19 mar 2013

INFORME 2012 COMISION ESPECIAL SEGUIMIENTO LEY 448

Comparto el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires de la cual son integrante. Podran encontrar un análisis exhaustivo de las Políticas de Salud Mental en la Caba y mi aporte personal al estado de situación de las Politicas de Adicciones.

https://ia601700.us.archive.org/23/items/InformeDeLaComisionEspecialDeSaludMental2012/InformeDiciembre2012ComSaludMental.pdf

22 ene 2013

La ley de salud mental lleva más de dos años sin reglamentar

Se trata de la ley que pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta a reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por la atención comunitaria. Vinculan la demora con “presiones de la corporación psiquiátrica”.
Por Pedro Lipcovich
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“La Presidenta promulgó la ley en un acto con compañeros del Frente de Artistas del Borda y de radio La Colifata.”
Decenas de organizaciones –entre ellas el CELS, la Federación de Psicólogos y la Red de Usuarios y Familiares– comunicaron su “preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental No 26.657, de cuya promulgación se cumplieron dos años”, y solicitaron audiencia a la Presidenta de la Nación, al jefe de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia: “Urgimos a las autoridades a cumplimentar una tarea que es de su competencia” y “de cumplimiento obligatorio”. Según manifestaron peticionantes, “la demora no es burocrática sino política”: la vincularon con “presiones de la corporación psiquiátrica, especialmente en su vinculación con clínicas privadas”. La ley que aguarda reglamentación fue avalada por la OPS y por diversas entidades de derechos humanos: pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta al reemplazo de los “neuropsiquiátricos” por la atención de la salud mental en el marco de la comunidad. Sin embargo, la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) sostiene que “debe revisarse la Ley 26.657”, y que en ella hay “imprecisiones” y “contrasentidos”. Un vocero del Ministerio de Salud de la Nación declaró que “la ley vale también para aquellos a quienes no les guste”, y destacó que “la reglamentación fue enviada hace más de dos meses a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia”.
“Las organizaciones civiles de defensa de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, familiares y trabajadores, nos reunimos para expresar nuestra gran preocupación por la falta de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada por usted el 3 de diciembre del mismo año”, dice la nota por la cual varias entidades pidieron audiencia a Cristina Fernández de Kirchner. Está suscripta por Red FUV (Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos en Salud Mental), APEF (Asociación de Ayuda al Paciente con Esquizofrenia y su Familia), Fepra (Federación de Psicólogos de la República Argentina), Apadh (Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos) y otras entidades. “Es de extendido conocimiento que, con posterioridad a esa fecha, organizaciones con intereses corporativos intentaron introducir modificaciones que tuercen el espíritu de nuestra Ley Nacional de Salud Mental.” La nota destaca “la necesidad urgente de las personas con padecimiento mental y sus familias de contar con servicios accesibles e inclusivos para la atención de su salud”.
Otra presentación solicita audiencias con Juan Manuel Abal Medina –jefe de Gabinete de Ministros de la Nación– y con Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica. Entre las entidades firmantes están el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud Mental, Colectivo 448, Fundación por los Derechos en Salud Mental (Fundat), Asociación por los Derechos en Salud Mental (Adesam), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y “La Puerta”, Centro de Salud, Arte y Pensamiento: “Urgimos a las autoridades a cumplimentar una tarea que es de su competencia y de cumplimiento obligatorio”, ya que “la demora en la aprobación del decreto reglamentario sigue sosteniendo la vulneración de derechos fundamentales de las personas usuarias”, sostienen.
Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del CELS, sostuvo que “la reglamentación está detenida en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Advertimos una falta de voluntad política por sacarlo adelante. La elaboración y sanción de la ley respondió a un impulso político muy fuerte, que después no ha tenido correlato desde el Poder Ejecutivo, y hay un silenciamiento sobre qué está pasando. Al no estar reglamentada, no se implementan normas como la creación del Organo de Revisión multidisciplinario para monitorear las condiciones de internación. En estos meses hubo voces encontradas sobre cómo debería ser la reglamentación: algunas responden a cuestiones corporativas o a intereses de los profesionales. Exigimos una reglamentación que detenga las violaciones sobre los derechos humanos, que continúan”.
Eduardo Perazzo –representante ante el Observatorio de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y referente de uno de los petitorios– destacó que “en el área judicial se avanzó con la ley: jueces y abogados revisan insanias y procedimientos respecto de personas con padecimiento mental. Pero, en los servicios de salud, la persona con padecimiento mental suele seguir el circuito clásico que termina con la internación en establecimientos psiquiátricos. La falta de reglamentación permite una interpretación demasiado amplia de la ley, y existe el riesgo de que la reglamentación retroceda en los avances que propició esta ley”.
“La demora no es burocrática sino política”, sostuvo Angel Barraco –asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires– y recordó que “la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley 26.657 de Salud Mental, en un acto en el que participaron compañeros del Frente de Artistas del Borda y de radio La Colifata: la más alta instancia política se comprometió a hacer operativa la ley, y por eso es llamativo lo que sucede”. Barraco comentó que “para calibrar la importancia de la reglamentación tengamos presente lo que pasó con la ley de salud mental de Córdoba, cuya reglamentación la modificó a tal punto que, pese a la oposición social, se abrió una nueva clínica privada para internar chicos en la capital provincial”. Los sectores corporativos vinculados con clínicas privadas son los que más se resisten a la ley, que prohíbe la apertura de nuevas unidades exclusivas para atención psiquiátrica.
Por su parte, Alfredo Cía, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), ante la consulta de este diario respondió: “Adherimos a la declaración que el 25 de agosto de 2011 formuló el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA”. Ese documento sostiene que “debe revisarse cuidadosamente la Ley 26.657 antes de la formulación de su decreto reglamentario, para superar numerosas imprecisiones y contrasentidos de su redacción”, y pide “una amplia y efectiva consulta con los estamentos universitarios, científicos y profesionales”, entre los cuales sólo incluye a “los ámbitos médicos, jurídicos y de trabajadores no profesionales de la salud mental”, a fin de “consensuar una reglamentación”.
El documento que hace suyo APSA manifiesta discrepancias con el texto de la ley. Así sostiene que en caso de “falta de acuerdo del equipo interdisciplinario tratante sobre la conveniencia de una eventual internación, quien definirá la utilidad de ella en el caso concreto será el médico psiquiatra, por ser el profesional capacitado para efectuar un diagnóstico diferencial entre cuadros funcionales y orgánicos, y una evaluación del estado clínico general del paciente”. También requiere que “la idoneidad y capacidad para el cargo de conducción y gestión de servicios o instituciones deberá ser encuadrada bajo los criterios establecidos en la Ley 17.132” –promulgada en 1967 por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía–, que no sólo reservaba aquellos cargos para los médicos sino que directamente prohibía el ejercicio de la psicoterapia a los psicólogos.

