Conclusiones de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

Comparto las conclusiones de la conferencia donde la Asosiacíon Civil Intercambios fue organizadora regional de la misma. “En políticas de drogas, ya no alcanza con hablar de Derechos Humanos, hace falta pasar a la Acción. Con esa síntesis finalizó la IV Conferencia Latinoamericana Sobre Política de Drogas que reunió más de cuarenta expertos, especialistas, funcionarios, cocaleros, cultivadores y usuarios de drogas de distintas partes del mundo quienes, abordando la temática desde diversos ejes, confluyeron en la relevancia de los cambios concretos en el marco de las políticas de drogas, dando vuelo a las nuevas estrategias que surgen en la región que promueven un abordaje más humano en materia de drogas y el trabajo desde la reducción de daños. Coincidentemente con el debate promovido por la conferencia, el mandatario colombiano se unió a su par guatemalteco Otto Pérez Molina y a ex presidentes, como a destacadas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura para reiterar a través de una carta la advertencia sobre el fracaso de la estrategia conocida como “guerra contra las drogas”, que pone énfasis en la represión y la prohibición. La conferencia, que tuvo como escenario la ciudad de Bogotá, reunió más de 600 personas en la Alcaldía de la ciudad el 5 y 6 de diciembre. La IV Conferencia sobre Políticas de Drogas está patrocinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social de la Republica de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) En la primera jornada, el alcalde mayor de la capital colombiana Gustavo Petro subrayaba: “Hay una correlación entre la violencia y un estilo de políticas de drogas. La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”. En la apertura también expusieron Bo Mathiesen, titular de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC / ONUDD), Farid Samir Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Coletta Youngers, representante del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), Julián Quintero, organizadora local del encuentro y Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, organizadora regional de la Conferencia. Al explicar los motivos de la realización de la IV Conferencia, Touzé afirmó: “Queremos promover un debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas. Y queremos hacer uso de ese derecho con la intención de transformar una realidad que nos incomoda y nos duele”. Pr su parte, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia, organización anfitriona del encuentro, destacó: “No estamos aquí para discutir el fracaso de la guerra contra las drogas que ya todos conocemos, sino para concentrarnos en cómo y de qué manera cambiamos este paradigma”. Desarrollo socioeconómico ¿Qué relación tiene el fenómeno de las drogas y los procesos de desarrollo en la región? ¿Qué políticas se han elaborado para abordar la problemática? ¿Cómo valoran los efectos los distintos actores involucrados? Fueron algunas de las preguntas con que el investigador del Programa Drogas y Democracia del Trasnational Institute (TNI), de los Países Bajos, Tom Blickman, comenzó el panel Drogas y desarrollo socio-económico. En esa línea, Javier Gonzales Skaric, secretario técnico del Observatorio de Cultivos declarados Ilícitos (OCI) de Bolivia, remarcó la importancia de “generar procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos e indígenas, como verdaderos interlocutores con sus gobiernos locales, nacionales y con organismos internacionales”. Por su parte, Guillermo García Miranda, Jefe del Programa de Desarrollo Alternativo en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC/ONUDD) en Colombia, sostuvo que “el mecanismo más eficaz, eficiente y sostenible de erradicación es el desarrollo”. En ese eje, Fabiola Piñacue Achicué, fundadora y representante legal de Coca Nasa e integrante del Consejo Andino de Productores de hoja de coca de Colombia señaló como a través de Coca Nasa “buscamos generar una alternativa poder llegar con nuestros productos a cada uno de los colombianos. La resistencia de seguir dignificando la hoja de coca es tarea nuestra. La hoja de coca hace parte de nuestra geografía. Lo que hace el Plan Colombia es satanizar a la coca”. También fue eje de debate la salud en relación a las drogas. En ese sentido, Juan Carlos Celis, director general de la Fundación Procrear de Colombia señaló que “es imposible pensar un mundo sin drogas. Por esa razón, los tratamientos no pueden tener como punto de partida la abstinencia del usuario. El Estado debe proveer de los medios para que el consumo sea lo menos perjudicial posible”. Según explicó, lo que debe hacerse es “pasar de una postura basada en una política de ‘rehabilitación del adicto´ a otra que impulse la participación activa de la comunidad, organizaciones y ciudadanos para modificar la relación de los usuarios con las drogas”. Por su parte, Hugo Cohen, asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacó el déficit en cuanto a atención sanitaria: “No hay una capacitación adecuada para los profesionales de la salud ante una problemática de consumo de drogas. Una persona accede al derecho sólo cuando tiene la posibilidad de elegir: si las únicas opciones son el hospital psiquiátrico o la calle, no puede ejercer su derecho. El desafío es generar nuevas ofertas en cuanto a dispositivos de atención para que las personas puedan elegir”. También tuvieron su espacio de análisis el funcionamiento de las Salas de Consumo de Drogas que se implementaron en las últimas dos décadas en diversos países como Alemania, Australia, Canadá, España, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza. Las salas “son aceptadas por sus grupos objetivo (las poblaciones vulnerables), comunidades y otros actores clave, ayudan a mejorar el nivel de salud de las personas que consumen drogas, reducen las conductas de alto riesgo, pueden disminuir el número de muertes causadas por sobredosis y tener una repercusión sobre los índices de infección por VIH y hepatitis C, aunque se requiere de mayores evidencias para demostrar este efecto”, indicó Marie Nougier, responsable de Investigación y Publicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). A su turno, Aldemar Parra Espitia, Coordinador del área de reducción del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, se refirió a la situación actual en su país: “si bien siempre se habla de Colombia como productor, se trata también de un país consumidor. Ser vistos como un país cuya única relación con las drogas es la producción ha producido un estigma que impide ver que aquí también se consume”. http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/drogas-y-derechos-humanos-panel.jpgDerechos humanos Durante la mesa redonda sobre Drogas y Derechos Humanos fueron categóricos. “Menos palabras y más acciones, que incluyan y respeten los derechos humanos, pero no como una retórica interesante sino como aplicación efectiva”, reclamó Pablo Abarca, Consultor del Área de Género, Derechos, Diversidad cultural y Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). “El derecho a la salud existe y está establecido, pero ¿cómo lo hacemos operativo? ¿De qué sirve decir que los usuarios con consumo problemático tengan derecho a ser bien recibidos y atendidos, si no tenemos forma de operativizarlo, si no hay lugares donde esa atención se pueda llevar a cabo?”, planteó. Abarca explicó que, cuando los objetivos de los organismos de fiscalización de drogas entran en conflicto con los derechos humanos, son estos últimos los que deben primar. “Pero eso es algo que está escrito en un papel y no se aplica”, expresó. También en esa mesa redonda estuvo Wagner Coutinho Alves, miembro de la Red Latinoamericana de personas que usan drogas (LANPUD) y secretario de la Asociación de Estudios Sociales de la utilización de sustancias Psicoactivas (ABESUP) de Brasil. “Necesitamos tener participación efectiva en la elaboración de políticas dirigidas a personas que usan drogas. Cuando se tome conciencia de lo que las drogas significan para las personas, las políticas podrán ser adaptadas para respetar nuestra dignidad”, aseguró. Por su parte, otro de los participantes de esta mesa redonda, Daniel Wolfe, director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRD/OSF), cuestionó “el mito conveniente que muchos nos decimos a nosotros mismos: que es suficiente tratar a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad. Nos lo repetimos como si eso bastara. Decimos que las personas necesitan tratamiento, pero evitamos la pregunta de qué significa tratamiento”. Wolfe recordó que esto significa no sólo accesibilidad o disponibilidad, sino también no ser torturado, no ser humillado, tener derecho a la privacidad y la confidencialidad, derecho a la vida. “Muchas personas mueren en centros que operan bajo la bandera de tratamiento, de compasión, de un mejor enfoque hacia las políticas de drogas”, advirtió Oscar Parés Franquero, colaborador de la Subdirección General de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, España propuso recuperar el paradigma de la vulnerabilidad, “que nos permite no ver como inevitables los daños del consumo. Al unir la vulnerabilidad con los derechos humanos hacemos que no sean sólo unos profesionales que trabajan con ciertos grupos sino toda la sociedad la que se involucre”. Durante la segunda jornada de la Conferencia, entre las primeras ponencias estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, Secretario de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien aseguró que “Debemos implementar políticas de drogas integrales que incluyan reducción de daños. Sin reducción de daños, ninguna política de drogas es integral”. Según remarcó, “el Estado tiene como mandato ético la garantía de la dignidad humana, y la restitución a los ciudadanos de derechos vulnerados y vulnerables. No debemos ocultar los problemas, si no hacerlos visibles y actuar. Nuestro presidente ha entendido que hay que hacerse cargo del problema. La solución es la legalización. Hay que salir de las políticas que impulsa Estados Unidos, basadas en la represión, que nos ha costado muchas muertes”. A su turno, Lumena Almeida Castro Furtado, Secretaria Adjunta de Salud y coordinadora de la Política de Atención en la Red Alcohol y Drogas del Municipio de Sao Bernardo do Campo, Brasil, destacó que “hay que reconocer el territorio en el que los servicios están insertos. Caminar las calles, conocer los liderazgos locales y establecer vínculos con las organizaciones sociales. Para nosotros es muy importante la asociación con los movimientos sociales. Todo eso nos ayuda a sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad”. También