito y el país, y que están obligados a cumplir ?.
Por último, hacer mención de otra repudiable consecuencia de este
anudamiento gubernamental-corporativo, y que refiere al total desconocimiento
que se hace respecto del llamado a concursos abiertos para cubrir cargos de
conducción en los efectores públicos estatales, tal como lo establece la Ley
Básica de Salud N°153. Muy a pesar de que esta ley está vigente desde el año
1999, persiste la variable histórica de nombrar a los directores de los
hospitales mediante metodologías que sin dudas, contradicen los lineamientos
legales.
También con este accionar arbitrario, direccionado desde la AMM y el
gobierno, en el marco de la Salud Mental ha posibilitado el desplazamiento de algunos directores de hospitales, por el sólo
hecho de trabajar en concordancia con
los postulados de la leyes de salud mental.
Esta reprobable actitud corporativa, que bajo supuesta defensa de
intereses, en realidad encubren el sostenimiento de retrógrados privilegios, en
el presente se desplazará hacia otros efectores de salud mental, como el caso
del Hospital Carolina Tobar García, que por jubilación de su actual director,
habrá de iniciarse un proceso de reemplazo y en el cual debe asegurarse y
respetarse el derecho de todos los profesionales de las diferentes disciplinas,
a presentarse a un concurso abierto, tal como lo establecen las leyes vigentes.
La Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental, acorde a sus
principios, denuncia este estado de situación y exige a las autoridades del
gobierno de la Ciudad, a cumplir sin límites con todos los lineamientos legales
vigentes, que no son otra cosa que la transformación y democratización de un
sistema de salud y salud mental digno y eficaz, tanto para la población que se
asiste, como para los profesionales y trabajadores que en él desarrollan su
labor.
