28 jul 2013

CAMPAÑA POR LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

CAMPAÑA POR LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
APORTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL
DE SALUD MENTAL

I. La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), nº 26.657 en noviembre de 2010, cristaliza la lucha sostenida por personas usuarias y sus familias, trabajadores y trabajadoras del campo de la salud, organizaciones sociales, de derechos humanos, ámbitos académicos y otros sectores de la sociedad civil, por reivindicar los derechos de las personas con padecimiento mental. Esta Ley viene a sustituir a un modelo manicomial discriminador y estigmatizante que arrasa con los derechos de quien padece y atenta contra su subjetividad, y tiene entre sus fundamentos la Declaración de Caracas (OMS/OPS, 1990) cuando define “…la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva”.  

II. La Red por la Plena Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se constituyó a comienzos del presente año, haciendo pública la necesidad de dar cumplimiento al proceso reglamentario de la ley. Finalmente, en el mes de mayo pasado y a dos años y medio de su sanción, el reglamento llegó reafirmando los derechos consagrados en la misma e indicando caminos para su plena implementación.

III. El correlato urgente e indispensable de este marco normativo debería ser la construcción de una política pública de salud mental comunitaria que comprometa a todos los sectores y jurisdicciones involucrados. Una transformación genuina acorde al nuevo paradigma implica un cambio profundo en las prácticas de quienes intervienen en las instituciones involucradas de todos los niveles y sectores. El desafío actual para superar el modelo manicomial exige la participación de los actores que corporizan esas prácticas. Las prácticas institucionales históricamente “naturalizadas” privilegian estrategias de asilamiento y privación de libertad, y generan obstáculos en el sistema de salud que imposibilitan el acceso a los servicios de personas con discapacidad psicosocial. Su urgente sustitución involucra un proceso de transformación profunda que genera resistencias con las que habrá que trabajar.

Es competencia de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, como autoridad nacional de aplicación de la LNSM, impulsar este enorme desafío  en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y los demás ministerios competentes. Es imprescindible articular las diversas realidades locales que conviven en nuestro país y convocar encuentros provinciales, regionales y nacionales con funcionarios, personas usuarias, familiares y trabajadores del campo de la salud, para construir y sostener una política pública de salud mental que, a partir del 3 de diciembre de 2010, es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. 

IV. Proponemos algunos ejes que deben estar presentes en las discusiones sobre un Plan de Salud Mental:

-        Identificación de las problemáticas prevalentes en la comunidad involucrada.
-        Implementación de políticas públicas que garanticen la inclusión socio – laboral y el acceso a ingresos y vivienda sostenible para la población afectada.
-        Relevamiento y composición de recursos materiales y humanos existentes evaluando su nivel de articulación con la construcción de un sistema de atención comunitaria en salud mental (existencia o no de instituciones monovalentes, servicios en hospitales generales, de salud comunitarios, redes intersectoriales e interjurisdiccionales).
-        Implementación de acciones de formación y capacitación en servicio para la redistribución de recursos humanos que se hará necesaria con la creación de dispositivos de base comunitaria.

La perspectiva presupuestaria debe ser transversal al tratamiento de estos ejes para garantizar que las transformaciones respondan y se adecuen al mandato incluido en la ley.

V. Con la presentación pública de este documento iniciamos una campaña de recolección de firmas por la plena implementación de la LNSM y la urgente puesta en marcha de la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental para todo el territorio nacional, basado en principios de participación activa y sentido democrático.

RED POR LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE
SALUD MENTAL 26.657

2020 SIN MANICOMIOS

Para adherir a la presente campaña, enviar un email a redporlaimplementacionlnsm@gmail.com  indicando nombre, apellido y DNI. Se reciben adhesiones personales e institucionales. Se adjunta una planilla de firmas para los que tengan la posibilidad de recolectar adhesiones en sus espacios de trabajo, instituciones, jornadas, etc. En ese caso, pueden comunicarse con nosotros al mail de contacto, para hacernos llegar dichas planillas.Por favor, no duplicar las adhesiones por ambos medios.

28 jun 2013

26 de junio, día mundial contra el uso indebido de drogas y tráfico ilicito de drogas

ARGENTINA CONTINÚA CON UNA LEY DE DROGAS ANTICONSTITUCIONAL

El día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que se conmemora el 26 de junio, encuentra a la Argentina en una situación inédita: a casi cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal, continúa vigente la ley 23.737, que contradice esa determinación.

La Asociación Civil Intercambios llama a una reforma urgente que concentre los esfuerzos en el crimen organizado e implemente un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas.

(Buenos Aires, 26 de junio de 2013) Después de la efervescencia que experimentó el debate sobre una nueva ley de drogas a mediados del año pasado, la reforma a la ley de estupefacientes 23.737 se encuentra estancada en el Parlamento. Esto sucede a pesar de que ya en el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que es inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal. “Llevamos cuatro años de inconstitucionalidad, persecución penal a las personas que usan drogas y falta de políticas sostenidas contra el crimen organizado”, aseveró Graciela Touzé, presidenta de la asociación civil Intercambios en el Día mundial de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que se conmemora hoy, 26 de junio.

Intercambios, organización no gubernamental con más de quince años de trabajo en temas relacionados con las drogas, y organizadora desde hace una década de la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que se realiza cada año en el Congreso de la Nación, recordó que el 70 por ciento de las detenciones policiales amparadas en la ley 23.737 son precisamente por “tenencia para consumo personal”, figura  declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

“Es inadmisible que, transcurrido tanto tiempo del fallo, los diputados y senadores continúen negándose a llevar a cabo las reformas que exige el fallo Arriola. Por otra parte, los 20 años transcurridos desde la entrada en vigencia de la ley 23.737 fueron refutando los fundamentos enunciados para su sanción”, aseguró Touzé.

La investigadora de la UBA y experta hizo un balance de los efectos de la norma: “No bajó el consumo ni se desbarataron las redes criminales. Por el contrario, nos encontramos con una situación de estigmatización y discriminación a los usuarios de drogas, saturación de los sistemas judicial y carcelario, y crecimiento de un mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas”. Por ese motivo, Intercambios junto a más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas especializadas impulsan la propuesta “15 ideas por una nueva ley de drogas”, donde se plantean las reformas centrales que hacen falta en el tema.


Debate regional

Mientras tanto, la región debate la necesidad de implementar nuevas estrategias con un abordaje diferente a la guerra contra las drogas. Tras la VI Cumbre de las Américas realizada el año pasado, en la cual 34 mandatarios de todo el continente ordenaron a la Organización de Estados Americanos un exhaustivo informe sobre los efectos de las políticas de drogas.

Este informe se presentó semanas atrás, a principios de junio de 2003, en la 43 Asamblea General de la OEA realizada en Guatemala, donde el debate central fue qué rumbo debe tomar la región en busca de estrategias alternativas.  Allí, la declaración final no tomó en cuenta los conceptos que se manejaron en instancias previas, tendientes a impulsar la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.