LA LEY ARGENTINA SEGUN HUGO COHEN, ASESOR DE LA OPS
“Un modelo para países de la región”
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve la implementación de la Ley de Salud Mental argentina, promulgada en diciembre de 2010, pero cuya reglamentación aún está pendiente”, precisa una declaración de esta entidad.
Hugo Cohen, asesor regional en salud mental de OPS, destacó que “la Ley 26.657, de Salud Mental, fue examinada y avalada por las más altas autoridades de OPS. Y, después de su sanción, la ley argentina se tomó como referente en diversos países de Sudamérica y Centroamérica: en Colombia, es tomada como referencia en el actual proyecto de ley de salud mental; Honduras, Guatemala y El Salvador tomarán en cuenta este modelo para establecer una base común para sus proyectos de ley de salud mental; también es referencia para la Comisión de Inclusión Social del Congreso peruano; y jueces penales de ese país y de Chile viajaron a la Argentina en busca de apoyo para desarrollar legislaciones en salud mental”.
–¿La OPS acuerda con la Ley 26.657 en la paulatina supresión de las instituciones dedicadas exclusivamente a la internación psiquiátrica?
–De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en salud mental no existe el equivalente del tercer nivel de complejidad, como puede existir para la atención de quemados o unidades de trasplantes: en salud mental, el máximo nivel de complejidad se da en la comunidad. Poner límite a una situación de crisis en una persona no lleva más que unos días. Lo más difícil es lograr su efectiva inclusión en la comunidad, y esto no se hace dentro de las paredes de un hospital, sino en el contexto de todos los días.
–¿Y en personas que tienen un deterioro muy importante?
–En la desmanicomialización no se trata de cerrar, sino de abrir, de construir nuevas ofertas. Efectivamente, hay personas que necesitarán un apoyo de mayor intensidad y duración, pero siempre hay que tender a promover las capacidades del individuo: hasta el más demenciado tiene sus capacidades o sus posibilidades de resiliencia, que deben promoverse y estimularse aun cuando esté internado, para que pueda activarlas y estabilizar un cuadro de posible deterioro.
–¿La OPS avala que las internaciones en salud mental no sean determinadas sólo por médicos psiquiatras?
–Ciertamente. El diagnóstico debe realizarse, como dice la ley argentina, en el seno de un equipo interdisciplinario: a más saberes, mayor probabilidad de entender lo que le pasa a esa persona. Claro que dentro de ese equipo debe haber un médico. Hay síntomas de aparente psicosis que responden a causas tumorales, infecciosas, tóxicas, traumáticas o metabólicas, y le toca al médico descartar estas posibilidades; pero las cuestiones concernientes a los afectos, al entorno sociofamiliar, a si la persona tiene lugar donde vivir o no, son importantes a la hora de decidir qué se va a hacer y deben ser examinadas por el equipo interdisciplinario.
–¿La OPS admite que las jefaturas de servicios e instituciones puedan ser ejercidas por profesionales no médicos?
–Benedetto Saraceno, director de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, ha destacado que, en países con sistemas de salud avanzados, a menudo los jefes de salud mental son enfermeros o trabajadores sociales. En Gran Bretaña, los problemas más frecuentes de salud mental son atendidos por los médicos generalistas, que tienen a su cargo la medicina de familia; claro que han sido capacitados y tienen supervisión.
“Quita poder a los psiquiatras”
“Es importante reglamentar la Ley 26.657 porque, mientras tanto, muchos médicos no la están tomando suficientemente en cuenta”, sostuvo Roberto, integrante de la Asamblea Permanente de Usuari@s de los Servicios de Salud Mental (Apussam).
–¿En qué situaciones puede ser importante para los usuarios la reglamentación de la Ley de Salud Mental? –preguntó Página/12.
–Hay que decir que los jueces ya están aplicando la ley, todavía sin reglamentar. Por ejemplo, hace poco se acercó a Apussam una usuaria que pasó 13 años internada en el Moyano. En ese tiempo, el marido le quitó la tenencia de los hijos y la fábrica de la que era propietaria, y estaba tratando de sacarle la casa. Pero ahora la situación es distinta: ella vino a nuestra agrupación y pudo hacer una consulta jurídica. Es un ejemplo de cómo la ley anterior conllevaba un despojo total sobre el usuario. Y las asociaciones psiquiátricas protestan porque la internación no la determina el psiquiatra solo: necesita otra firma, que puede ser la de un psicólogo, y también interviene el juez. Esto les saca poder a los psiquiatras, que tenían un manejo discrecional que se prestaba a cosas siniestras; basta con recorrer los archivos judiciales para ver los casos de personas que fueron declaradas injustamente insanas.
“En mi caso –continuó Roberto–, en 1994 tuve un pico alucinatorio: afortunadamente, al día siguiente me atendió una psiquiatra y me dio una medicación, un antipsicótico que me sacó de esa situación. Desde entonces sigo en tratamiento pero, por ejemplo, ningún psiquiatra me advirtió que ciertos trabajos pueden disparar mis síntomas alucinatorios, lo cual me obliga a volver a tomar la medicación. Si me hubiera atendido un equipo interdisciplinario, habría sido más fácil detectar esto. La nueva ley permite que el usuario esté más guiado, con más seguimiento del equipo. Pero lo fundamental es que se ponga fin a la estructura de las grandes clínicas: a los depósitos de locura.”
“Existe y hay que implementarla”
“El 16 de octubre de 2012, el expediente con la reglamentación de la Ley 26.657 fue remitido a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que ya lo había recibido y devuelto antes para modificaciones formales –precisó a este diario una alta fuente del Ministerio de Salud de la Nación–. Entendemos que son muchos los expedientes que llegan a esa repartición; estamos a la espera de su aprobación y, mientras tanto, vamos implementando la ley en distintos lugares del país, generando espacios de discusión y aumentando la presencia de la salud mental en la atención primaria. También, a pedido de los jueces, nuestros profesionales se encargan de fiscalizar casos de personas declaradas insanas: alguien puede estar hoy en plena crisis pero, al mes siguiente, estar en condiciones de votar y de manejar sus bienes.”
La fuente destacó que “la ley ya existe y hay que implementarla, y esto vale también para aquellos a quienes no les guste. Por ejemplo, en el reciente congreso de la Asociación Psiquiátrica de América latina (APAL), nadie se permitió hablar contra la ley, aunque tampoco hayan dicho que les parezca maravillosa. Pero nadie puede manifestarse en contra de la inclusión social; por lo menos no pueden verbalizarlo, y entonces hay un viraje”.
Este diario intentó en vano comunicarse con los responsables de prensa de la Jefatura de Gabinete de la Nación, de la cual depende la Secretaría Legal y Técnica.
Fuente Pag 12- 22-1-2013