participó de este panel Iván Fornís Espinosa, Técnico Superior en la gestión del Servicio de análisis de drogas de Energy Control, España, y Liz Evans, Directora ejecutiva y fundadora de PHS Community Services Society – Insite, Vancouver, Canadá. “Insite es el único lugar de inyección en América del Norte-- señaló, y se mostró satisfecha porque, después de muchos obstáculos que debieron superar para ponerlo en marcha-- “la gente de nuestra comunidad tiene un promedio de vida más alto que hace 10 años”. Luego de una primera etapa donde generó mucha resistencia en la mayoría de la población, “la gente cambió de parecer y empezó a verlo como un servicio comunitario. Finalmente, fue apoyado por los tres niveles de gobierno y por la policía local”. También se debatió sobre los marcos legales y regulatorios al problema de las drogas. En ese sentido, Pedro Vieira Abramovay, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas de Rio de Janeiro y director de Campaña de Avaaz, señaló que en 2006 en Brasil se modificó la ley con fines de “quitar la pena de prisión para los tenedores de drogas ilícitas. Algo que fue bien recibido por la población. Sin embargo, no tuvo los efectos esperados. Porque los detenidos por esa razón aumentaron”. “¿Qué fue lo que sucedió?”, preguntó el panelista. “Es que la ley brasilera tiene una gran deficiencia, que no es clara en establecer la diferencia entre la definición del tipo penal de tenencia con el tipo penal de tráfico”, respondió. Y aseguró que “muchas personas consumidoras van a la cárcel como traficantes. Hoy el 60 por ciento de las personas que quedan presas por tráfico no tienen antecedentes legales”. Otro de los panelistas, John Walsh, el coordinador Principal para el Programa de los Andes y de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de Estados Unidos, relató como recientemente “los ciudadanos de Washington y Colorado votaron por la regulación y legalización, y contaron con el apoyo de ambos partidos. No fue un voto de los fanáticos de la marihuana”. En ese sentido, “lo que es claro es que en EEUU las actitudes están cambiando. Y el apoyo de los jóvenes es más amplio que en sectores de más edad”. Por su parte, Julieta Lemaitre Ripoll, profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, de Colombia, afirmó que si bien en la actualidad en su país no existe la penalización por la tenencia para consumo personal, “el criterio de la policía para la detención sigue siendo la intención, es según la cara, o lo mandan al psiquiatra para determinar si es adicto o no”. “Cuando encuentran a estos jóvenes en la calle, la policía los detiene y según la cara, les quita o no la droga y se los llevan a una detención transitoria. No se llevan a gente que ellos estiman que son de estratos altos”, aseguró. Para Lemaitre Ripoll, “el correlato político y la práctica es distinta, mientras se tiene cierto tinte libertario en la política en la práctica todavía falta mucho por hacer”. Por otra parte, Oscar Gómez da Trindade, viceministro de Educación y Cultura y miembro permanente de la Junta Nacional de Drogas de la República Oriental del Uruguay, describió que en Uruguay trabajan “intensamente en la reducción de daños, en la educación, en la construcción de redes sociales y en la búsqueda del diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones de usuarios de drogas”. El funcionario declaró que “lo que está pasando en Uruguay en materia de políticas de drogas tiene un altísimo componente de democracia. Porque entendemos que es una responsabilidad del Ejecutivo, la regulación de la producción de cannabis”. Violencia y seguridad Edgar Gutiérrez Girón, Embajador guatemalteco en Misión Especial para la reforma de la política de drogas, subrayó como el narcotráfico y las políticas ineficientes son una amenaza para la viabilidad de la democratización y para el desarrollo de Guatemala porque son una “notable fuente de violencia y sacrificio de vidas humanas”, ya que se “se ha triplicado el número de asesinatos en Guatemala en la última década”. El otro motivo tiene que ver con que “impide un clima de normalidad para reconstruir las instituciones del Estado de Derecho”. Por su parte, el titular del Proyecto MC2 “Menos Crimen, Menos Castigo” iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, indicó que “hay que repensar la situación de fondo, la erradicación no sirve”. También recalcó que “Las políticas de interdicción han ido arrojando el fenómeno hacia zonas vulnerables”. En esa línea también la periodista Socorro Ramirez indicó que “No solo la política prohibicionista está causando más daños que la misma problemática, sino que ha habido un doble estándar en la aplicación de la política de drogas que ha hecho que los daños y esas consecuencias catastróficas hayan caído sobre los sectores más vulnerables”. Inclusión Social http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/panel-drogas-e-inclusión-social-5.jpgTránsito Ruano, directora de PASSOS, Centro de Capacitación y Educación, de El Salvador resaltó: “humanizar la política de drogas es humanizar la vida de las personas que usan drogas, es incluirlas”. En esa línea, Cesare Cattini, Director de la Fundación Social y Formativa “Arca de Noé”, de Colombia, recalcó que “para nosotros la persona debe estar en el centro de cada intervención. Lo esencial es preguntarnos qué es lo mejor para los sujetos principales de nuestra intervención. No juzgarlos y promover la autonomía”. Susana Fergusson, asesora en temas de organización de dispositivos comunitarios en el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, también fue en la misma línea. “Nuestras prácticas tienen que apuntar a reducir la inequidad y que haya sostenibilidad de los procesos”. Seminario y Premio En el marco de la Conferencia también se efectuó el II Seminario para periodistas sobre Políticas de Drogas que convocó a 25 periodistas de once países de la región y que se efectuó el día previo a la Conferencia. También en la primera jornada se hizo entrega de los tres mejores trabajos periodísticos en el marco del Premio Latinoamericano de periodismo Sobre Drogas. El jurado del Premio estuvo conformado por Andrea Domínguez, de la alternativa Viva Río de Brasil, Carlos Eduardo Huertas, editor de la Revista Semana de Colombia y Guillermo Osorno, director de Gatopardo, de México. El primer premio fue para Virginia Messi del diario Clarín de Argentina, el segundo para Humberto Padgett de León, de la Revista Emeequis de México y el tercer premio fue para Hudson Correa y Leonardo Souza, de la Revista Época Editora Globo de Brasil Eventos satélites Al mismo tiempo que se efectuaban los diversos paneles, también la conferencia fue lugar de encuentro de otros actores. Uno de esos momentos fue la reunión de jóvenes activistas de América Latina que trabajan en la reforma de la política de drogas con el propósito de intercambiar experiencias en la materia. “Los jóvenes latinoamericanos, reunidos en esta conferencia, queremos cambiar el paradigma actual de las políticas prohibicionistas de drogas que alrededor del mundo existen. Ya que somos los principales perjudicados viviendo violencias y exclusiones. Entendemos que somos los principales agentes de las transformaciones sociales, y buscamos la garantía de la participación en esta transformación de las políticas públicas sobre drogas, por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones regionales”, se expidieron a través de un comunicado También fue el caso de quienes se congregaron para hablar de los cultivos declarados no lícitos. Representantes de organizaciones sociales de diversas regiones de Colombia, representantes de ONG internacionales, expertos e investigadores evidenciaron su preocupación por “el duro contraste entre el agravamiento de las situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio ambiental, que presentan los territorios, catalogados de manera criminalizante como “cocaleros””. En ese sentido, convocaron a la realización de un Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios propios de participación de las comunidades organizadas . Por su parte, la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también se hizo presente subrayando como estos espacios, como la Conferencia, “necesitan cada vez más del protagonismo de los usuarios de drogas, identificados como tales, para que el principal problema de las drogas en la región – la marginalización y la desigualdad de derechos entre personas y pueblos – se pueda poner en foco”. También la Coalición Latinoamericana de Activistas Cannabicos participó recalcando: “Nuestras demandas básicas son el autocultivo y los Clubes Sociales de Cannabis. Apoyamos las medidas que separen a la cannabis de los mercados ilegales y recomendamos su regulación a través de mecanismos sin fines de lucro", argumentaron. CONCLUSIÓN http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/asistentes-3.jpgEn esta conferencia quedaron claras algunas de las líneas de la política de drogas que se necesitan: “Una política que proteja y estimule el desarrollo económico de los campesinos y agricultores en lugar de perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su acceso a la propiedad de las tierras, promueva su prosperidad económica y respete el uso tradicional de la hoja de coca”, señaló Pablo Cymerman, coordinador del Comité Organizador de la IV Conferencia desde la Asociación Civil Intercambios. En materia de atención al consumo, se planteó que los tratamientos no pueden tener la abstinencia como punto de partida, y una política de drogas sin reducción de daños no es integral. Las experiencias ya existen. En esta conferencia se plantearon alternativas con la participación de las y los usuarios de drogas en la definición de políticas públicas, acciones de promoción social, participación comunitaria y salas de consumo regulado, entre otras. Hasta ahora, todos los discursos llaman al respeto de los derechos de los usuarios. Hacen falta menos palabras y más acciones en este terreno: las personas que usan drogas ilícitas enfrentan a menudo situaciones de discriminación, rechazo y violencia, prisión, torturas o tratamientos compulsivos y violentos que en lugar de promover la salud y la calidad de vida incrementan su sufrimiento. En este sentido, Cymerman subrayó: “En políticas de drogas ya no alcanza con hablar de los derechos humanos, hace falta pasar a la acción. Esperemos haber pasado de la retórica del cambio de paradigma al tránsito hacia acciones concretas que construyan el nuevo paradigma que estamos reclamando. Ese es nuestro sueño, avancemos para hacerlo realidad”. http://www.conferenciadrogas.com - prensa@conferenciadrogas.com - lista@intercambios.org.ar