Pablo Cymerman, responsable del área de Incidencia Política de Intercambios, quien participó de las deliberaciones, aseguró que “nuestro continente ya ha sufrido demasiado debido a políticas erróneas que agudizaron los problemas en lugar de atenuarlos. Es hora de intentar nuevos enfoques eficaces y pacíficos en cada país. Y es hora de que nuestros líderes encabecen estas iniciativas. Ojalá no nos defrauden”.

Fuente Asociación Civil Intercambios

5 jun 2013

PAUTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES QUE INVOLUCREN A PERSONAS CON PRESUNTO PADECIMIENTO MENTAL

CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD
 
Mediante la resolución Nº 506 del 31 de mayo de 2013, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó las “Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucren a personas con presunto padecimiento mental o en situaciones de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros”.
A través de estas Pautas de Intervención, el Ministerio de Seguridad, tras una tarea de revisión de criterios, adecúa las actuaciones de los Cuerpos Policiales y de las Fuerzas de Seguridad a la normativa internacional y a la Ley de Protección de la Salud Mental Nº 26.657.
Además, la resolución fija un plazo de 30 días corridos para que los altos mandos de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad adapten sus normas y procedimientos internos. También conforma una mesa de trabajo para desarrollar capacitaciones para la adecuada implementación de las Pautas aprobadas, con la que podrán colaborar organismos gubernamentales y de la sociedad civil.

http://xa.yimg.com/kq/groups/17758873/1959033439/name/inf%20int%2075-13%20ANEXO%20Pautas%20Salud%20Mental%20Min%2E%20Seguridad%  

Texto completo de la reglamentación de la ley de Salud Mental 26657

Mediante el decreto 
Decreto 603/2013
Ley Nº 26.657. Apruébase reglamentación.
Bs. As., 28/5/2013 .


http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle

18 may 2013

La OEA analiza regulación legal de drogas en informe regional

 A un año de realizada la VI Cumbre de las Américas en donde 34 jefes de Estado y de gobierno le dieran a la Organización de Estados Americanos (OEA) el Mandato de Cartagena, el Secretario General de dicha organización, José Miguel Insulza, entregó hoy los resultados del "informe sobre el problema drogas en las Américas". Dicho informe, compuesto por dos reportes -uno analítico sobre el estado de las políticas de drogas en la región, y otro de escenarios donde se exploran alternativas de políticas con miras al 2025- es único en su tipo por los siguientes motivos:

1) Surge de una iniciativa de gobiernos a partir del sentimiento compartido de los líderes de la región sobre el fracaso de la "guerra contra las drogas".

2) Su elaboración estuvo a cargo de una organización internacional gubernamental en la que Estados Unidos, principal promotor de la "guerra contra las drogas", es miembro integrante e históricamente central.

3) El objetivo principal del texto, más allá de analizar la situación actual en materia de drogas, consiste en proveer a los gobiernos con alternativas realistas de políticas en las que se incluye por primera vez la legalización y regulación de las drogas.

4) La aparición de este informe ocurre en medio de un contexto regional e internacional proclive a un debate abierto sobre drogas que recientemente ha sido alimentado por la legalización del uso recreativo del cannabis en los estados de Washington y Colorado, Estados Unidos, y la potencial adopción de un mercado regulado de la marihuana en Uruguay.

5) El reporte servirá, además, como insumo para la 42 Asamblea General de la OEA, la revisión de la estrategia global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2014, y la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en 2016.

Para México, después de seis años de implementación de la mortífera respuesta de combate frontal al narcotráfico, el texto es de particular relevancia para fomentar el urgente y necesario debate nacional a través del cual definir las reformas necesarias a la estrategia nacional sobre drogas. Es importante recordar que al finalizar su administración, el Presidente Felipe Calderón reconoció la necesidad de explorar enfoques alternativos y que el actual Presidente Enrique Peña Nieto tiene aún pendiente el reto de disminuir la violencia, y revisitar el tema a la luz de agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Fuente Espolea méxico- 17-5-2013




http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf

 http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_de_Escenarios.pdf


10 may 2013

LA SALUD MENTAL EN LA CABA” DEUDAS PENDIENTES”.




La constitución de la Ciudad de BuenosAires en su Art 20 garantiza el Derecho a la Salud Integral ,lo que dio lugar  en el año 1999  a la sanción de la ley153 basica de Salud , en ella se establecieron las directrices que deben nutrir a todo el sistema de salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, organizándolo y fijando los principios para cada subsector, consagrando además los derechos de los pacientes. En su artículo 48, se establecieron algunos parámetros para la futura Ley de Salud Mental, fijando como plataforma, la promoción de la desinstitucionalización progresiva, valiéndose de modalidades alternativas de atención y reinserción social, tales como casas de medio camino, talleres protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales de día.
Finalmente, el proceso legislativo desembocó en la sanción de la Ley Nº 448, en el año 2000. Dicha norma regula todos los aspectos vinculados al Sistema de Salud Mental para la Ciudad de Buenos Aires, recogiendo todos aquellos principios desarrollados años atrás por los diferentes organismos internacionales, con sustento en el catálogo de derechos del paciente y “la concepción de la salud mental como un proceso determinado histórica y culturalmente en la sociedad, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, promoviendo la desinstitucionalización progresiva, la implementación de camas de internaciónes breves y guardias interdisciplinarias en los hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día , emprendimientos sociales, y otros dispositivos sustitutivos.
- Habiendo transcurrido casi una década desde la sanción de la Ley Nº 448 de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún quedan deudas pendientes, la más grave desde nuestro punto de vista  es que la Ciudad no cuenta con un Plan de Salud Mental, no sólo por el incumplimiento de la ley 448 sino por las consecuencias para generar un sistema de salud mental, coordinar acciones , recuersos materiales y humanos y evaluar el impacto de las políticas públicas en salud mental .El único plan de Salud Metal  ha sido confeccionado por el Dr Soriano en el año 2006.


-Con respecto a las camas de internación de Salud Mental en los Hosp. Generales se observa un claro incumplimiento. El Hospital Piñero cuenta con 12 camas de internacíon para hombres y 12 para mujeres, siendo así el único hospital general para internación para ambos sexos.El hospital Alavarez cuenta con 20 camas de internacíon exclusivamente para hombes, se internan pacientes con cuadros agudos derivados de guardia, consultorios externos hopial de día , juzgados y de otros hospitales ( extraído del Informe de la comisión se seg, del la ley 448)

-En cuanto a las políticas públicas de adicciones  estas  han sustraído del ambito de la Salud Mental, llevandolas a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, en claro incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental , art4, que dice que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.La personas con uso problemático de drogras,legales e ilegales, tienen todos los derechos y galanías que se establecen en la leyen su relacón con los servicios de salud.
Cabe aclarar tambien que hay una clara tendencia a la tercerización , contando la ciudad con 4 dipositivos propios y 23  comunidades terapeuticas que absorven casi  el 80% del presupuesto de la Dirección Gral de adiciones


- El artículo 9 de la ley 448 establece que todos los servicios y efectores del área deben denominarse  “ de Salud Mental”,sin embargo no se ha cumplido o solo nominalmente ya que los servicios siguen siendo de” Psiquiatría” y siguen de dependiendo de los servicios o departamentos de Medicina.