13 dic 2012

Conclusiones de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

Comparto las conclusiones de la conferencia donde la Asosiacíon Civil Intercambios fue organizadora regional de la misma. “En políticas de drogas, ya no alcanza con hablar de Derechos Humanos, hace falta pasar a la Acción. Con esa síntesis finalizó la IV Conferencia Latinoamericana Sobre Política de Drogas que reunió más de cuarenta expertos, especialistas, funcionarios, cocaleros, cultivadores y usuarios de drogas de distintas partes del mundo quienes, abordando la temática desde diversos ejes, confluyeron en la relevancia de los cambios concretos en el marco de las políticas de drogas, dando vuelo a las nuevas estrategias que surgen en la región que promueven un abordaje más humano en materia de drogas y el trabajo desde la reducción de daños. Coincidentemente con el debate promovido por la conferencia, el mandatario colombiano se unió a su par guatemalteco Otto Pérez Molina y a ex presidentes, como a destacadas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura para reiterar a través de una carta la advertencia sobre el fracaso de la estrategia conocida como “guerra contra las drogas”, que pone énfasis en la represión y la prohibición. La conferencia, que tuvo como escenario la ciudad de Bogotá, reunió más de 600 personas en la Alcaldía de la ciudad el 5 y 6 de diciembre. La IV Conferencia sobre Políticas de Drogas está patrocinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social de la Republica de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) En la primera jornada, el alcalde mayor de la capital colombiana Gustavo Petro subrayaba: “Hay una correlación entre la violencia y un estilo de políticas de drogas. La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”. En la apertura también expusieron Bo Mathiesen, titular de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC / ONUDD), Farid Samir Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Coletta Youngers, representante del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), Julián Quintero, organizadora local del encuentro y Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, organizadora regional de la Conferencia. Al explicar los motivos de la realización de la IV Conferencia, Touzé afirmó: “Queremos promover un debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas. Y queremos hacer uso de ese derecho con la intención de transformar una realidad que nos incomoda y nos duele”. Pr su parte, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia, organización anfitriona del encuentro, destacó: “No estamos aquí para discutir el fracaso de la guerra contra las drogas que ya todos conocemos, sino para concentrarnos en cómo y de qué manera cambiamos este paradigma”. Desarrollo socioeconómico ¿Qué relación tiene el fenómeno de las drogas y los procesos de desarrollo en la región? ¿Qué políticas se han elaborado para abordar la problemática? ¿Cómo valoran los efectos los distintos actores involucrados? Fueron algunas de las preguntas con que el investigador del Programa Drogas y Democracia del Trasnational Institute (TNI), de los Países Bajos, Tom Blickman, comenzó el panel Drogas y desarrollo socio-económico. En esa línea, Javier Gonzales Skaric, secretario técnico del Observatorio de Cultivos declarados Ilícitos (OCI) de Bolivia, remarcó la importancia de “generar procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos e indígenas, como verdaderos interlocutores con sus gobiernos locales, nacionales y con organismos internacionales”. Por su parte, Guillermo García Miranda, Jefe del Programa de Desarrollo Alternativo en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC/ONUDD) en Colombia, sostuvo que “el mecanismo más eficaz, eficiente y sostenible de erradicación es el desarrollo”. En ese eje, Fabiola Piñacue Achicué, fundadora y representante legal de Coca Nasa e integrante del Consejo Andino de Productores de hoja de coca de Colombia señaló como a través de Coca Nasa “buscamos generar una alternativa poder llegar con nuestros productos a cada uno de los colombianos. La resistencia de seguir dignificando la hoja de coca es tarea nuestra. La hoja de coca hace parte de nuestra geografía. Lo que hace el Plan Colombia es satanizar a la coca”. También fue eje de debate la salud en relación a las drogas. En ese sentido, Juan Carlos Celis, director general de la Fundación Procrear de Colombia señaló que “es imposible pensar un mundo sin drogas. Por esa razón, los tratamientos no pueden tener como punto de partida la abstinencia del usuario. El Estado debe proveer de los medios para que el consumo sea lo menos perjudicial posible”. Según explicó, lo que debe hacerse es “pasar de una postura basada en una política de ‘rehabilitación del adicto´ a otra que impulse la participación activa de la comunidad, organizaciones y ciudadanos para modificar la relación de los usuarios con las drogas”. Por su parte, Hugo Cohen, asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacó el déficit en cuanto a atención sanitaria: “No hay una capacitación adecuada para los profesionales de la salud ante una problemática de consumo de drogas. Una persona accede al derecho sólo cuando tiene la posibilidad de elegir: si las únicas opciones son el hospital psiquiátrico o la calle, no puede ejercer su derecho. El desafío es generar nuevas ofertas en cuanto a dispositivos de atención para que las personas puedan elegir”. También tuvieron su espacio de análisis el funcionamiento de las Salas de Consumo de Drogas que se implementaron en las últimas dos décadas en diversos países como Alemania, Australia, Canadá, España, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza. Las salas “son aceptadas por sus grupos objetivo (las poblaciones vulnerables), comunidades y otros actores clave, ayudan a mejorar el nivel de salud de las personas que consumen drogas, reducen las conductas de alto riesgo, pueden disminuir el número de muertes causadas por sobredosis y tener una repercusión sobre los índices de infección por VIH y hepatitis C, aunque se requiere de mayores evidencias para demostrar este efecto”, indicó Marie Nougier, responsable de Investigación y Publicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). A su turno, Aldemar Parra Espitia, Coordinador del área de reducción del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, se refirió a la situación actual en su país: “si bien siempre se habla de Colombia como productor, se trata también de un país consumidor. Ser vistos como un país cuya única relación con las drogas es la producción ha producido un estigma que impide ver que aquí también se consume”. http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/drogas-y-derechos-humanos-panel.jpgDerechos humanos Durante la mesa redonda sobre Drogas y Derechos Humanos fueron categóricos. “Menos palabras y más acciones, que incluyan y respeten los derechos humanos, pero no como una retórica interesante sino como aplicación efectiva”, reclamó Pablo Abarca, Consultor del Área de Género, Derechos, Diversidad cultural y Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). “El