Etimológicamente adicción significa ausencia de palabra, entonces antes que luchar contra las drogas -lo que deriva en una inevitable lucha contra los adictos habría que trabajar- habría que trabajar en la reconstrucción de la palabra en tanto dadora de identidad y constructora de subjetividad.
Estereotipos o representaciones culturales definen los límites del fenómeno de las adicciones tiñéndolos de connotaciones criminales, esos estereotipos asocian la droga (en tanto concepto monolítico) a la juventud, la desviación social, la delincuencia, la enfermedad y las respuestas dominantes son generalmente de carácter represivo y se basan especialmente en tratamientos compulsivos, de aislamiento.
Hay que abandonar la óptica bélica que se viene aplicando desde los años 90, el dogma de vigilar, reprimir y castigar han fracasado como estrategia para disminuir el consumo. Hay que sacar del ámbito policial, judicial y penitenciario algo que le es propio a las políticas socio-sanitarias. La preocupación mundial por las consecuencias sociales, sanitarias, educativas, laborales y económicas que promueve el consumo legal e ilegal de droga en los ámbitos sociales y privados de las personas promovió en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la implementación de estrategias para la reducción de la demanda y la reducción de la oferta de de drogas ilegales. Estas estrategias siguen los significados que las sociedades le asignan a la problemática que deriva del consumo y tráfico de drogas ilegales, pudiendo ofrecer soluciones transitorias, tutelares, represivas, estigmatizantes, vulneradoras de derechos, inhabilitadoras de oportunidades en el campo de la demanda o bien de corrupción estructural de poder.
En la Argentina las estrategias se traducen en la aplicación de políticas de prevención y asistencia por un lado, y del control del narcotráfico por el otro, siendo la Sedronar el organismo del estado que tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas de drogas del país. Las políticas de drogas en la Argentina sostienen el esquema internacional establecido por la ley 23.737 que social, sanitaria y jurídicamente ubican a las personas usuarias de drogas en una doble lógica sanitaria de la cura y punitiva de control deslizando el control del narcotráfico hacia la penalización de la tenencia para consumo personal y la comercialización a mediana escala. Ejemplo de esto es el aumento de laboratorios para la producción de cocaína que indican que entre 1999 y 2003 se hallaron 15 pequeños laboratorios, en 2003 se hallaron 8 laboratorios en los primeros 9 meses y en 2004, 12 laboratorios. Es evidente que esta lógica no ha ofrecido resultados eficaces ni eficientes en términos sanitarios, sociales, políticos y económicos, de hecho hoy estamos preocupados por el aumento del consumo de drogas y cómo el narcotráfico determina modalidades de consumo pasando así la Argentina de su condición geopolítica de país de tránsito y consumo a país productor de cocaína. La guerra contra las drogas parece ser la condena contra los adictos mientras que para los narcotraficantes rige la ley del mercado de compra y venta de voluntades.
Modelos terapéuticos
Modelo jurídico: la droga es considerada el agente activo y el individuo sería la víctima a la que se debe proteger. La ley 23.737 pena la tenencia para consumo personal con medidas educativas y curativas.
Modelo sanitario: el uso de drogas es un problema de sanidad pública y quienes la usan deben ser curados y tratados medicamente.
Modelo psicosocial: se centra en el significado y la función del uso de sustancias que realiza el individuo como modo de comportamiento.
Abstención vs Reducción de daños
El modelo más consolidado es el abstencionista, cuyo objetivo prioritario es el abandono del consumo de drogas independientemente de cual fuera la sustancia, la frecuencia del consumo o los daños asociados. En Argentina aquellos que concurren a un servicio deben dejar de consumir para comenzar el tratamiento. Este modelo se apoya en la penalización del consumo personal y prevé la medida de seguridad curativa, es decir que la punición es reemplazada por el tratamiento.
La reducción de daños intenta moderar los problemas asociados al consumo de drogas ya sea reemplazando el uso de ciertas sustancias por otras menos nocivas o con prácticas más controladas. No obstante este modelo de intervención ha encontrado numerosas resistencias y obstáculos para su implementación y aceptación.
Paco
Se dice que el paco no es exclusivamente la droga de los pobres, que se ha extendido a la clase media, pero lo cierto es que no hay números ni datos que den cuenta de esta afirmación. Lo que sí podemos afirmar es que la llegada y rápida expansión del residuo de pasta base, parece haber inaugurado una nueva relación entre la sociedad argentina y las drogas.
La presentación recurrente de imágenes de adolescentes y jóvenes fumando en los pasillos de las villas, madres desesperadas por la muerte de sus hijos, han ido conformando una extraña y rudimentaria estrategia de información basada en la exposición cruda de los propios usuarios que han ido instalando los supuestos ideológicos más conservadores frecuentemente asociándolos con actividades ilegales y haciendo un paralelo necesario entre pobreza y droga.
El estigma, la discriminación y las sanciones sociales que recaen sobre el uso de drogas promueven el aislamiento y ocultamiento progresivo de los usuarios. Además entre los amplios efectos del largo plazo de la criminalización del uso de drogas se destacan el distanciamiento, evitación y sospecha de los usuarios respecto de las instituciones estatales. La constante referencia a la elevada toxicidad de la pasta base deja frecuentemente de lado los efectos tóxicos de las políticas y reformas económicas, su sedimentación, fragilización y deterioro de los cuerpos sociales individuales. A los padecimientos y malestares asociados a la cronificación de la pobreza, en los contextos de uso intensivo de drogas, se le agregan nuevos niveles de alienación, malestar vinculados no solo al consumo de drogas sino también a las miradas distantes, externas que los empujan al árido espacio del “menos que humano”. Los jóvenes usuarios de drogas quedan entonces depositados en un territorio caracterizado por la pérdida de derechos sociales, económicos y civiles que modificando los procesos de identidad y dignidad hacen que su vida sea difícilmente vivible y en ocasiones se convierte en no viable. (María Epele). Otro de los aspectos a recalcar es que desde la intervención socio-sanitaria no se puede plantear la irreversibilidad del adicto a la pasta base. Uno de los errores frecuentes es comunicar públicamente que no hay tratamiento posible para su recuperación. Lo que es claro es que demonizando la sustancia solo vemos un lado del problema e inhabilitamos toda posibilidad de creación y responsabilidad política “si no hay nada para hacer, para qué vamos a invertir”. Toda representación social y política que se hace sobre las drogas si parte de un solo aspecto “de la sustancia” no daremos respuestas integrales y singulares. Homogeneizar el problema de la droga como si fuera un fenómeno único, atemporal o histórico resulta ineficaz en los términos de intervención y de prácticas socio-sanitarias. Las políticas de intervención requieren del análisis del contexto socio-económico de las personas que consumen, de las características de la sustancia, de las condiciones de exclusión en el ámbito socio-comunitario, laboral, escolar y familiar. Aquí es donde aparece la responsabilidad del estado de garantizar el acceso a la salud pública a tratamientos diversos, considerando los contextos, las singularidades, y las condiciones de accesibilidad de las personas por pertenecer a sectores desfavorecidos por su situación social y económica. Cualquier persona mayor o menor de edad debiera poder acceder a tratamientos para su adicción a las drogas legales o ilegales en el ámbito público estatal y de no ser posible habilitar estrategias sanitarias como la reducción de daños.
Lic. Patricia Colace
Despacho Diputada Diana Maffía
Abril 2009
Abril 2009