-En cuanto la los recursos humanos se observa una disminución de profesionales, falta de nombramientos, y precarización laboral de profesionales, encubriendo la atención por profesionales residentes, concurrentes y becarios.

-En los presupuestos presentados en la Legislatura no se registran partidas presupuestarias para la construcción de los dispositivos alternativos que mánda la ley 448.

No se cuenta con un relevamiento epidemiológico ordenado por la cláusula segunda de la ley 448, que dice “ La autoridad de aplicación debe realizar dentro de los 360 días de promulgada la ley un relevamiento de la totalidad de las personas internadas, a fin de poder determinar las causas de internación y certificar la necesidad o no de continuar con la internación” Es  imposible aplicar y llevar adelante  una política pública sin tener datos epidemiológicos


-La  Ciudad de Buenos Aires no sólo incumple con la ley 448 de Salud Mental, sino también con los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional a partir de la reforma constitucional, como por ejemplo la Convención de los derechos del niño, la Convención de personas con discapacidad, la Convención Interamericána para   la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y los principios para la proteccion de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental.

-Como dato anecdótico o no tanto en la actualida la  Directora General de Salud Mental del Gobierno, María Grosso se ha  manifestado en contra de las leyes de Salud Mental, tanto de la 448, de la ciudad, como de la 26.657, de la Nación. “Es insólito que un funcionario, que debe obedecer y hacer cumplir las leyes y la Constitución, esté y se manifieste en contra de las leyes marco de salud mental.

-Se han desfinanciado y desarticulado  programas relevantes como el( PAC) Programa de Atención Comunitaria a Niños/as y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos ,
Adop-Adopi, de atención domiciliaria. , los profesionales no cobran o están contratados de manera precaria..No se  han construído ninguna de las casas de medio camino, ni las residencias protegidas y sólo en algunos hospitales hay guardias interdisciplinarias. Tampoco hay equipos de salud mental en los Cesac (Centros de Salud y Atención Comunitaria), de atención primaria



-“ En Buenos Aires, sólo el 25% de la población utiliza el sistema de salud pública, la mayoría tiene cobertura privada o de seguridad social. Esto representa sólo el 5% del total de la salud. Entre hospitales, centros de atención comunitaria, de salud mental, etcétera, hay 84 centros de salud públicos, mientras que el sistema privado tiene sólo dentro de la Ciudad más de 1.600 instituciones. El peso de lo privado es contundente” Angel Barraco asesor legislativo.


- Como parte integrante de la Mesa Permanete Intersectorial de Salud Mental, exigimos junto a los/as compañeras que la integran.

·         Desterrar las lógicas manicomiales generando alternativas a través de la creación de servicios de atención de salud mental (con camas de internación) en todos los hospitales generales, de atención domiciliaria, de programas de inclusión social, laboral, familiar y comunitaria, de cooperativas de trabajo, hospitales de día, hospitales de noche, casas de convivencia y otros dispositivos articulados con las áreas social y educativa.
·         Adecuar los hospitales y centros de salud existentes al nuevo paradigma sin ningún tipo de discriminación laboral ni pérdida de los derechos adquiridos.
·         Garantizar un modelo de atención basado en la interdisciplina que reconozca al conjunto de los trabajadores de la salud mental e incluya las áreas educativas, sociales y culturales que inciden en los procesos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
·         Reclamar un sistema de concursos transparentes que respete rigurosamente la legislación vigente y asegure el derecho de acceder a cargos de conducción al conjunto de los profesionales con título de grado.
Lic Patricia Colace - mayo 2013



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19 mar 2013

INFORME 2012 COMISION ESPECIAL SEGUIMIENTO LEY 448

Comparto el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires de la cual son integrante. Podran encontrar un análisis exhaustivo de las Políticas de Salud Mental en la Caba y mi aporte personal al estado de situación de las Politicas de Adicciones.

https://ia601700.us.archive.org/23/items/InformeDeLaComisionEspecialDeSaludMental2012/InformeDiciembre2012ComSaludMental.pdf