derecho a la salud existe y está establecido, pero ¿cómo lo hacemos operativo? ¿De qué sirve decir que los usuarios con consumo problemático tengan derecho a ser bien recibidos y atendidos, si no tenemos forma de operativizarlo, si no hay lugares donde esa atención se pueda llevar a cabo?”, planteó. Abarca explicó que, cuando los objetivos de los organismos de fiscalización de drogas entran en conflicto con los derechos humanos, son estos últimos los que deben primar. “Pero eso es algo que está escrito en un papel y no se aplica”, expresó. También en esa mesa redonda estuvo Wagner Coutinho Alves, miembro de la Red Latinoamericana de personas que usan drogas (LANPUD) y secretario de la Asociación de Estudios Sociales de la utilización de sustancias Psicoactivas (ABESUP) de Brasil. “Necesitamos tener participación efectiva en la elaboración de políticas dirigidas a personas que usan drogas. Cuando se tome conciencia de lo que las drogas significan para las personas, las políticas podrán ser adaptadas para respetar nuestra dignidad”, aseguró. Por su parte, otro de los participantes de esta mesa redonda, Daniel Wolfe, director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRD/OSF), cuestionó “el mito conveniente que muchos nos decimos a nosotros mismos: que es suficiente tratar a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad. Nos lo repetimos como si eso bastara. Decimos que las personas necesitan tratamiento, pero evitamos la pregunta de qué significa tratamiento”. Wolfe recordó que esto significa no sólo accesibilidad o disponibilidad, sino también no ser torturado, no ser humillado, tener derecho a la privacidad y la confidencialidad, derecho a la vida. “Muchas personas mueren en centros que operan bajo la bandera de tratamiento, de compasión, de un mejor enfoque hacia las políticas de drogas”, advirtió Oscar Parés Franquero, colaborador de la Subdirección General de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, España propuso recuperar el paradigma de la vulnerabilidad, “que nos permite no ver como inevitables los daños del consumo. Al unir la vulnerabilidad con los derechos humanos hacemos que no sean sólo unos profesionales que trabajan con ciertos grupos sino toda la sociedad la que se involucre”. Durante la segunda jornada de la Conferencia, entre las primeras ponencias estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, Secretario de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien aseguró que “Debemos implementar políticas de drogas integrales que incluyan reducción de daños. Sin reducción de daños, ninguna política de drogas es integral”. Según remarcó, “el Estado tiene como mandato ético la garantía de la dignidad humana, y la restitución a los ciudadanos de derechos vulnerados y vulnerables. No debemos ocultar los problemas, si no hacerlos visibles y actuar. Nuestro presidente ha entendido que hay que hacerse cargo del problema. La solución es la legalización. Hay que salir de las políticas que impulsa Estados Unidos, basadas en la represión, que nos ha costado muchas muertes”. A su turno, Lumena Almeida Castro Furtado, Secretaria Adjunta de Salud y coordinadora de la Política de Atención en la Red Alcohol y Drogas del Municipio de Sao Bernardo do Campo, Brasil, destacó que “hay que reconocer el territorio en el que los servicios están insertos. Caminar las calles, conocer los liderazgos locales y establecer vínculos con las organizaciones sociales. Para nosotros es muy importante la asociación con los movimientos sociales. Todo eso nos ayuda a sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad”. También participó de este panel Iván Fornís Espinosa, Técnico Superior en la gestión del Servicio de análisis de drogas de Energy Control, España, y Liz Evans, Directora ejecutiva y fundadora de PHS Community Services Society – Insite, Vancouver, Canadá. “Insite es el único lugar de inyección en América del Norte-- señaló, y se mostró satisfecha porque, después de muchos obstáculos que debieron superar para ponerlo en marcha-- “la gente de nuestra comunidad tiene un promedio de vida más alto que hace 10 años”. Luego de una primera etapa donde generó mucha resistencia en la mayoría de la población, “la gente cambió de parecer y empezó a verlo como un servicio comunitario. Finalmente, fue apoyado por los tres niveles de gobierno y por la policía local”. También se debatió sobre los marcos legales y regulatorios al problema de las drogas. En ese sentido, Pedro Vieira Abramovay, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas de Rio de Janeiro y director de Campaña de Avaaz, señaló que en 2006 en Brasil se modificó la ley con fines de “quitar la pena de prisión para los tenedores de drogas ilícitas. Algo que fue bien recibido por la población. Sin embargo, no tuvo los efectos esperados. Porque los detenidos por esa razón aumentaron”. “¿Qué fue lo que sucedió?”, preguntó el panelista. “Es que la ley brasilera tiene una gran deficiencia, que no es clara en establecer la diferencia entre la definición del tipo penal de tenencia con el tipo penal de tráfico”, respondió. Y aseguró que “muchas personas consumidoras van a la cárcel como traficantes. Hoy el 60 por ciento de las personas que quedan presas por tráfico no tienen antecedentes legales”. Otro de los panelistas, John Walsh, el coordinador Principal para el Programa de los Andes y de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de Estados Unidos, relató como recientemente “los ciudadanos de Washington y Colorado votaron por la regulación y legalización, y contaron con el apoyo de ambos partidos. No fue un voto de los fanáticos de la marihuana”. En ese sentido, “lo que es claro es que en EEUU las actitudes están cambiando. Y el apoyo de los jóvenes es más amplio que en sectores de más edad”. Por su parte, Julieta Lemaitre Ripoll, profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, de Colombia, afirmó que si bien en la actualidad en su país no existe la penalización por la tenencia para consumo personal, “el criterio de la policía para la detención sigue siendo la intención, es según la cara, o lo mandan al psiquiatra para determinar si es adicto o no”. “Cuando encuentran a estos jóvenes en la calle, la policía los detiene y según la cara, les quita o no la droga y se los llevan a una detención transitoria. No se llevan a gente que ellos estiman que son de estratos altos”, aseguró. Para Lemaitre Ripoll, “el correlato político y la práctica es distinta, mientras se tiene cierto tinte libertario en la política en la práctica todavía falta mucho por hacer”. Por otra parte, Oscar Gómez da Trindade, viceministro de Educación y Cultura y miembro permanente de la Junta Nacional de Drogas de la República Oriental del Uruguay, describió que en Uruguay trabajan “intensamente en la reducción de daños, en la educación, en la construcción de redes sociales y en la búsqueda del diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones de usuarios de drogas”. El funcionario declaró que “lo que está pasando en Uruguay en materia de políticas de drogas tiene un altísimo componente de democracia. Porque entendemos que es una responsabilidad del