Presupuesto 2013 de Salud Mental desde la perspectiva de los Derechos Humanos

                                     

  Comparto con ustedes el   documento elaborado por la Mesa Permanente Interectorial de Salud Mental de la cual formo parte para los legisladores de la caba.

En momentos en que se está por sancionar la ley de presupuesto, la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental se dirige a los legisladores en general para compartir nuestra preocupación por las violaciones, en algunos casos ostensibles y en otros solapadas, de los Derechos Humanos en el área de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.

Creemos que es imperioso tomar conciencia de la importancia de la sanción de un presupuesto que asegure la vigencia de los derechos humanos fundamentales de los personas con sufrimiento mental, cumpliendo con lo establecido en la ley 448 de la Ciudad y la 26.657 de la Nación. Un presupuesto que permita la creación y el fortalecimiento de verdaderas alternativas al manicomio, en calidad y en cantidad adecuadas, implica la puesta en práctica de una ética que además de dignificar a las personas con padecimiento psíquico y a los trabajadores de la salud mental, dignificaría a los legisladores de la Ciudad.

La ética de los derechos humanos interviene en la formación de nuestra identidad como personas, como profesionales, como legisladores. En el mismo acto en que reconocemos y respetamos al otro en su dignidad nos reconocemos y respetamos a nosotros mismos. Es entonces cuando adquiere verdadero sentido lo que hacemos, más allá de circunstanciales satisfacciones de distinta índole.

Pensamos que un concepto guía para todos los aportes que puedan realizarse en salud mental es el del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  que dice: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Creemos que esa libertad e igualdad debe inspirar la inserción de los personas con sufrimiento mental en la comunidad a través de los diferentes dispositivos destinados a su atención, incluido el hospital público, de modo que lleguemos a que todos lo pacientes sean iguales en dignidad y derechos. Para ello es necesario un cambio cultural en la sociedad en general y de los médicos en particular en el caso del hospital. Se han realizado experiencias de desinstitucionalización en el país y en el exterior que prueban que ello es posible.

Como la restitución de los derechos incluye los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al trabajo, la vivienda, la recomposición de los vínculos familiares y sociales, consideramos que el presupuesto debe contemplar la siguiente asignación de recursos:

 A)  Subsidio de externación y revinculación familiar: promoción de  la recuperación de    los lazos entre el paciente y su familia para favorecer su inclusión en la vida del hogar y la reinserción comunitaria general, contribuyendo a este proceso con la prestación de un subsidio para el paciente externado.

B)     Subsidio de externación y reinserción social: promoción y apoyo para la reinserción social  y recupero de bienes  y derechos de aquellas personas con alta de internación, cuyos ingresos son insuficientes para garantizar su independencia habitacional y que, a su vez, carecen de familiares que puedan brindar acompañamiento y contención habitacional.

C) Subsidio de externación para niños y adolescentes: destinado a favorecer la reinserción de niños internados en hogares y servicios de internación, cuyos familiares se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial y requieren de apoyo para poder brindar los cuidados y necesidades en domicilio.

D)    Subsidios de  externación  y reinserción laboral: destinados a los usuarios de los emprendimientos sociales de salud mental a los efectos de favorecer la adquisición de autonomía a través de la estrategia de la empresa social y el acompañamiento para  la posterior inserción en el mercado formal e informal del trabajo.

E)     Casas de Medio Camino: para aquellos pacientes que requieren como última instancia de su tratamiento un dispositivo que le posibilite el logro de su autonomía plena. En general pueden requerir de este recurso de 6 a12 meses. Los tratamientos interdisciplinarios ambulatorios se realizarán en el área de residencia de la casa.

F)     Residencias Protegidas: son casas para pacientes que requieren de un soporte más permanente para el logro de su autonomía y donde no se cuenta con familias que puedan acompañar el proceso de los mismos. Los tratamientos interdisciplinarios ambulatorios se realizan en el área de residencia de la casa.

G)    La creación de equipos interdisciplinarios básicos de salud mental dentro de la estrategia de atención primaria de la salud (CESAC) que pueda atender diferentes padecimientos mentales en el área de residencia.

H)    Fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los hospitales generales con los dispositivos necesarios (camas de internación, hospital de día, consultorios externos para todos los grupos etáreos.