22 ene 2013

La ley de salud mental lleva más de dos años sin reglamentar

Se trata de la ley que pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta a reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por la atención comunitaria. Vinculan la demora con “presiones de la corporación psiquiátrica”.
Por Pedro Lipcovich
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“La Presidenta promulgó la ley en un acto con compañeros del Frente de Artistas del Borda y de radio La Colifata.”
Decenas de organizaciones –entre ellas el CELS, la Federación de Psicólogos y la Red de Usuarios y Familiares– comunicaron su “preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental No 26.657, de cuya promulgación se cumplieron dos años”, y solicitaron audiencia a la Presidenta de la Nación, al jefe de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia: “Urgimos a las autoridades a cumplimentar una tarea que es de su competencia” y “de cumplimiento obligatorio”. Según manifestaron peticionantes, “la demora no es burocrática sino política”: la vincularon con “presiones de la corporación psiquiátrica, especialmente en su vinculación con clínicas privadas”. La ley que aguarda reglamentación fue avalada por la OPS y por diversas entidades de derechos humanos: pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta al reemplazo de los “neuropsiquiátricos” por la atención de la salud mental en el marco de la comunidad. Sin embargo, la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) sostiene que “debe revisarse la Ley 26.657”, y que en ella hay “imprecisiones” y “contrasentidos”. Un vocero del Ministerio de Salud de la Nación declaró que “la ley vale también para aquellos a quienes no les guste”, y destacó que “la reglamentación fue enviada hace más de dos meses a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia”.
“Las organizaciones civiles de defensa de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, familiares y trabajadores, nos reunimos para expresar nuestra gran preocupación por la falta de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada por usted el 3 de diciembre del mismo año”, dice la nota por la cual varias entidades pidieron audiencia a Cristina Fernández de Kirchner. Está suscripta por Red FUV (Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos en Salud Mental), APEF (Asociación de Ayuda al Paciente con Esquizofrenia y su Familia), Fepra (Federación de Psicólogos de la República Argentina), Apadh (Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos) y otras entidades. “Es de extendido conocimiento que, con posterioridad a esa fecha, organizaciones con intereses corporativos intentaron introducir modificaciones que tuercen el espíritu de nuestra Ley Nacional de Salud Mental.” La nota destaca “la necesidad urgente de las personas con padecimiento mental y sus familias de contar con servicios accesibles e inclusivos para la atención de su salud”.
Otra presentación solicita audiencias con Juan Manuel Abal Medina –jefe de Gabinete de Ministros de la Nación– y con Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica. Entre las entidades firmantes están el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud Mental, Colectivo 448, Fundación por los Derechos en Salud Mental (Fundat), Asociación por los Derechos en Salud Mental (Adesam), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y “La Puerta”, Centro de Salud, Arte y Pensamiento: “Urgimos a las autoridades a cumplimentar una tarea que es de su competencia y de cumplimiento obligatorio”, ya que “la demora en la aprobación del decreto reglamentario sigue sosteniendo la vulneración de derechos fundamentales de las personas usuarias”, sostienen.
Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del CELS, sostuvo que “la reglamentación está detenida en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Advertimos una falta de voluntad política por sacarlo adelante. La elaboración y sanción de la ley respondió a un impulso político muy fuerte, que después no ha tenido correlato desde el Poder Ejecutivo, y hay un silenciamiento sobre qué está pasando. Al no estar reglamentada, no se implementan normas como la creación del Organo de Revisión multidisciplinario para monitorear las condiciones de internación. En estos meses hubo voces encontradas sobre cómo debería ser la reglamentación: algunas responden a cuestiones corporativas o a intereses de los profesionales. Exigimos una reglamentación que detenga las violaciones sobre los derechos humanos, que continúan”.
Eduardo Perazzo –representante ante el Observatorio de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y referente de uno de los petitorios– destacó que “en el área judicial se avanzó con la ley: jueces y abogados revisan insanias y procedimientos respecto de personas con padecimiento mental. Pero, en los servicios de salud, la persona con padecimiento mental suele seguir el circuito clásico que termina con la internación en establecimientos psiquiátricos. La falta de reglamentación permite una interpretación demasiado amplia de la ley, y existe el riesgo de que la reglamentación retroceda en los avances que propició esta ley”.
“La demora no es burocrática sino política”, sostuvo Angel Barraco –asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires– y recordó que “la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley 26.657 de Salud Mental, en un acto en el que participaron compañeros del Frente de Artistas del Borda y de radio La Colifata: la más alta instancia política se comprometió a hacer operativa la ley, y por eso es llamativo lo que sucede”. Barraco comentó que “para calibrar la importancia de la reglamentación tengamos presente lo que pasó con la ley de salud mental de Córdoba, cuya reglamentación la modificó a tal punto que, pese a la oposición social, se abrió una nueva clínica privada para internar chicos en la capital provincial”. Los sectores corporativos vinculados con clínicas privadas son los que más se resisten a la ley, que prohíbe la apertura de nuevas unidades exclusivas para atención psiquiátrica.
Por su parte, Alfredo Cía, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), ante la consulta de este diario respondió: “Adherimos a la declaración que el 25 de agosto de 2011 formuló el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA”. Ese documento sostiene que “debe revisarse cuidadosamente la Ley 26.657 antes de la formulación de su decreto reglamentario, para superar numerosas imprecisiones y contrasentidos de su redacción”, y pide “una amplia y efectiva consulta con los estamentos universitarios, científicos y profesionales”, entre los cuales sólo incluye a “los ámbitos médicos, jurídicos y de trabajadores no profesionales de la salud mental”, a fin de “consensuar una reglamentación”.
El documento que hace suyo APSA manifiesta discrepancias con el texto de la ley. Así sostiene que en caso de “falta de acuerdo del equipo interdisciplinario tratante sobre la conveniencia de una eventual internación, quien definirá la utilidad de ella en el caso concreto será el médico psiquiatra, por ser el profesional capacitado para efectuar un diagnóstico diferencial entre cuadros funcionales y orgánicos, y una evaluación del estado clínico general del paciente”. También requiere que “la idoneidad y capacidad para el cargo de conducción y gestión de servicios o instituciones deberá ser encuadrada bajo los criterios establecidos en la Ley 17.132” –promulgada en 1967 por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía–, que no sólo reservaba aquellos cargos para los médicos sino que directamente prohibía el ejercicio de la psicoterapia a los psicólogos.