Ejecutivo, la regulación de la producción de cannabis”. Violencia y seguridad Edgar Gutiérrez Girón, Embajador guatemalteco en Misión Especial para la reforma de la política de drogas, subrayó como el narcotráfico y las políticas ineficientes son una amenaza para la viabilidad de la democratización y para el desarrollo de Guatemala porque son una “notable fuente de violencia y sacrificio de vidas humanas”, ya que se “se ha triplicado el número de asesinatos en Guatemala en la última década”. El otro motivo tiene que ver con que “impide un clima de normalidad para reconstruir las instituciones del Estado de Derecho”. Por su parte, el titular del Proyecto MC2 “Menos Crimen, Menos Castigo” iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, indicó que “hay que repensar la situación de fondo, la erradicación no sirve”. También recalcó que “Las políticas de interdicción han ido arrojando el fenómeno hacia zonas vulnerables”. En esa línea también la periodista Socorro Ramirez indicó que “No solo la política prohibicionista está causando más daños que la misma problemática, sino que ha habido un doble estándar en la aplicación de la política de drogas que ha hecho que los daños y esas consecuencias catastróficas hayan caído sobre los sectores más vulnerables”. Inclusión Social http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/panel-drogas-e-inclusión-social-5.jpgTránsito Ruano, directora de PASSOS, Centro de Capacitación y Educación, de El Salvador resaltó: “humanizar la política de drogas es humanizar la vida de las personas que usan drogas, es incluirlas”. En esa línea, Cesare Cattini, Director de la Fundación Social y Formativa “Arca de Noé”, de Colombia, recalcó que “para nosotros la persona debe estar en el centro de cada intervención. Lo esencial es preguntarnos qué es lo mejor para los sujetos principales de nuestra intervención. No juzgarlos y promover la autonomía”. Susana Fergusson, asesora en temas de organización de dispositivos comunitarios en el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, también fue en la misma línea. “Nuestras prácticas tienen que apuntar a reducir la inequidad y que haya sostenibilidad de los procesos”. Seminario y Premio En el marco de la Conferencia también se efectuó el II Seminario para periodistas sobre Políticas de Drogas que convocó a 25 periodistas de once países de la región y que se efectuó el día previo a la Conferencia. También en la primera jornada se hizo entrega de los tres mejores trabajos periodísticos en el marco del Premio Latinoamericano de periodismo Sobre Drogas. El jurado del Premio estuvo conformado por Andrea Domínguez, de la alternativa Viva Río de Brasil, Carlos Eduardo Huertas, editor de la Revista Semana de Colombia y Guillermo Osorno, director de Gatopardo, de México. El primer premio fue para Virginia Messi del diario Clarín de Argentina, el segundo para Humberto Padgett de León, de la Revista Emeequis de México y el tercer premio fue para Hudson Correa y Leonardo Souza, de la Revista Época Editora Globo de Brasil Eventos satélites Al mismo tiempo que se efectuaban los diversos paneles, también la conferencia fue lugar de encuentro de otros actores. Uno de esos momentos fue la reunión de jóvenes activistas de América Latina que trabajan en la reforma de la política de drogas con el propósito de intercambiar experiencias en la materia. “Los jóvenes latinoamericanos, reunidos en esta conferencia, queremos cambiar el paradigma actual de las políticas prohibicionistas de drogas que alrededor del mundo existen. Ya que somos los principales perjudicados viviendo violencias y exclusiones. Entendemos que somos los principales agentes de las transformaciones sociales, y buscamos la garantía de la participación en esta transformación de las políticas públicas sobre drogas, por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones regionales”, se expidieron a través de un comunicado También fue el caso de quienes se congregaron para hablar de los cultivos declarados no lícitos. Representantes de organizaciones sociales de diversas regiones de Colombia, representantes de ONG internacionales, expertos e investigadores evidenciaron su preocupación por “el duro contraste entre el agravamiento de las situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio ambiental, que presentan los territorios, catalogados de manera criminalizante como “cocaleros””. En ese sentido, convocaron a la realización de un Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios propios de participación de las comunidades organizadas . Por su parte, la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también se hizo presente subrayando como estos espacios, como la Conferencia, “necesitan cada vez más del protagonismo de los usuarios de drogas, identificados como tales, para que el principal problema de las drogas en la región – la marginalización y la desigualdad de derechos entre personas y pueblos – se pueda poner en foco”. También la Coalición Latinoamericana de Activistas Cannabicos participó recalcando: “Nuestras demandas básicas son el autocultivo y los Clubes Sociales de Cannabis. Apoyamos las medidas que separen a la cannabis de los mercados ilegales y recomendamos su regulación a través de mecanismos sin fines de lucro", argumentaron. CONCLUSIÓN http://conferenciadrogas.com/2012/wp-content/uploads/asistentes-3.jpgEn esta conferencia quedaron claras algunas de las líneas de la política de drogas que se necesitan: “Una política que proteja y estimule el desarrollo económico de los campesinos y agricultores en lugar de perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su acceso a la propiedad de las tierras, promueva su prosperidad económica y respete el uso tradicional de la hoja de coca”, señaló Pablo Cymerman, coordinador del Comité Organizador de la IV Conferencia desde la Asociación Civil Intercambios. En materia de atención al consumo, se planteó que los tratamientos no pueden tener la abstinencia como punto de partida, y una política de drogas sin reducción de daños no es integral. Las experiencias ya existen. En esta conferencia se plantearon alternativas con la participación de las y los usuarios de drogas en la definición de políticas públicas, acciones de promoción social, participación comunitaria y salas de consumo regulado, entre otras. Hasta ahora, todos los discursos llaman al respeto de los derechos de los usuarios. Hacen falta menos palabras y más acciones en este terreno: las personas que usan drogas ilícitas enfrentan a menudo situaciones de discriminación, rechazo y violencia, prisión, torturas o tratamientos compulsivos y violentos que en lugar de promover la salud y la calidad de vida incrementan su sufrimiento. En este sentido, Cymerman subrayó: “En políticas de drogas ya no alcanza con hablar de los derechos humanos, hace falta pasar a la acción. Esperemos haber pasado de la retórica del cambio de paradigma al tránsito hacia acciones concretas que construyan el nuevo paradigma que estamos reclamando. Ese es nuestro sueño, avancemos para hacerlo realidad”. http://www.conferenciadrogas.com - prensa@conferenciadrogas.com - lista@intercambios.org.ar