I)       Creación e inclusión dentro de los hospitales generales de dispositivos que aborden la problemática de las adicciones (unidades de desintoxicación, hospitales de día.

J)       Creación  de estructura  y asignación presupuestaria  propia del ADOP-ADOPI (hasta ahora se viene sosteniendo con profesionales de los hospitales muchos de ellos con extensión horaria y otros con suplencias de guardia).

K)    Creación de una estructura para los Emprendimientos Sociales (hasta ahora se sostienen con profesionales de los hospitales con una carga horaria compartida con el hospital y los capacitadores no tienen nombramientos, por lo tanto no cobran o se les tramita un subsidio). Contar con una estructura, considerando que por ley 448 son un efector, implicaría que las partidas de los profesionales fueran de los Emprendimientos Sociales, como también que los capacitadores tuvieran un lugar en dicha estructura y fueran designados en sus cargos.

L)     Presupuesto para redireccionar y fomentar la formación interdisciplinaria, intersectorial  y el trabajo en red, con enfoque en prácticas comunitarias, en articulación con las universidades y sociedades científicas.

Si los legisladores sancionaran un presupuesto que diera esta cobertura para la atención de la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires estarían dando un paso fundamental y sentando un precedente histórico: que finalmente se cumple la ley y que la protección de los derechos se hace realidad.
Diciembre 2012

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y Adicciones

Trabajo realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, sobre estimación de población afectada de 15 años y más por transtornos mentales y del comportamiento , año 2010.
http://www.msal.gov.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/1-estimacion-de-la-poblacion-afectada.pdf

Las Drogas y los Medios de Comunicación.

Informe realizado por el Observatorio de Políticias sociales en Adicciones Caba. 2012

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/adic/observatorio/las_drogas_en_los_medios_de_comunicacion.pdf

Dia Internacional de la Salud Mental

10 de Octubre de 2012
Día Internacional de la Salud Mental.
No es cosa de Locos, es cosa de todos.

Trabajando colectivamente para mejorar el acceso y la atención de las problemáticas de salud mental y adicciones en las redes de salud local.

Queremos una Argentina del bicentenario donde la Salud Mental no sea cosa de locos sino cosa de todos. Y es posible lograrlo porque estamos transitando un pe

ríodo de cambio de paradigma, pasando del modelo de atención centrado en la patología y en el hospital psiquiátrico, al modelo que reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y que sustituye al hospital psiquiátrico por una red sociosanitaria que está en la comunidad. Este pasaje implica dejar de lado las prácticas de encierro y aislamiento y reemplazarlas por prácticas inclusivas y respetuosas de los derechos humanos, civiles y sociales, que entre todos debemos garantizar.

El esfuerzo en este cambio debe ser colectivo, porque significa que como sociedad reconocemos a la salud mental como un estado necesario para una salud plena en general. Este es el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada y promulgada a fines del año 2010, nuestra herramienta jurídica para materializar este cambio y garantizar políticas públicas inclusivas. Hoy más que nunca invitamos a tener presente la definición de salud mental del artículo 3 de la Ley 26.657: "En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de: a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona; c) Elección o identidad sexual; d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización".

Desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, perteneciente a la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud de la Nación, nos proponemos trabajar articuladamente con todas las provincias para el fortalecimiento de una red de servicios con base en la comunidad, en todo el territorio nacional. Este fortalecimiento significa mejorar el acceso y la atención de las problemáticas de salud mental y adicciones de las redes de salud local, haciendo especial énfasis en los hospitales generales, los Centros de Salud, los Centros Integradores Comunitarios y los dispositivos habitacionales y laborales necesarios para la rehabilitación psicosocial de las personas, teniendo en cuenta que la inclusión social del usuario que se acerca a un servicio debe comenzar en el momento mismo de la admisión, no en el momento del alta. Por eso, cuando hablamos de trabajar articuladamente para lograr la inclusión social de una persona, tenemos en claro que es indispensable la vinculación y el compromiso de todos los sectores, gubernamentales y de la sociedad civil.

Además de fortalecer la Red de Servicios, nos propusimos trabajar prioritariamente en el abordaje integral de dos problemáticas que prevalecen en todo el país: una de ellas es el consumo problemático de sustancias, especialmente de alcohol, y la otra es la prevención del suicidio.

Para llevar adelante todas estas tareas, consideramos fundamental recuperar la historia de cada lugar, con sus protagonistas, con sus actores sociales e institucionales, porque pensamos que sólo así podremos elaborar y planificar acciones acordes a la realidad de cada territorio y promover la participación activa de las familias y la comunidad en general para seguir transformando prácticas. Porque otra realidad es posible, una realidad donde la salud mental es con todos, entre todos y para todos.
Publicación del Ministerio de Salud de la Nacion

DEBATES Y DESAFÍOS EN LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN DE ADICCIONES

 Hace más de un año hicimos  un trabajo sobre  "El ocultamiento de las mujeres en el consumo de sustancias psicoactivas." hoy me alegra ver que otras personas tambien están preocupadas por el mismo tema.
En el blog  pueden encontar el trabajo que les contaba y les paso el link de la investigación de las colegas.

http://www.sada.gba.gov.ar/prevencion/04_Parga_Villa_y_Aredez_Debates_y_desafios_.pdf

OEA - Informe sobre el Uso de Drogas en las Américas 2011 | OAS - Report on Drug Use in the Americas 2011

Comparto el informe elaborado por el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), sobre la base de la información producida por los observatorios nacionales o entidades equivalentes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dicho informe, es el primer análisis regional sobre el consumo de drogas en el Hemisferio Occidental entre 2002 y 2009, y se enfoca en el estudio sobre cinco grupos de sustancias: alcohol, inhalables, cocaína y productos relacionados, marihuana y el uso no médico de productos farmacéuticos; y analiza los riesgos asociados al consumo de drogas y su fácil acceso.

El OID fue creado en el año 2000 como el área de la CICAD encargada de las estadísticas, información e investigación cuya misión es contribuir a promover y desarrollar una red de información sobre drogas en las Américas que ofrezca información objetiva, confiable, oportuna, y comparables para que los Estados Miembros puedan diseñar e implementar políticas y programas para combatir el problema de las drogas en todas sus dimensiones.

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.pdf

PREOCUPACION DE UN COMITE DE LA ONU POR LA SITUACION DE LA SALUD MENTAL EN EL PAIS

Los pacientes sin autonomía

El Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad advirtió sobre “inconsistencias” del proyecto de reforma al Código Civil, cuestionó las “internaciones involuntarias prolongadas” y pidió reglamentar la ley de Salud Mental.

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas manifestó su “preocupación” por las “inconsistencias” del actual proyecto de reforma del Código Civil, en lo que concierne a “respetar la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad psicosocial”; también señaló que en la Argentina “las internaciones involuntarias y prolongadas siguen prevaleciendo” por lo cual “insta al Estado a implementar planes de salud mental basados en el modelo de derechos humanos”; también expresó inquietud porque “no se respetan las garantías del debido proceso” a las personas consideradas inimputables; señaló que “no se reconoce el derecho a formar una familia” a personas con problemas de salud mental, a quienes a menudo les son arrebatados los hijos, y advirtió que “la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental está en riesgo” porque el Poder Ejecutivo Nacional todavía no la reglamentó. El dictamen del Comité está en línea con un informe que en su momento le hicieron llegar el CELS y otros organismos.