LA LEY ARGENTINA SEGUN HUGO COHEN, ASESOR DE LA OPS
“Un modelo para países de la región”
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve la implementación de la Ley de Salud Mental argentina, promulgada en diciembre de 2010, pero cuya reglamentación aún está pendiente”, precisa una declaración de esta entidad.
Hugo Cohen, asesor regional en salud mental de OPS, destacó que “la Ley 26.657, de Salud Mental, fue examinada y avalada por las más altas autoridades de OPS. Y, después de su sanción, la ley argentina se tomó como referente en diversos países de Sudamérica y Centroamérica: en Colombia, es tomada como referencia en el actual proyecto de ley de salud mental; Honduras, Guatemala y El Salvador tomarán en cuenta este modelo para establecer una base común para sus proyectos de ley de salud mental; también es referencia para la Comisión de Inclusión Social del Congreso peruano; y jueces penales de ese país y de Chile viajaron a la Argentina en busca de apoyo para desarrollar legislaciones en salud mental”.
–¿La OPS acuerda con la Ley 26.657 en la paulatina supresión de las instituciones dedicadas exclusivamente a la internación psiquiátrica?
–De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en salud mental no existe el equivalente del tercer nivel de complejidad, como puede existir para la atención de quemados o unidades de trasplantes: en salud mental, el máximo nivel de complejidad se da en la comunidad. Poner límite a una situación de crisis en una persona no lleva más que unos días. Lo más difícil es lograr su efectiva inclusión en la comunidad, y esto no se hace dentro de las paredes de un hospital, sino en el contexto de todos los días.
–¿Y en personas que tienen un deterioro muy importante?
–En la desmanicomialización no se trata de cerrar, sino de abrir, de construir nuevas ofertas. Efectivamente, hay personas que necesitarán un apoyo de mayor intensidad y duración, pero siempre hay que tender a promover las capacidades del individuo: hasta el más demenciado tiene sus capacidades o sus posibilidades de resiliencia, que deben promoverse y estimularse aun cuando esté internado, para que pueda activarlas y estabilizar un cuadro de posible deterioro.
–¿La OPS avala que las internaciones en salud mental no sean determinadas sólo por médicos psiquiatras?
–Ciertamente. El diagnóstico debe realizarse, como dice la ley argentina, en el seno de un equipo interdisciplinario: a más saberes, mayor probabilidad de entender lo que le pasa a esa persona. Claro que dentro de ese equipo debe haber un médico. Hay síntomas de aparente psicosis que responden a causas tumorales, infecciosas, tóxicas, traumáticas o metabólicas, y le toca al médico descartar estas posibilidades; pero las cuestiones concernientes a los afectos, al entorno sociofamiliar, a si la persona tiene lugar donde vivir o no, son importantes a la hora de decidir qué se va a hacer y deben ser examinadas por el equipo interdisciplinario.
–¿La OPS admite que las jefaturas de servicios e instituciones puedan ser ejercidas por profesionales no médicos?
–Benedetto Saraceno, director de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, ha destacado que, en países con sistemas de salud avanzados, a menudo los jefes de salud mental son enfermeros o trabajadores sociales. En Gran Bretaña, los problemas más frecuentes de salud mental son atendidos por los médicos generalistas, que tienen a su cargo la medicina de familia; claro que han sido capacitados y tienen supervisión.
“Quita poder a los psiquiatras”
“Es importante reglamentar la Ley 26.657 porque, mientras tanto, muchos médicos no la están tomando suficientemente en cuenta”, sostuvo Roberto, integrante de la Asamblea Permanente de Usuari@s de los Servicios de Salud Mental (Apussam).
–¿En qué situaciones puede ser importante para los usuarios la reglamentación de la Ley de Salud Mental? –preguntó Página/12.
–Hay que decir que los jueces ya están aplicando la ley, todavía sin reglamentar. Por ejemplo, hace poco se acercó a Apussam una usuaria que pasó 13 años internada en el Moyano. En ese tiempo, el marido le quitó la tenencia de los hijos y la fábrica de la que era propietaria, y estaba tratando de sacarle la casa. Pero ahora la situación es distinta: ella vino a nuestra agrupación y pudo hacer una consulta jurídica. Es un ejemplo de cómo la ley anterior conllevaba un despojo total sobre el usuario. Y las asociaciones psiquiátricas protestan porque la internación no la determina el psiquiatra solo: necesita otra firma, que puede ser la de un psicólogo, y también interviene el juez. Esto les saca poder a los psiquiatras, que tenían un manejo discrecional que se prestaba a cosas siniestras; basta con recorrer los archivos judiciales para ver los casos de personas que fueron declaradas injustamente insanas.
“En mi caso –continuó Roberto–, en 1994 tuve un pico alucinatorio: afortunadamente, al día siguiente me atendió una psiquiatra y me dio una medicación, un antipsicótico que me sacó de esa situación. Desde entonces sigo en tratamiento pero, por ejemplo, ningún psiquiatra me advirtió que ciertos trabajos pueden disparar mis síntomas alucinatorios, lo cual me obliga a volver a tomar la medicación. Si me hubiera atendido un equipo interdisciplinario, habría sido más fácil detectar esto. La nueva ley permite que el usuario esté más guiado, con más seguimiento del equipo. Pero lo fundamental es que se ponga fin a la estructura de las grandes clínicas: a los depósitos de locura.”
“Existe y hay que implementarla”
“El 16 de octubre de 2012, el expediente con la reglamentación de la Ley 26.657 fue remitido a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que ya lo había recibido y devuelto antes para modificaciones formales –precisó a este diario una alta fuente del Ministerio de Salud de la Nación–. Entendemos que son muchos los expedientes que llegan a esa repartición; estamos a la espera de su aprobación y, mientras tanto, vamos implementando la ley en distintos lugares del país, generando espacios de discusión y aumentando la presencia de la salud mental en la atención primaria. También, a pedido de los jueces, nuestros profesionales se encargan de fiscalizar casos de personas declaradas insanas: alguien puede estar hoy en plena crisis pero, al mes siguiente, estar en condiciones de votar y de manejar sus bienes.”
La fuente destacó que “la ley ya existe y hay que implementarla, y esto vale también para aquellos a quienes no les guste. Por ejemplo, en el reciente congreso de la Asociación Psiquiátrica de América latina (APAL), nadie se permitió hablar contra la ley, aunque tampoco hayan dicho que les parezca maravillosa. Pero nadie puede manifestarse en contra de la inclusión social; por lo menos no pueden verbalizarlo, y entonces hay un viraje”.
Este diario intentó en vano comunicarse con los responsables de prensa de la Jefatura de Gabinete de la Nación, de la cual depende la Secretaría Legal y Técnica.
Fuente Pag 12- 22-1-2013