7 dic 2012

Presupuesto 2013 de Salud Mental desde la perspectiva de los Derechos Humanos



                                     
  Comparto con ustedes el   documento elaborado por la Mesa Permanente Interectorial de Salud Mental de la cual formo parte para los legisladores de la caba.


En momentos en que se está por sancionar la ley de presupuesto, la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental se dirige a los legisladores en general para compartir nuestra preocupación por las violaciones, en algunos casos ostensibles y en otros solapadas, de los Derechos Humanos en el área de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Creemos que es imperioso tomar conciencia de la importancia de la sanción de un presupuesto que asegure la vigencia de los derechos humanos fundamentales de los personas con sufrimiento mental, cumpliendo con lo establecido en la ley 448 de la Ciudad y la 26.657 de la Nación. Un presupuesto que permita la creación y el fortalecimiento de verdaderas alternativas al manicomio, en calidad y en cantidad adecuadas, implica la puesta en práctica de una ética que además de dignificar a las personas con padecimiento psíquico y a los trabajadores de la salud mental, dignificaría a los legisladores de la Ciudad.
La ética de los derechos humanos interviene en la formación de nuestra identidad como personas, como profesionales, como legisladores. En el mismo acto en que reconocemos y respetamos al otro en su dignidad nos reconocemos y respetamos a nosotros mismos. Es entonces cuando adquiere verdadero sentido lo que hacemos, más allá de circunstanciales satisfacciones de distinta índole.
Pensamos que un concepto guía para todos los aportes que puedan realizarse en salud mental es el del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  que dice: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Creemos que esa libertad e igualdad debe inspirar la inserción de los personas con sufrimiento mental en la comunidad a través de los diferentes dispositivos destinados a su atención, incluido el hospital público, de modo que lleguemos a que todos lo pacientes sean iguales en dignidad y derechos. Para ello es necesario un cambio cultural en la sociedad en general y de los médicos en particular en el caso del hospital. Se han realizado experiencias de desinstitucionalización en el país y en el exterior que prueban que ello es posible.
Como la restitución de los derechos incluye los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al trabajo, la vivienda, la recomposición de los vínculos familiares y sociales, consideramos que el presupuesto debe contemplar la siguiente asignación de recursos:

 A)  Subsidio de externación y revinculación familiar: promoción de  la recuperación de    los lazos entre el paciente y su familia para favorecer su inclusión en la vida del hogar y la reinserción comunitaria general, contribuyendo a este proceso con la prestación de un subsidio para el paciente externado.
B)     Subsidio de externación y reinserción social: promoción y apoyo para la reinserción social  y recupero de bienes  y derechos de aquellas personas con alta de internación, cuyos ingresos son insuficientes para garantizar su independencia habitacional y que, a su vez, carecen de familiares que puedan brindar acompañamiento y contención habitacional.