El Comité está a cargo de monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhirió la Argentina. El dictamen “urge al Estado argentino a la inmediata revisión de la legislación que, basada en la sustitución de la toma de decisiones, priva a la persona de su capacidad jurídica”; el organismo “expresa su preocupación por las inconsistencias con la Convención contenidas en el proyecto de reforma del Código Civil”, que “deja a total discreción del juez la decisión de designar un curador o de determinar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad tomen decisiones”. Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del CELS, explicó a este diario que “la Convención señala que todas las personas son jurídicamente capaces y que el Estado debe proveer de apoyo para que ejerzan esa capacidad: designar personas, propuestas incluso por el mismo interesado, que la ayuden a tomar decisiones, pero sin sustituir su voluntad. En cambio, el actual proyecto de reforma al Código Civil (elaborado por una comisión que presidió Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema) permite al juez inhabilitar a la persona, y los jueces tienden a tomar ese camino fácil y ponerle un curador”.
El proyecto de reforma está siendo tratado en el Congreso de la Nación por una comisión bicameral. Leonardo Gorbacz –quien, como diputado, presentó el proyecto que dio lugar a la Ley Nacional de Salud Mental, y actualmente es asesor sobre legislación en la Sedronar– señaló que “especialistas convocados por los legisladores trabajan para adecuar el Código Civil en este punto”.
En otra de sus advertencias, el Comité “observa con preocupación que la internación involuntaria y prolongada sigue prevaleciendo, a pesar de que la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, se centra en el modelo de derechos humanos”, por lo cual “insta al Estado a implementar planes de salud mental” que propicien “la desinstitucionalización”. Sabin Paz observó que “la ley 26.657 plantea un plan progresivo de desinstitucionalización, del cual no se concretó prácticamente nada; es necesario que, reglamentada la ley, se elabore un plan nacional de salud mental”.
Pero el Comité de Naciones Unidas advierte que “la implementación de la ley 26.657 (promulgada en diciembre de 2010) está en riesgo, porque su reglamentación todavía no fue efectuada y la conformación de su órgano de revisión sigue pendiente”. La entidad “lamenta también la falta de mecanismos para garantizar el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad para recibir cualquier tratamiento”. Sabin Paz precisó que “la reglamentación es imprescindible para que empiece a funcionar el órgano de revisión, con participación de la sociedad civil, que la ley establece para examinar las internaciones prolongadas y detener toda violación a los derechos humanos”. Sin embargo, aclaró la representante del CELS, “en muchos aspectos la ley puede y debe aplicarse, y la falta de reglamentación opera como excusa de muchas jurisdicciones para no implementarla”.
Una alta fuente del Ministerio de Salud dijo a este diario que “el proyecto de reglamentación de la Ley de Salud Mental había sido enviado por esta cartera a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que lo devolvió para que le hiciéramos ajustes técnicos formales; éstos ya fueron introducidos, de modo que en esta semana lo enviaremos nuevamente a esa dependencia”.
El Comité de Naciones Unidas señaló también que, en la Argentina, “cuando una persona con discapacidad psicosocial o intelectual es declarada inimputable en un procedimiento penal, no se respetan las garantías y se la priva de la libertad sin que siquiera se acredite su vinculación con el hecho”. Sabin Paz comentó que “estas personas no cuentan con la posibilidad de ser escuchadas por el juez y de contar con un abogado defensor; no cuentan con las garantías que valen para los presos comunes”.
El dictamen del Comité tomó en cuenta un informe que suscribieron el CELS, REDI, Faica, Fendim y ADC.

  Por Pedro Lipcovich- Pag 12- 5-10-2012

Avances de la Ley Nacional de Salud Mental 26657

Comparto con todos la Resolución de la Defensoría General de la Nación 1102 del 2012 mediante la cual faculta a los abogados del art. 22 de la ley de Salud Mental a ingresar a los establecimientos, tomar contacto directo con sus representados y hacer las presentaciones judiciales y extra judiciales que corresponda, e incluso labrar actas para registrar la preferencia de las personas internad

http://es.scribd.com/doc/106580968/Res-DGN-1102-12-Facultades-Unidad-de-Letrados-Art-22-Ley-26657

La Salud Mental de la Caba en crisis

 

  MESA PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL-

- DECLARACIÓN -

                                Como miembro integrante de la Mesa  Permanete Intersectorial de salud mental adhiero a esta declaración que comparto con todos ustedes.                                                                                              

A medida que avanza la gestión del actual gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se profundiza a un nivel de suma gravedad, el deterioro del conjunto de los efectores de atención de la salud y salud mental del subsector estatal. A este deterioro que en líneas generales, involucra el cierre de servicios, la falta de insumos, la carencia de mantenimiento de la infraestructura y la oposición al nombramiento de profesionales y trabajadores para áreas críticas de la atención,  se suma el incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Constitución de la Ciudad, la Ley Básica de Salud N°153 y la Ley de Salud Mental N°448.

Llamativamente, al accionar de los funcionarios del gobierno avasallando la salud pública, se suma el silencio cómplice de la dirigencia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM),  que sugestivamente  ha suscripto junto a otras entidades gremiales, un acuerdo con el gobierno, para que este pueda avanzar sin oposiciones en la construcción del “Nuevo Distrito Gubernamental” (antes “Centro Cívico) en terrenos del Hospital Borda - que dicho sea de paso, continúa con graves falencias, como es la que indignamente sufren los pacientes internados por la falta de suministro de gas desde hace más de un año -.

Hoy cabe considerar a este “entendimiento” como un virtual cogobierno del área de Salud, que queda explícito en el  dominio e injerencia que la AMM ejerce, desde el momento que logra imponer a gran parte  de los funcionarios de gobierno. Como contrapartida, observamos el desconocimiento  e incumplimiento de las leyes, no haciéndose cargo así, de la necesaria transformación de un modelo anacrónico que consecuentemente termina afectando a la población que se asiste.

Particularmente en Salud Mental y en los últimos años, resulta lamentable la seguidilla de funcionarios impuestos en el cargo de Director General de Salud Mental (máxima instancia jerárquica del área), en cuanto que todos dedicaron su gestión al objetivo premeditado por un cierto sector minoritario de la medicina y  pretendidamente “hegemónico”: no dejar que se implementen las transformaciones que desde los criterios de la interdisciplina e intersectorialidad, tanto la Ley 448 de la Ciudad como la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 establecen muy claramente.

En el presente, la funcionaria a cargo, reitera y magnifica la situación, al no funcionalizar los efectores y dispositivos previstos por la ley. En cambio, sí se dedica a desarticular los existentes, tal como está aconteciendo con el Programa de Asistencia Comunitaria para niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales severos (PAC). También la funcionaria,  y a nueve meses de su gestión,  demuestra su indiferencia por las leyes vigentes, ya que a la fecha no ha convocado a ninguna reunión del Consejo General de Salud Mental - instancia de asesoramiento para la autoridad del área e integrado por representantes de: efectores del sector estatal, asociaciones gremiales y profesionales, instituciones de formación, la Legislatura y la Justicia -.

Más allá de toda legalidad, resulta paradójico que tratándose de la Salud Mental, alguien se niegue a escuchar.

A doce años de la sanción de la Ley 448, cabe preguntarse: ¿cómo resulta posible que se designen funcionarios, que sin pudor y públicamente, se manifiestan contrarios a los lineamientos establecidos por  las normas legales que rigen en nuestro distrito y el país, y que están obligados a cumplir ?.

Por último, hacer mención de otra repudiable consecuencia de este anudamiento gubernamental-corporativo, y que refiere al total desconocimiento que se hace respecto del llamado a concursos abiertos para cubrir cargos de conducción en los efectores públicos estatales, tal como lo establece la Ley Básica de Salud N°153. Muy a pesar de que esta ley está vigente desde el año 1999, persiste la variable histórica de nombrar a los directores de los hospitales mediante metodologías que sin dudas, contradicen los lineamientos legales.

También con este accionar arbitrario, direccionado desde la AMM y el gobierno, en el marco de la Salud Mental ha posibilitado el desplazamiento de  algunos directores de hospitales, por el sólo hecho de trabajar  en concordancia con los postulados de la leyes de salud mental.