13 dic 2012

Conclusiones de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

Comparto las conclusiones de la conferencia donde la Asosiacíon Civil Intercambios fue organizadora regional de la misma. “En políticas de drogas, ya no alcanza con hablar de Derechos Humanos, hace falta pasar a la Acción. Con esa síntesis finalizó la IV Conferencia Latinoamericana Sobre Política de Drogas que reunió más de cuarenta expertos, especialistas, funcionarios, cocaleros, cultivadores y usuarios de drogas de distintas partes del mundo quienes, abordando la temática desde diversos ejes, confluyeron en la relevancia de los cambios concretos en el marco de las políticas de drogas, dando vuelo a las nuevas estrategias que surgen en la región que promueven un abordaje más humano en materia de drogas y el trabajo desde la reducción de daños. Coincidentemente con el debate promovido por la conferencia, el mandatario colombiano se unió a su par guatemalteco Otto Pérez Molina y a ex presidentes, como a destacadas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura para reiterar a través de una carta la advertencia sobre el fracaso de la estrategia conocida como “guerra contra las drogas”, que pone énfasis en la represión y la prohibición. La conferencia, que tuvo como escenario la ciudad de Bogotá, reunió más de 600 personas en la Alcaldía de la ciudad el 5 y 6 de diciembre. La IV Conferencia sobre Políticas de Drogas está patrocinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social de la Republica de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) En la primera jornada, el alcalde mayor de la capital colombiana Gustavo Petro subrayaba: “Hay una correlación entre la violencia y un estilo de políticas de drogas. La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”. En la apertura también expusieron Bo Mathiesen, titular de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC / ONUDD), Farid Samir Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Coletta Youngers, representante del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), Julián Quintero, organizadora local del encuentro y Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, organizadora regional de la Conferencia. Al explicar los motivos de la realización de la IV Conferencia, Touzé afirmó: “Queremos promover un debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas. Y queremos hacer uso de ese derecho con la intención de transformar una realidad que nos incomoda y nos duele”. Pr su parte, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia, organización anfitriona del encuentro, destacó: “No estamos aquí para discutir el fracaso de la guerra contra las drogas que ya todos conocemos, sino para concentrarnos en cómo y de qué manera cambiamos este paradigma”. Desarrollo socioeconómico ¿Qué relación tiene el fenómeno de las drogas y los procesos de desarrollo en la región? ¿Qué políticas se han elaborado para abordar la problemática? ¿Cómo valoran los efectos los distintos actores involucrados? Fueron algunas de las preguntas con que el investigador del Programa Drogas y Democracia del Trasnational Institute (TNI), de los Países Bajos, Tom Blickman, comenzó el panel Drogas y desarrollo socio-económico. En esa línea, Javier Gonzales Skaric, secretario técnico del Observatorio de Cultivos declarados Ilícitos (OCI) de Bolivia, remarcó la importancia de “generar procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos e indígenas, como verdaderos interlocutores con sus gobiernos locales, nacionales y con organismos internacionales”. Por su parte, Guillermo García Miranda, Jefe del Programa de Desarrollo Alternativo en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC/ONUDD) en Colombia, sostuvo que “el mecanismo más eficaz, eficiente y sostenible de erradicación es el desarrollo”. En ese eje, Fabiola Piñacue Achicué, fundadora y representante legal de Coca Nasa e integrante del Consejo Andino de Productores de hoja de coca de Colombia señaló como a través de Coca Nasa “buscamos generar una alternativa poder llegar con nuestros productos a cada uno de los colombianos. La resistencia de seguir dignificando la hoja de coca es tarea nuestra. La hoja de coca hace parte de nuestra geografía. Lo que hace el Plan Colombia es satanizar a la coca”. También fue eje de debate la salud en relación a las drogas. En ese sentido, Juan Carlos Celis, director general de la Fundación Procrear de Colombia señaló que “es imposible pensar un mundo sin drogas. Por esa razón, los tratamientos no pueden tener como punto de partida la abstinencia del usuario. El Estado debe proveer de los medios para que el consumo sea lo menos perjudicial posible”. Según explicó, lo que debe hacerse es “pasar de una postura basada en una política de ‘rehabilitación del adicto´ a otra que impulse la participación activa de la comunidad, organizaciones y ciudadanos para modificar la relación de los usuarios con las drogas”. Por su parte, Hugo Cohen, asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacó el déficit en cuanto a atención sanitaria: “No hay una capacitación adecuada para los profesionales de la salud ante una problemática de consumo de drogas. Una persona accede al derecho sólo cuando tiene la posibilidad de elegir: si las únicas opciones son el hospital psiquiátrico o la calle, no puede ejercer su derecho. El desafío es generar nuevas ofertas en cuanto a dispositivos de atención para que las personas puedan elegir”. También tuvieron su espacio de análisis el funcionamiento de las Salas de Consumo de Drogas que se implementaron en las últimas dos décadas en diversos países como Alemania, Australia, Canadá, España, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza. Las salas “son aceptadas por sus grupos objetivo (las poblaciones vulnerables), comunidades y otros actores clave, ayudan a mejorar el nivel de salud de las personas que consumen drogas, reducen las conductas de alto riesgo, pueden disminuir el número de muertes causadas por sobredosis y tener una repercusión sobre los índices de infección por VIH y hepatitis C, aunque se requiere de mayores evidencias para demostrar este efecto”, indicó Marie Nougier, responsable de Investigación y Publicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). A su turno, Aldemar Parra Espitia, Coordinador del área de reducción del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, se refirió a la situación actual en su país: “si bien siempre se habla de Colombia como productor, se trata también de un país consumidor. Ser vistos como un país cuya única relación con las drogas es la producción ha producido un estigma que impide ver que aquí también se consume”. http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/drogas-y-derechos-humanos-panel.jpgDerechos humanos Durante la mesa redonda sobre Drogas y Derechos Humanos fueron categóricos. “Menos palabras y más acciones, que incluyan y respeten los derechos humanos, pero no como una retórica interesante sino como aplicación efectiva”, reclamó Pablo Abarca, Consultor del Área de Género, Derechos, Diversidad cultural y Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). “El derecho a la salud existe y está establecido, pero ¿cómo lo hacemos operativo? ¿De qué sirve decir que los usuarios con consumo problemático tengan derecho a ser bien recibidos y atendidos, si no tenemos forma de operativizarlo, si no hay lugares donde esa atención se pueda llevar a cabo?”, planteó. Abarca explicó que, cuando los objetivos de los organismos de fiscalización de drogas entran en conflicto con los derechos humanos, son estos últimos los que deben primar. “Pero eso es algo que está escrito en un papel y no se aplica”, expresó. También en esa mesa redonda estuvo Wagner Coutinho Alves, miembro de la Red Latinoamericana de personas que usan drogas (LANPUD) y secretario de la Asociación de Estudios Sociales de la utilización de sustancias Psicoactivas (ABESUP) de Brasil. “Necesitamos tener participación efectiva en la elaboración de políticas dirigidas a personas que usan drogas. Cuando se tome conciencia de lo que las drogas significan para las personas, las políticas podrán ser adaptadas para respetar nuestra dignidad”, aseguró. Por su parte, otro de los participantes de esta mesa redonda, Daniel Wolfe, director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRD/OSF), cuestionó “el mito conveniente que muchos nos decimos a nosotros mismos: que es suficiente tratar a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad. Nos lo repetimos como si eso bastara. Decimos que las personas necesitan tratamiento, pero evitamos la pregunta de qué significa tratamiento”. Wolfe recordó que esto significa no sólo accesibilidad o disponibilidad, sino también no ser torturado, no ser humillado, tener derecho a la privacidad y la confidencialidad, derecho a la vida. “Muchas personas mueren en centros que operan bajo la bandera de tratamiento, de compasión, de un mejor enfoque hacia las políticas de drogas”, advirtió Oscar Parés Franquero, colaborador de la Subdirección General de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, España propuso recuperar el paradigma de la vulnerabilidad, “que nos permite no ver como inevitables los daños del consumo. Al unir la vulnerabilidad con los derechos humanos hacemos que no sean sólo unos profesionales que trabajan con ciertos grupos sino toda la sociedad la que se involucre”. Durante la segunda jornada de la Conferencia, entre las primeras ponencias estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, Secretario de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien aseguró que “Debemos implementar políticas de drogas integrales que incluyan reducción de daños. Sin reducción de daños, ninguna política de drogas es integral”. Según remarcó, “el Estado tiene como mandato ético la garantía de la dignidad humana, y la restitución a los ciudadanos de derechos vulnerados y vulnerables. No debemos ocultar los problemas, si no hacerlos visibles y actuar. Nuestro presidente ha entendido que hay que hacerse cargo del problema. La solución es la legalización. Hay que salir de las políticas que impulsa Estados Unidos, basadas en la represión, que nos ha costado muchas muertes”. A su turno, Lumena Almeida Castro Furtado, Secretaria Adjunta de Salud y coordinadora de la Política de Atención en la Red Alcohol y Drogas del Municipio de Sao Bernardo do Campo, Brasil, destacó que “hay que reconocer el territorio en el que los servicios están insertos. Caminar las calles, conocer los liderazgos locales y establecer vínculos con las organizaciones sociales. Para nosotros es muy importante la asociación con los movimientos sociales. Todo eso nos ayuda a sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad”. También