C) Subsidio de externación para niños y adolescentes: destinado a favorecer la reinserción de niños internados en hogares y servicios de internación, cuyos familiares se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial y requieren de apoyo para poder brindar los cuidados y necesidades en domicilio.
D)    Subsidios de  externación  y reinserción laboral: destinados a los usuarios de los emprendimientos sociales de salud mental a los efectos de favorecer la adquisición de autonomía a través de la estrategia de la empresa social y el acompañamiento para  la posterior inserción en el mercado formal e informal del trabajo.
E)     Casas de Medio Camino: para aquellos pacientes que requieren como última instancia de su tratamiento un dispositivo que le posibilite el logro de su autonomía plena. En general pueden requerir de este recurso de 6 a12 meses. Los tratamientos interdisciplinarios ambulatorios se realizarán en el área de residencia de la casa.
F)     Residencias Protegidas: son casas para pacientes que requieren de un soporte más permanente para el logro de su autonomía y donde no se cuenta con familias que puedan acompañar el proceso de los mismos. Los tratamientos interdisciplinarios ambulatorios se realizan en el área de residencia de la casa.
G)    La creación de equipos interdisciplinarios básicos de salud mental dentro de la estrategia de atención primaria de la salud (CESAC) que pueda atender diferentes padecimientos mentales en el área de residencia.
H)    Fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los hospitales generales con los dispositivos necesarios (camas de internación, hospital de día, consultorios externos para todos los grupos etáreos.
I)       Creación e inclusión dentro de los hospitales generales de dispositivos que aborden la problemática de las adicciones (unidades de desintoxicación, hospitales de día.
J)       Creación  de estructura  y asignación presupuestaria  propia del ADOP-ADOPI (hasta ahora se viene sosteniendo con profesionales de los hospitales muchos de ellos con extensión horaria y otros con suplencias de guardia).
K)    Creación de una estructura para los Emprendimientos Sociales (hasta ahora se sostienen con profesionales de los hospitales con una carga horaria compartida con el hospital y los capacitadores no tienen nombramientos, por lo tanto no cobran o se les tramita un subsidio). Contar con una estructura, considerando que por ley 448 son un efector, implicaría que las partidas de los profesionales fueran de los Emprendimientos Sociales, como también que los capacitadores tuvieran un lugar en dicha estructura y fueran designados en sus cargos.
L)     Presupuesto para redireccionar y fomentar la formación interdisciplinaria, intersectorial  y el trabajo en red, con enfoque en prácticas comunitarias, en articulación con las universidades y sociedades científicas.

Si los legisladores sancionaran un presupuesto que diera esta cobertura para la atención de la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires estarían dando un paso fundamental y sentando un precedente histórico: que finalmente se cumple la ley y que la protección de los derechos se hace realidad.
Diciembre 2012

26 nov 2012

10 oct 2012

Dia Internacional de la Salud Mental

10 de Octubre de 2012
Día Internacional de la Salud Mental.
No es cosa de Locos, es cosa de todos.

Trabajando colectivamente para mejorar el acceso y la atención de las problemáticas de salud mental y adicciones en las redes de salud local.

Queremos una Argentina del bicentenario donde la Salud Mental no sea cosa de locos sino cosa de todos. Y es posible lograrlo porque estamos transitando un pe

ríodo de cambio de paradigma, pasando del modelo de atención centrado en la patología y en el hospital psiquiátrico, al modelo que reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y que sustituye al hospital psiquiátrico por una red sociosanitaria que está en la comunidad. Este pasaje implica dejar de lado las prácticas de encierro y aislamiento y reemplazarlas por prácticas inclusivas y respetuosas de los derechos humanos, civiles y sociales, que entre todos debemos garantizar.

El esfuerzo en este cambio debe ser colectivo, porque significa que como sociedad reconocemos a la salud mental como un estado necesario para una salud plena en general. Este es el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada y promulgada a fines del año 2010, nuestra herramienta jurídica para materializar este cambio y garantizar políticas públicas inclusivas. Hoy más que nunca invitamos a tener presente la definición de salud mental del artículo 3 de la Ley 26.657: "En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de: a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona; c) Elección o identidad sexual; d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización".

Desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, perteneciente a la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud de la Nación, nos proponemos trabajar articuladamente con todas las provincias para el fortalecimiento de una red de servicios con base en la comunidad, en todo el territorio nacional. Este fortalecimiento significa mejorar el acceso y la atención de las problemáticas de salud mental y adicciones de las redes de salud local, haciendo especial énfasis en los hospitales generales, los Centros de Salud, los Centros Integradores Comunitarios y los dispositivos habitacionales y laborales necesarios para la rehabilitación psicosocial de las personas, teniendo en cuenta que la inclusión social del usuario que se acerca a un servicio debe comenzar en el momento mismo de la admisión, no en el momento del alta. Por eso, cuando hablamos de trabajar articuladamente para lograr la inclusión social de una persona, tenemos en claro que es indispensable la vinculación y el compromiso de todos los sectores, gubernamentales y de la sociedad civil.

Además de fortalecer la Red de Servicios, nos propusimos trabajar prioritariamente en el abordaje integral de dos problemáticas que prevalecen en todo el país: una de ellas es el consumo problemático de sustancias, especialmente de alcohol, y la otra es la prevención del suicidio.

Para llevar adelante todas estas tareas, consideramos fundamental recuperar la historia de cada lugar, con sus protagonistas, con sus actores sociales e institucionales, porque pensamos que sólo así podremos elaborar y planificar acciones acordes a la realidad de cada territorio y promover la participación activa de las familias y la comunidad en general para seguir transformando prácticas. Porque otra realidad es posible, una realidad donde la salud mental es con todos, entre todos y para todos.
Publicación del Ministerio de Salud de la Nacion

7 oct 2012

DEBATES Y DESAFÍOS EN LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN DE ADICCIONES

 Hace más de un año hicimos  un trabajo sobre  "El ocultamiento de las mujeres en el consumo de sustancias psicoactivas." hoy me alegra ver que otras personas tambien están preocupadas por el mismo tema.
En el blog  pueden encontar el trabajo que les contaba y les paso el link de la investigación de las colegas.

http://www.sada.gba.gov.ar/prevencion/04_Parga_Villa_y_Aredez_Debates_y_desafios_.pdf


5 oct 2012

OEA - Informe sobre el Uso de Drogas en las Américas 2011 | OAS - Report on Drug Use in the Americas 2011

Comparto el informe elaborado por el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), sobre la base de la información producida por los observatorios nacionales o entidades equivalentes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dicho informe, es el primer análisis regional sobre el consumo de drogas en el Hemisferio Occidental entre 2002 y 2009, y se enfoca en el estudio sobre cinco grupos de sustancias: alcohol, inhalables, cocaína y productos relacionados, marihuana y el uso no médico de productos farmacéuticos; y analiza los riesgos asociados al consumo de drogas y su fácil acceso.
El OID fue creado en el año 2000 como el área de la CICAD encargada de las estadísticas, información e investigación cuya misión es contribuir a promover y desarrollar una red de información sobre drogas en las Américas que ofrezca información objetiva, confiable, oportuna, y comparables para que los Estados Miembros puedan diseñar e implementar políticas y programas para combatir el problema de las drogas en todas sus dimensiones.