Esta reprobable actitud corporativa, que bajo supuesta defensa de intereses, en realidad encubren el sostenimiento de retrógrados privilegios, en el presente se desplazará hacia otros efectores de salud mental, como el caso del Hospital Carolina Tobar García, que por jubilación de su actual director, habrá de iniciarse un proceso de reemplazo y en el cual debe asegurarse y respetarse el derecho de todos los profesionales de las diferentes disciplinas, a presentarse a un concurso abierto, tal como lo establecen las leyes vigentes.

La Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental, acorde a sus principios, denuncia este estado de situación y exige a las autoridades del gobierno de la Ciudad, a cumplir sin límites con todos los lineamientos legales vigentes, que no son otra cosa que la transformación y democratización de un sistema de salud y salud mental digno y eficaz, tanto para la población que se asiste, como para los profesionales y trabajadores que en él desarrollan su labor.

                                           

                                                                      

                                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 201

Los rostros de la droga

Comparto con  ustedes un interesante multimedia donde los principales actores relacionados  con las droga hablan sobre legalización y despenalizacíon.

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/legalizacion-drogas-col/

A un año de la sanción de la Ley de Salud Mental 26657

Informe realizado por la Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

http://asesoria.jusbaires.gob.ar/sites/default/files/06_Panoramicas_salud_mental.pdf

LA POLÍTICA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (2007-2011)

 Comparto informe realizado por la Asesoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

http://asesoria.jusbaires.gob.ar/sites/default/files/2012.04.11PuertasAdentroFINAL.pdf

Informe Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires

Sobre Atención clínica y social de las adicciones en servicios del sistema de Salud - Relevamiento. Período exáminado Año 2010. Fecha de emisión Mayo 2012. Objetivo de la auditoría Identificar las debilidades y áreas críticas de los servicios que atienden patologías relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
 Algúnas conclusiones: DEBILIDADES: A) GENERALES: 1. Las áreas de prevención, asistencia y reinserción no están integradas de modo que permitan la implementación de acciones integrales en el tratamiento de las adicciones como establece el marco normativo (Ley 2318). 2. En el ámbito del Ministerio de Salud no se dispone de instituciones para alojar personas con patologías por la utilización de sustancias psicoactivas. Existen dificultades en los hospitales del sistema, ya sean especializados (psiquiátricos) o en los servicios de salud mental de los hospitales generales de agudos que cuentan con salas de internación, para la incorporación de pacientes con adicciones. 3. Imposibilidad de seguimiento de pacientes internados en instituciones conveniadas. 4. No existe información centralizada y actualizada sobre la incidencia y la prevalencia de patologías adictivas, las fichas epidemiológicas no se remiten de manera sistemáticalo que favorece el subregistro. 5. Falta de recursos humanos asignados para la atención de adicciones, (Hospital Argerich, Centro de Salud Mental N°3, Hospital Elizalde, Hospital Gutiérrez, Centro N° 1 se Salud Mental, Centro Carlos Gardel. 6. Pese a que se ha detectado prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en niños no se han definido acciones ni previsto dispositivos que permitan articular los recursos disponibles entre las distintas áreas (Educación, Desarrollo Social y Salud) Las unidades de toxicología existentes resuelven las situaciones agudas pero no existen dispositivos específicos para su seguimiento y orientación, con un alto porcentaje de abandonos tratamientos y fuga de pacientes. 7. Seguridad insuficiente en las Unidades de Guardia. 8. La red de Adicciones no tiene definido un cronograma de reuniones ni se registran en libros de Actas 9. No está implementado un sistema de referencia/contrarreferencia formal para seguimiento de las derivaciones
 REGIÓN SANITARIA Nº 1 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”: 10. Salud Mental: Existe un subregistro de las prestaciones debido a la falta de sistematización y clasificación de los datos. 11. Falta de asignación horas profesionales. 12. Guardia: no cuentan con un lugar específico para la atención de pacientes adictos. HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE: 13. No existe un equipo específico de atención de adicciones, solo una profesional psiquiatra es la especialista referente, pero no cuenta con designación formal. 14. No se realizan acciones de prevención en las escuelas, Se interrumpieron por falta de recursos. 15. No cuentan con camas para la internación en la Unidad de Toxicología CENTRO DE SALUD MENTAL Nº 3 “DR. A. AMEGHINO” 16. La mayor proporción de profesionales asignados están en condición de concurrentes (un solo profesional rentado). 17. Las estadísticas que elabora el sector no son elevadas a la Dirección ni a la Red. CENTRO CARLOS GARDEL DE ASISTENCIA EN ADICCIONES 18. Falta de estructura orgánica. 19. No cuenta con designación para el cargo de jefatura, la misma es ejercida por un profesional perteneciente a la planta del Hospital Piñero que se encuentra en comisión, que anualmente debe ser renovada . 20. Falta de designación de profesionales (cinco lic. en Psicología contratados). HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J.A. PENNA”: CENTRO DE DÍA DE LAS ADICCIONES DR. ENRIQUE BIEDAK 21. Déficit de espacio físico. Deterioro en la estructura. Guardia: 22. Carecen de toxicólogo y psiquiatra de guardia. 23. Dificultades para la derivación. HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ: 24. No se efectúan tratamientos asistenciales específicos para esta patología. 25. Se realiza seguimiento de patologías detectadas durante el embarazo y puerperio pero no hay continuidad. Se derivan. 26. Los datos estadísticos son generales del servicio, no llevan registros de pacientes por consumo de sustancias psicoactivas.

 REGIÓN SANITARIA Nº 2 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "P. PIÑERO" División Salud mental: 27. No interna a pacientes adictos. 28. No se ha creado aún la Unidad de Desintoxicación. Consultorios Externos de Salud Mental (adicciones): 29. El espacio físico es limitado y genera restricciones en la atención. 30. No cuentan con teléfono de línea, Internet ni calefacción.

 REGIÓN SANITARIA Nº 3 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ” 35. El servicio no tiene un equipo especializado para atender adicciones, realizan orientación y derivación de la demanda externa de adicciones. Las entrevistas por Adicciones en consultorios externos se realizan una vez por semana en horario matutino, durante una hora y media. 36. Los pacientes adultos consumidores de sustancias que realizan la admisión general en Salud Mental son derivados directamente a los efectores sin pasar por la Admisión de adicciones. Tampoco son registrados por los pacientes evaluados en la sala, ambas circunstancias que favorecen el subregistro. 37. No existen estadísticas unificadas de Consultorios Externos y pacientes internados. 38. No hay seguimiento de las derivaciones.