participó de este panel Iván Fornís Espinosa, Técnico Superior en la gestión del Servicio de análisis de drogas de Energy Control, España, y Liz Evans, Directora ejecutiva y fundadora de PHS Community Services Society – Insite, Vancouver, Canadá. “Insite es el único lugar de inyección en América del Norte-- señaló, y se mostró satisfecha porque, después de muchos obstáculos que debieron superar para ponerlo en marcha-- “la gente de nuestra comunidad tiene un promedio de vida más alto que hace 10 años”. Luego de una primera etapa donde generó mucha resistencia en la mayoría de la población, “la gente cambió de parecer y empezó a verlo como un servicio comunitario. Finalmente, fue apoyado por los tres niveles de gobierno y por la policía local”. También se debatió sobre los marcos legales y regulatorios al problema de las drogas. En ese sentido, Pedro Vieira Abramovay, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas de Rio de Janeiro y director de Campaña de Avaaz, señaló que en 2006 en Brasil se modificó la ley con fines de “quitar la pena de prisión para los tenedores de drogas ilícitas. Algo que fue bien recibido por la población. Sin embargo, no tuvo los efectos esperados. Porque los detenidos por esa razón aumentaron”. “¿Qué fue lo que sucedió?”, preguntó el panelista. “Es que la ley brasilera tiene una gran deficiencia, que no es clara en establecer la diferencia entre la definición del tipo penal de tenencia con el tipo penal de tráfico”, respondió. Y aseguró que “muchas personas consumidoras van a la cárcel como traficantes. Hoy el 60 por ciento de las personas que quedan presas por tráfico no tienen antecedentes legales”. Otro de los panelistas, John Walsh, el coordinador Principal para el Programa de los Andes y de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de Estados Unidos, relató como recientemente “los ciudadanos de Washington y Colorado votaron por la regulación y legalización, y contaron con el apoyo de ambos partidos. No fue un voto de los fanáticos de la marihuana”. En ese sentido, “lo que es claro es que en EEUU las actitudes están cambiando. Y el apoyo de los jóvenes es más amplio que en sectores de más edad”. Por su parte, Julieta Lemaitre Ripoll, profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, de Colombia, afirmó que si bien en la actualidad en su país no existe la penalización por la tenencia para consumo personal, “el criterio de la policía para la detención sigue siendo la intención, es según la cara, o lo mandan al psiquiatra para determinar si es adicto o no”. “Cuando encuentran a estos jóvenes en la calle, la policía los detiene y según la cara, les quita o no la droga y se los llevan a una detención transitoria. No se llevan a gente que ellos estiman que son de estratos altos”, aseguró. Para Lemaitre Ripoll, “el correlato político y la práctica es distinta, mientras se tiene cierto tinte libertario en la política en la práctica todavía falta mucho por hacer”. Por otra parte, Oscar Gómez da Trindade, viceministro de Educación y Cultura y miembro permanente de la Junta Nacional de Drogas de la República Oriental del Uruguay, describió que en Uruguay trabajan “intensamente en la reducción de daños, en la educación, en la construcción de redes sociales y en la búsqueda del diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones de usuarios de drogas”. El funcionario declaró que “lo que está pasando en Uruguay en materia de políticas de drogas tiene un altísimo componente de democracia. Porque entendemos que es una responsabilidad del Ejecutivo, la regulación de la producción de cannabis”. Violencia y seguridad Edgar Gutiérrez Girón, Embajador guatemalteco en Misión Especial para la reforma de la política de drogas, subrayó como el narcotráfico y las políticas ineficientes son una amenaza para la viabilidad de la democratización y para el desarrollo de Guatemala porque son una “notable fuente de violencia y sacrificio de vidas humanas”, ya que se “se ha triplicado el número de asesinatos en Guatemala en la última década”. El otro motivo tiene que ver con que “impide un clima de normalidad para reconstruir las instituciones del Estado de Derecho”. Por su parte, el titular del Proyecto MC2 “Menos Crimen, Menos Castigo” iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, indicó que “hay que repensar la situación de fondo, la erradicación no sirve”. También recalcó que “Las políticas de interdicción han ido arrojando el fenómeno hacia zonas vulnerables”. En esa línea también la periodista Socorro Ramirez indicó que “No solo la política prohibicionista está causando más daños que la misma problemática, sino que ha habido un doble estándar en la aplicación de la política de drogas que ha hecho que los daños y esas consecuencias catastróficas hayan caído sobre los sectores más vulnerables”. Inclusión Social http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/panel-drogas-e-inclusión-social-5.jpgTránsito Ruano, directora de PASSOS, Centro de Capacitación y Educación, de El Salvador resaltó: “humanizar la política de drogas es humanizar la vida de las personas que usan drogas, es incluirlas”. En esa línea, Cesare Cattini, Director de la Fundación Social y Formativa “Arca de Noé”, de Colombia, recalcó que “para nosotros la persona debe estar en el centro de cada intervención. Lo esencial es preguntarnos qué es lo mejor para los sujetos principales de nuestra intervención. No juzgarlos y promover la autonomía”. Susana Fergusson, asesora en temas de organización de dispositivos comunitarios en el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, también fue en la misma línea. “Nuestras prácticas tienen que apuntar a reducir la inequidad y que haya sostenibilidad de los procesos”. Seminario y Premio En el marco de la Conferencia también se efectuó el II Seminario para periodistas sobre Políticas de Drogas que convocó a 25 periodistas de once países de la región y que se efectuó el día previo a la Conferencia. También en la primera jornada se hizo entrega de los tres mejores trabajos periodísticos en el marco del Premio Latinoamericano de periodismo Sobre Drogas. El jurado del Premio estuvo conformado por Andrea Domínguez, de la alternativa Viva Río de Brasil, Carlos Eduardo Huertas, editor de la Revista Semana de Colombia y Guillermo Osorno, director de Gatopardo, de México. El primer premio fue para Virginia Messi del diario Clarín de Argentina, el segundo para Humberto Padgett de León, de la Revista Emeequis de México y el tercer premio fue para Hudson Correa y Leonardo Souza, de la Revista Época Editora Globo de Brasil Eventos satélites Al mismo tiempo que se efectuaban los diversos paneles, también la conferencia fue lugar de encuentro de otros actores. Uno de esos momentos fue la reunión de jóvenes activistas de América Latina que trabajan en la reforma de la política de drogas con el propósito de intercambiar experiencias en la materia. “Los jóvenes latinoamericanos, reunidos en esta conferencia, queremos cambiar el paradigma actual de las políticas prohibicionistas de drogas que alrededor del mundo existen. Ya que somos los principales perjudicados viviendo violencias y exclusiones. Entendemos que somos los principales agentes de las transformaciones sociales, y buscamos la garantía de la participación en esta transformación de las políticas públicas sobre drogas, por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones regionales”, se expidieron a través de un comunicado También fue el caso de quienes se congregaron para hablar de los cultivos declarados no lícitos. Representantes de organizaciones sociales de diversas regiones de Colombia, representantes de ONG internacionales, expertos e investigadores evidenciaron su preocupación por “el duro contraste entre el agravamiento de las situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio ambiental, que presentan los territorios, catalogados de manera criminalizante como “cocaleros””. En ese sentido, convocaron a la realización de un Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios propios de participación de las comunidades organizadas . Por su parte, la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también se hizo presente subrayando como estos espacios, como la Conferencia, “necesitan cada vez más del protagonismo de los usuarios de drogas, identificados como tales, para que el principal problema de las drogas en la región – la marginalización y la desigualdad de derechos entre personas y pueblos – se pueda poner en foco”. También la Coalición Latinoamericana de Activistas Cannabicos participó recalcando: “Nuestras demandas básicas son el autocultivo y los Clubes Sociales de Cannabis. Apoyamos las medidas que separen a la cannabis de los mercados ilegales y recomendamos su regulación a través de mecanismos sin fines de lucro", argumentaron. CONCLUSIÓN http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/asistentes-3.jpgEn esta conferencia quedaron claras algunas de las líneas de la política de drogas que se necesitan: “Una política que proteja y estimule el desarrollo económico de los campesinos y agricultores en lugar de perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su acceso a la propiedad de las tierras, promueva su prosperidad económica y respete el uso tradicional de la hoja de coca”, señaló Pablo Cymerman, coordinador del Comité Organizador de la IV Conferencia desde la Asociación Civil Intercambios. En materia de atención al consumo, se planteó que los tratamientos no pueden tener la abstinencia como punto de partida, y una política de drogas sin reducción de daños no es integral. Las experiencias ya existen. En esta conferencia se plantearon alternativas con la participación de las y los usuarios de drogas en la definición de políticas públicas, acciones de promoción social, participación comunitaria y salas de consumo regulado, entre otras. Hasta ahora, todos los discursos llaman al respeto de los derechos de los usuarios. Hacen falta menos palabras y más acciones en este terreno: las personas que usan drogas ilícitas enfrentan a menudo situaciones de discriminación, rechazo y violencia, prisión, torturas o tratamientos compulsivos y violentos que en lugar de promover la salud y la calidad de vida incrementan su sufrimiento. En este sentido, Cymerman subrayó: “En políticas de drogas ya no alcanza con hablar de los derechos humanos, hace falta pasar a la acción. Esperemos haber pasado de la retórica del cambio de paradigma al tránsito hacia acciones concretas que construyan el nuevo paradigma que estamos reclamando. Ese es nuestro sueño, avancemos para hacerlo realidad”. http://www.conferenciadrogas.com - prensa@conferenciadrogas.com - lista@intercambios.org.ar