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.pdf

PREOCUPACION DE UN COMITE DE LA ONU POR LA SITUACION DE LA SALUD MENTAL EN EL PAIS

Los pacientes sin autonomía

El Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad advirtió sobre “inconsistencias” del proyecto de reforma al Código Civil, cuestionó las “internaciones involuntarias prolongadas” y pidió reglamentar la ley de Salud Mental.


El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas manifestó su “preocupación” por las “inconsistencias” del actual proyecto de reforma del Código Civil, en lo que concierne a “respetar la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad psicosocial”; también señaló que en la Argentina “las internaciones involuntarias y prolongadas siguen prevaleciendo” por lo cual “insta al Estado a implementar planes de salud mental basados en el modelo de derechos humanos”; también expresó inquietud porque “no se respetan las garantías del debido proceso” a las personas consideradas inimputables; señaló que “no se reconoce el derecho a formar una familia” a personas con problemas de salud mental, a quienes a menudo les son arrebatados los hijos, y advirtió que “la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental está en riesgo” porque el Poder Ejecutivo Nacional todavía no la reglamentó. El dictamen del Comité está en línea con un informe que en su momento le hicieron llegar el CELS y otros organismos.
El Comité está a cargo de monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhirió la Argentina. El dictamen “urge al Estado argentino a la inmediata revisión de la legislación que, basada en la sustitución de la toma de decisiones, priva a la persona de su capacidad jurídica”; el organismo “expresa su preocupación por las inconsistencias con la Convención contenidas en el proyecto de reforma del Código Civil”, que “deja a total discreción del juez la decisión de designar un curador o de determinar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad tomen decisiones”. Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del CELS, explicó a este diario que “la Convención señala que todas las personas son jurídicamente capaces y que el Estado debe proveer de apoyo para que ejerzan esa capacidad: designar personas, propuestas incluso por el mismo interesado, que la ayuden a tomar decisiones, pero sin sustituir su voluntad. En cambio, el actual proyecto de reforma al Código Civil (elaborado por una comisión que presidió Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema) permite al juez inhabilitar a la persona, y los jueces tienden a tomar ese camino fácil y ponerle un curador”.
El proyecto de reforma está siendo tratado en el Congreso de la Nación por una comisión bicameral. Leonardo Gorbacz –quien, como diputado, presentó el proyecto que dio lugar a la Ley Nacional de Salud Mental, y actualmente es asesor sobre legislación en la Sedronar– señaló que “especialistas convocados por los legisladores trabajan para adecuar el Código Civil en este punto”.
En otra de sus advertencias, el Comité “observa con preocupación que la internación involuntaria y prolongada sigue prevaleciendo, a pesar de que la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, se centra en el modelo de derechos humanos”, por lo cual “insta al Estado a implementar planes de salud mental” que propicien “la desinstitucionalización”. Sabin Paz observó que “la ley 26.657 plantea un plan progresivo de desinstitucionalización, del cual no se concretó prácticamente nada; es necesario que, reglamentada la ley, se elabore un plan nacional de salud mental”.
Pero el Comité de Naciones Unidas advierte que “la implementación de la ley 26.657 (promulgada en diciembre de 2010) está en riesgo, porque su reglamentación todavía no fue efectuada y la conformación de su órgano de revisión sigue pendiente”. La entidad “lamenta también la falta de mecanismos para garantizar el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad para recibir cualquier tratamiento”. Sabin Paz precisó que “la reglamentación es imprescindible para que empiece a funcionar el órgano de revisión, con participación de la sociedad civil, que la ley establece para examinar las internaciones prolongadas y detener toda violación a los derechos humanos”. Sin embargo, aclaró la representante del CELS, “en muchos aspectos la ley puede y debe aplicarse, y la falta de reglamentación opera como excusa de muchas jurisdicciones para no implementarla”.
Una alta fuente del Ministerio de Salud dijo a este diario que “el proyecto de reglamentación de la Ley de Salud Mental había sido enviado por esta cartera a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que lo devolvió para que le hiciéramos ajustes técnicos formales; éstos ya fueron introducidos, de modo que en esta semana lo enviaremos nuevamente a esa dependencia”.
El Comité de Naciones Unidas señaló también que, en la Argentina, “cuando una persona con discapacidad psicosocial o intelectual es declarada inimputable en un procedimiento penal, no se respetan las garantías y se la priva de la libertad sin que siquiera se acredite su vinculación con el hecho”. Sabin Paz comentó que “estas personas no cuentan con la posibilidad de ser escuchadas por el juez y de contar con un abogado defensor; no cuentan con las garantías que valen para los presos comunes”.
El dictamen del Comité tomó en cuenta un informe que suscribieron el CELS, REDI, Faica, Fendim y ADC.

  Por Pedro Lipcovich- Pag 12- 5-10-2012

21 sept 2012

Avances de la Ley Nacional de Salud Mental 26657

Comparto con todos la Resolución de la Defensoría General de la Nación 1102 del 2012 mediante la cual faculta a los abogados del art. 22 de la ley de Salud Mental a ingresar a los establecimientos, tomar contacto directo con sus representados y hacer las presentaciones judiciales y extra judiciales que corresponda, e incluso labrar actas para registrar la preferencia de las personas internad


http://es.scribd.com/doc/106580968/Res-DGN-1102-12-Facultades-Unidad-de-Letrados-Art-22-Ley-26657