 REGIÓN SANITARIA Nº 4 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. J. FERNANDEZ: 39. El espacio físico es insuficiente y disfuncional en relación a la atención. 40. La disponibilidad de camas es insuficiente dado que recibe las derivaciones para internación para la desintoxicación por sustancias psicoactivas de todo el sistema de público de salud. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA 41. Falta de privacidad en los consultorios divididos por tabiques. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA 41. Falta de privacidad en los consultorios divididos por tabiques. CENTRO N° 1 DE SALUD MENTAL “DR. HUGO ROSARIOS”: 42. Falta de designación formal de los profesionales del área (el 90% está constituidos por becarios, concurrentes y pasantes) 43. Falta de aprobación estructura orgánico-funcional del Centro. 44. No cuentan con psiquiatras, ni asistentes sociales pertenecientes al equipo de atención de adicciones. 45. No hay consultorios específicos para adicciones 46. No cuentan con servicio de seguridad. HOSPITAL DE NIÑOS DR. R. GUTIERREZ: 47. No cuentan con personal de enfermería con capacitación especial para la atención de pacientes con patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. 48. No cuentan con camas para la internación en la Unidad de Toxicología. 49. No cuentan con recursos ni espacio físico para la rehabilitación.
 La complejidad que implica abordar las causas y consecuencias del uso indebido de sustancias psicoactivas requiere la integración y el concurso de políticas públicas y múltiples disciplinas, que amplíen el alcance de esfuerzos sectoriales, tornándolos más eficientes y efectivos. La necesidad de desarrollar acciones combinadas con otras áreas y efectores, orientada a la búsqueda de soluciones para esta problemática que afecta de manera grave y creciente a grupos poblacionales de menor edad, contrasta con la implementación de propuestas y programas fragmentados de difícil evaluación y seguimiento. La falta de estadísticas centralizadas impide la elaboración de un análisis epidemiológico que facilite la toma de decisiones respecto de la asignación de recursos y modificaciones en la dinámica organizativa y funcional del sistema. La integración de equipos que actúen interdisciplinariamente, en un contexto de protección para los pacientes y los profesionales se ve dificultada por la falta de designaciones, de espacio físico adecuado y seguridad. Estos aspectos, no obstante estar contemplados en la normativa vigente, registran limitaciones y atrasos en su implementación en el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período relevado La existencia de una red metropolitana en el contexto de la salud mental no ha podido garantizar el funcionamiento mancomunado de los efectores que la componen ni reproduce los esfuerzos de quienes la integran para lograr mayores y mejores resultados.

Aumento de Mujeres presas por Mulas

VERDADERO Lo afirmó Silvia Martínez, defensora pública nacional. La gran mayoría de las mujeres del sistema federal está presa por delitos vinculados al narcotráfico. Silvia Martínez, defensora pública nacional, afirmó en un entrevista en Radio Continental que la mayoría de las mujeres presas lo estaban por narcotráfico. Ante la pregunta si seis de cada diez mujeres se encontraban en esa situación por “mula”, respondió: “Efectivamente (…) puede ser que alguna no sea por “mula”, sino por pequeña venta, pero la gran mayoría están ahí por transporte.” Las cifras dan cuenta de que efectivamente, de las mujeres detenidas en el sistema penitenciario federal, la gran mayoría lo está por delitos ligados al narcotráfico. Un estudio hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre las mujeres detenidas en las cárceles federales pone en evidencia que “casi 7 de cada 10 mujeres responden que están procesadas o condenadas por delitos vinculados con las drogas. De las detenidas, el 16,2% de ellas lo está por delitos contra la propiedad y sólo el 14,2% por delitos contra las personas. El restante 3,4%, está procesado o condenado por otro tipo de delitos”. “La gran mayoría de las mujeres está detenida por micro tráfico o pequeña venta de drogas, lo que se explica por la persecución a los eslabones más débiles de la cadena”, explicó Anabella Museri, investigadora del CELS. En el caso de la Provincia de Buenos Aires la competencia de la ley de estupefacientes se transfirió del ámbito federal a la jurisdicción provincial, por lo que es la Provincia la encargada de fiscalizar los delitos relacionados a la ley. Entre el traspaso de la competencia en 2006 hasta hoy, la población carcelaria femenina aumentó un 80%, mientras que la población total lo hizo en un 14 por ciento. El porcentaje de presas por delitos vinculados a esta ley es el 44% del total de mujeres encarceladas en la Provincia. En el caso de los hombres no se observa el mismo peso de los delitos vinculados al tráfico de drogas. En el total de población carcelaria federal, en la cual las mujeres representan el 8%, los delitos más comunes son aquellos ligados a la ley de estupefacientes, pero en un porcentaje menor que en el caso de la mujeres: representan el 26% del total, seguido por los hurtos, con el 24%; y los robos, con el 17%, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (SNEEP). “Desde los ’90, cuando empezó a aplicarse la ley de estupefacientes 23.737, fue aumentando la cantidad de mujeres presas en las cárceles federales, que en su gran mayoría están ahí por este tipo de delitos”, explicó Alcira Daroqui, directora de la carrera de Sociología en la UBA y especialista en temas penales. Y agregó: “Se trata de 'mulas' o de mujeres que vendían drogas a pequeña escala. Es una persecución del menudeo, no se ve en las cárceles a los escalones más altos de las cadenas de tráfico.”  En la gran mayoría de los casos, las mujeres detenidas están por primera vez en prisión, como concluye el estudio del CELS: “La inmensa mayoría de las presas son primarias: el 80% no estuvo detenida en otra oportunidad.” En cuanto a la situación en la que se encuentran las mujeres, la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte en su último informe que en “el caso de las mujeres el porcentaje de procesadas es aún mayor que para el conjunto de los detenidos en cárceles federales, alcanzando el 62%”. Tal es el porcentaje de presas que no han sido juzgadas y son, por lo tanto, constitucionalmente inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Fuente Chequeado.com  Por Olivia Sohr -julio 212

Drogas y cárceles en Uruguay

 El caso de Alicia Catilla una  Argentina de 66 años que vive en Uruguay, cultiva marihuana para consumo personal y estuvo detenida 95 días.
Imperdible su relato.

http://www.youtube.com/watch?v=nIla5Bhoaeo&feature=player_embedded

Declaracíon De La Mesa Intersectorial De Salud Mental

Comparto la declaracíon  ratificada por el plenario realizado por la Mesa Intersectorial de Salud Mental , que se llevo a cabo el día 4 de julio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
 

- MESA PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL-

- DECLARACIÓN -

                                                                                  

A medida que avanza la gestión del actual gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se profundiza a un nivel de suma gravedad, el deterioro del conjunto de los efectores de atención de la salud y salud mental del subsector estatal. A este deterioro que en líneas generales, involucra el cierre de servicios, la falta de insumos, la carencia de mantenimiento de la infraestructura y la oposición al nombramiento de profesionales y trabajadores para áreas críticas de la atención,  se suma el incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Constitución de la Ciudad, la Ley Básica de Salud N°153 y la Ley de Salud Mental N°448.

Llamativamente, al accionar de los funcionarios del gobierno avasallando la salud pública, se suma el silencio cómplice de la dirigencia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM),  que sugestivamente  ha suscripto junto a otras entidades gremiales, un acuerdo con el gobierno, para que este pueda avanzar sin oposiciones en la construcción del “Nuevo Distrito Gubernamental” (antes “Centro Cívico) en terrenos del Hospital Borda - que dicho sea de paso, continúa con graves falencias, como es la que indignamente sufren los pacientes internados por la falta de suministro de gas desde hace más de un año -.

Hoy cabe considerar a este “entendimiento” como un virtual cogobierno del área de Salud, que queda explícito en el  dominio e injerencia que la AMM ejerce, desde el momento que logra imponer a gran parte  de los funcionarios de gobierno. Como contrapartida, observamos el desconocimiento  e incumplimiento de las leyes, no haciéndose cargo así, de la necesaria transformación de un modelo anacrónico que consecuentemente termina afectando a la población que se asiste.

Particularmente en Salud Mental y en los últimos años, resulta lamentable la seguidilla de funcionarios impuestos en el cargo de Director General de Salud Mental (máxima instancia jerárquica del área), en cuanto que todos dedicaron su gestión al objetivo premeditado por un cierto sector minoritario de la medicina y  pretendidamente “hegemónico”: no dejar que se implementen las transformaciones que desde los criterios de la interdisciplina e intersectorialidad, tanto la Ley 448 de la Ciudad como la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 establecen muy claramente.