7 dic 2012

Presupuesto 2013 de Salud Mental desde la perspectiva de los Derechos Humanos



                                     
  Comparto con ustedes el   documento elaborado por la Mesa Permanente Interectorial de Salud Mental de la cual formo parte para los legisladores de la caba.


En momentos en que se está por sancionar la ley de presupuesto, la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental se dirige a los legisladores en general para compartir nuestra preocupación por las violaciones, en algunos casos ostensibles y en otros solapadas, de los Derechos Humanos en el área de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Creemos que es imperioso tomar conciencia de la importancia de la sanción de un presupuesto que asegure la vigencia de los derechos humanos fundamentales de los personas con sufrimiento mental, cumpliendo con lo establecido en la ley 448 de la Ciudad y la 26.657 de la Nación. Un presupuesto que permita la creación y el fortalecimiento de verdaderas alternativas al manicomio, en calidad y en cantidad adecuadas, implica la puesta en práctica de una ética que además de dignificar a las personas con padecimiento psíquico y a los trabajadores de la salud mental, dignificaría a los legisladores de la Ciudad.
La ética de los derechos humanos interviene en la formación de nuestra identidad como personas, como profesionales, como legisladores. En el mismo acto en que reconocemos y respetamos al otro en su dignidad nos reconocemos y respetamos a nosotros mismos. Es entonces cuando adquiere verdadero sentido lo que hacemos, más allá de circunstanciales satisfacciones de distinta índole.
Pensamos que un concepto guía para todos los aportes que puedan realizarse en salud mental es el del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  que dice: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Creemos que esa libertad e igualdad debe inspirar la inserción de los personas con sufrimiento mental en la comunidad a través de los diferentes dispositivos destinados a su atención, incluido el hospital público, de modo que lleguemos a que todos lo pacientes sean iguales en dignidad y derechos. Para ello es necesario un cambio cultural en la sociedad en general y de los médicos en particular en el caso del hospital. Se han realizado experiencias de desinstitucionalización en el país y en el exterior que prueban que ello es posible.
Como la restitución de los derechos incluye los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al trabajo, la vivienda, la recomposición de los vínculos familiares y sociales, consideramos que el presupuesto debe contemplar la siguiente asignación de recursos:

 A)  Subsidio de externación y revinculación familiar: promoción de  la recuperación de    los lazos entre el paciente y su familia para favorecer su inclusión en la vida del hogar y la reinserción comunitaria general, contribuyendo a este proceso con la prestación de un subsidio para el paciente externado.
B)     Subsidio de externación y reinserción social: promoción y apoyo para la reinserción social  y recupero de bienes  y derechos de aquellas personas con alta de internación, cuyos ingresos son insuficientes para garantizar su independencia habitacional y que, a su vez, carecen de familiares que puedan brindar acompañamiento y contención habitacional.


C) Subsidio de externación para niños y adolescentes: destinado a favorecer la reinserción de niños internados en hogares y servicios de internación, cuyos familiares se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial y requieren de apoyo para poder brindar los cuidados y necesidades en domicilio.
D)    Subsidios de  externación  y reinserción laboral: destinados a los usuarios de los emprendimientos sociales de salud mental a los efectos de favorecer la adquisición de autonomía a través de la estrategia de la empresa social y el acompañamiento para  la posterior inserción en el mercado formal e informal del trabajo.
E)     Casas de Medio Camino: para aquellos pacientes que requieren como última instancia de su tratamiento un dispositivo que le posibilite el logro de su autonomía plena. En general pueden requerir de este recurso de 6 a12 meses. Los tratamientos interdisciplinarios ambulatorios se realizarán en el área de residencia de la casa.
F)     Residencias Protegidas: son casas para pacientes que requieren de un soporte más permanente para el logro de su autonomía y donde no se cuenta con familias que puedan acompañar el proceso de los mismos. Los tratamientos interdisciplinarios ambulatorios se realizan en el área de residencia de la casa.
G)    La creación de equipos interdisciplinarios básicos de salud mental dentro de la estrategia de atención primaria de la salud (CESAC) que pueda atender diferentes padecimientos mentales en el área de residencia.
H)    Fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los hospitales generales con los dispositivos necesarios (camas de internación, hospital de día, consultorios externos para todos los grupos etáreos.
I)       Creación e inclusión dentro de los hospitales generales de dispositivos que aborden la problemática de las adicciones (unidades de desintoxicación, hospitales de día.
J)       Creación  de estructura  y asignación presupuestaria  propia del ADOP-ADOPI (hasta ahora se viene sosteniendo con profesionales de los hospitales muchos de ellos con extensión horaria y otros con suplencias de guardia).
K)    Creación de una estructura para los Emprendimientos Sociales (hasta ahora se sostienen con profesionales de los hospitales con una carga horaria compartida con el hospital y los capacitadores no tienen nombramientos, por lo tanto no cobran o se les tramita un subsidio). Contar con una estructura, considerando que por ley 448 son un efector, implicaría que las partidas de los profesionales fueran de los Emprendimientos Sociales, como también que los capacitadores tuvieran un lugar en dicha estructura y fueran designados en sus cargos.
L)     Presupuesto para redireccionar y fomentar la formación interdisciplinaria, intersectorial  y el trabajo en red, con enfoque en prácticas comunitarias, en articulación con las universidades y sociedades científicas.

Si los legisladores sancionaran un presupuesto que diera esta cobertura para la atención de la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires estarían dando un paso fundamental y sentando un precedente histórico: que finalmente se cumple la ley y que la protección de los derechos se hace realidad.
Diciembre 2012