En el presente, la funcionaria a cargo, reitera y magnifica la situación, al no funcionalizar los efectores y dispositivos previstos por la ley. En cambio, sí se dedica a desarticular los existentes, tal como está aconteciendo con el Programa de Asistencia Comunitaria para niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales severos (PAC). También la funcionaria,  y a nueve meses de su gestión,  demuestra su indiferencia por las leyes vigentes, ya que a la fecha no ha convocado a ninguna reunión del Consejo General de Salud Mental - instancia de asesoramiento para la autoridad del área e integrado por representantes de: efectores del sector estatal, asociaciones gremiales y profesionales, instituciones de formación, la Legislatura y la Justicia -.

Más allá de toda legalidad, resulta paradójico que tratándose de la Salud Mental, alguien se niegue a escuchar.

A doce años de la sanción de la Ley 448, cabe preguntarse: ¿cómo resulta posible que se designen funcionarios, que sin pudor y públicamente, se manifiestan contrarios a los lineamientos establecidos por  las normas legales que rigen en nuestro distrito y el país, y que están obligados a cumplir ?.

Por último, hacer mención de otra repudiable consecuencia de este anudamiento gubernamental-corporativo, y que refiere al total desconocimiento que se hace respecto del llamado a concursos abiertos para cubrir cargos de conducción en los efectores públicos estatales, tal como lo establece la Ley Básica de Salud N°153. Muy a pesar de que esta ley está vigente desde el año 1999, persiste la variable histórica de nombrar a los directores de los hospitales mediante metodologías que sin dudas, contradicen los lineamientos legales.

También con este accionar arbitrario, direccionado desde la AMM y el gobierno, en el marco de la Salud Mental ha posibilitado el desplazamiento de  algunos directores de hospitales, por el sólo hecho de trabajar  en concordancia con los postulados de la leyes de salud mental.

Esta reprobable actitud corporativa, que bajo supuesta defensa de intereses, en realidad encubren el sostenimiento de retrógrados privilegios, en el presente se desplazará hacia otros efectores de salud mental, como el caso del Hospital Carolina Tobar García, que por jubilación de su actual director, habrá de iniciarse un proceso de reemplazo y en el cual debe asegurarse y respetarse el derecho de todos los profesionales de las diferentes disciplinas, a presentarse a un concurso abierto, tal como lo establecen las leyes vigentes.

La Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental, acorde a sus principios, denuncia este estado de situación y exige a las autoridades del gobierno de la Ciudad, a cumplir sin límites con todos los lineamientos legales vigentes, que no son otra cosa que la transformación y democratización de un sistema de salud y salud mental digno y eficaz, tanto para la población que se asiste, como para los profesionales y trabajadores que en él desarrollan su labor.

                                           

                                                                      

                                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2012

INFORME CONSORCIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS

Comparto un informe  sobre  los retos que enfrenta el Consejo
Suramericano sobre el Problema
Mundial de las Drogas de UNASUR.
http://dl.dropbox.com/u/64663568/library/IDPC-Briefing-Paper_Los-retos-que-enfrenta-el-Consejo-Suramericano-sobre-el-Problema-Mondial-de-las-Drogas-de-UNASUR.pdf

A un año de la sancion de la Ley de Salud Mental 26657

Comparto con ustedes un informe presentado por la Asesoría General Tutelar, del estado de situacíon de la implementacíon de la ley Nacional de Salud Mental
.http://asesoria.jusbaires.gob.ar/sites/default/files/06_Panoramicas_salud_mental.pdf

Histórico informe publicado antes de la Conferencia Mundial de SIDA de 2012 en Washington

Seis ex Presidentes, Richard Branson y otros líderes mundiales:
La criminalización del uso de drogas fomenta la pandemia global de VIH/SIDA
http://globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/GlobalCommissiononAIDSpanish.pdf

Adios al Manicomio II Parte

Nos muestra el rechazo de gran parte de la sociedad.en la aplicacíon de este proyecto.

http://www.youtube.com/watch?v=BOn1D59Q1mc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BOn1D59Q1mc&feature=related

Adios al Manicomio

Documental que describre el proceso de transformación llevado a cabo bajo la gesitión del Dr. Pellegrini al frente del ex hospital Psiquiátrico de San Luis, hoy Hospital escuela
.http://www.youtube.com/watch?v=ShLwxnqVJvU&feature=related

Despenalización razonable

Comparto una nota  de Juan Gabriel Tokatlian donde nos plantea  plantea que no se puede optimizar el actual paradigma: hay que refurmularlo.
 Nos propone tres ideas de un futuro plan integral en materia de drogas
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196680-2012-06-19.html

Latinoamerica recláma un nuevo enfoque en las políticas de drogas

Miembros de América Latina del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) pide un nuevo enfoque en estrategias de control de drogas

Junio de 2012

Las organizaciones de América Latina y las que trabajamos en la región, pertenecientes al Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), reivindicamos el derecho democrático y soberano de nuestros respectivos países para corregir todo lo necesario en la actual política de drogas, así como exigimos a la comunidad internacional reunida en el Thematic Debate of the 66th Session of the United Nations General Assembly on Drugs and Crime as a Threat to Development on the Occasion of the UN International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, y en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas hacer reformas profundas a las actuales políticas de drogas. 

Somos conscientes que las instituciones democráticas de América Latina sufren inmensas presiones  de los intereses relacionados con el crimen organizado en torno a las drogas; que las mafias se están fortaleciendo en la región extendiendo sus intereses a otras actividades ilegales rentables; y que la así llamada “guerra contra las drogas” tiene en la región muchas de las más graves “consecuencias no intencionales” del sistema de control internacional de sustancias referidas por la propia Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

 Instamos a la comunidad internacional a un cambio real, inmediato y sustancial, en el que: 

• Se reestructuren las prioridades y metas de todas las políticas hacia las drogas, incluidas las de seguridad y justicia, para que serespeten los derechos humanos y sean sujetas a evaluaciones objetivas, imparciales y periódicas en las que participe la sociedad civil.

• Se garanticen recursos suficientes a la salud, la prevención, la educación y el desarrollo social en relación a los presupuestos destinados a la seguridad, de acuerdo a criterios sujetos a la evidencia científica y a la reducción de riesgos y daños.

• Se ponga fin a la criminalización y la discriminación de los usuarios de drogas, especialmente a los más marginados, quienes son los que más necesitan un acceso efectivo a los servicios de salud. Pedimos, además, la participación e inclusión de tales usuarios en el debate público de todas las políticas que les conciernan.

• Se instrumenten políticas de desarrollo económico efectivas para aquellas zonas productoras de cultivos usados para la producción de drogas ilícitas, mediante una secuencia adecuada que haga posible la disminución de estos cultivos y se garantice la apertura de los mercados internacionales para los productos alternativos que tal estrategia supone, lo que implica, también, descriminalizar a los pequeños productores.

• Se reconozcan los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca.

• Se consideren alternativas regulatorias para la cannabis.

• Se observen, conforme a derecho, el principio de proporcionalidad de las penas cuando de delitos relacionados con drogas se trate; y se contemplen sanciones alternativas a la prisión para aquellos que, al infringir las leyes, no hayan cometido delitos violentos o graves.

Las organizaciones de América Latina y las que trabaja en la región, miembros del IDPC, son:

Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), Uruguay

Asociacion Civil Intercambios, Argentina

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), Colombia

Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú

Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias A.C (CRECE), México

Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), México

Espolea, México

Psicotropicus, Brasil      

Puente Investigación y Enlace (P.I.E.), Bolivia

Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS)

Red Andina de Información (AIN), Bolivia

Red Chilena de Reducción de Daños, Chile

Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (REDUC), Brasil

Transnational Institute (TNI), Holanda

Viva Rio, Brasil

Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos

El IDPC es una red mundial de ONG y redes profesionales, especializada en cuestiones de drogas fiscalizadas. Fomenta debates objetivos y abiertos sobre las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya políticas eficaces fundamentadas en evidencias científicas para reducir el daño relacionado con las drogas. Para más información, véase: www.idpc.net.